DISCRIMINACIÓN POSITIVA

 Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y Escritora

 

La discriminación positiva, también llamada acción positiva o acción afirmativa, se refiere a un conjunto de políticas y prácticas dentro de un gobierno u organización que buscan aumentar la representación de determinados grupos en función de su género, raza, sexualidad, credo o nacionalidad, en aquellos ámbitos en los que están infrarrepresentados, como la educación, el empleo y la representación política (como en Panamá).  Históricamente y a nivel internacional, el apoyo a la acción afirmativa ha tratado de lograr objetivos como la reducción de las desigualdades en el empleo y la remuneración, el aumento del acceso a la educación, la promoción de la diversidad y la reparación de aparentes agravios, daños u obstáculos del pasado.

 

La equidad es tratar a las personas diferentes en forma diferente, de acuerdo a su condición y su momento, más que por las reglas rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley.  Es la aplicación de la justicia natural por oposición a la justicia legal o de derecho.  La equidad es la luz y complemento del Derecho, frente a la oscuridad de la norma legal o frente a los rigores en su aplicación estricta.  Significa la realización suprema de la justicia.

 

La discriminación positiva tiene su sustento legal en las convenciones de derechos humanos de las mujeres, las cuales establecen claramente que la adopción por los Estados Partes de medidas especiales para proteger la maternidad, o que tengan el objetivo de acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, no se considerará discriminación.  La discriminación es violencia; entonces, si no se considera la condición o el momento de una mujer para que pueda ejercer todos sus derechos, se estaría ejerciendo violencia contra ella.

 

El patriarcado reacciona contra la equidad.  Tal es el caso, por ejemplo, de negar la paridad de género en las reformas electorales por parte de 18 mujeres diputadas, quienes, contrario a su discurso proselitista, votaron en contra de la equidad; la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra varias disposiciones a favor de la equidad por parte de varios abogados, que se oponen a la acción afirmativa alegando que se está discriminando contra los hombres; y la presión de las empresas mediáticas para que se modificara la Ley 82/2013 y se derogara el artículo que establecía multas a los medios de comunicación cuando incurrieran en violencia mediática, sin reconocer que la mayoría de las mujeres no tiene los medios para acudir a la esfera penal y pagar los honorarios de un abogado.  La misma ley, en procura de la equidad, establece que le corresponde al Estado corregir esta violencia que ejercen los tabloides con imágenes pornográficas y titulares machistas.

 

La discriminación positiva no es discriminar contra los hombres, porque una verdadera equidad significa la aceptación y la valoración igualitaria de las diferencias entre hombres y mujeres y los distintos roles que desempeñan en la sociedad.  Por ejemplo, comprar motocicletas más chicas para que las policías mujeres puedan maniobrar, porque por lo general las mujeres son más chicas y pesan menos que los hombres.  Esto es tratarlas de acuerdo a su condición; mientras que darle tratamiento especial a una mujer embarazada, sería reconocer el momento (la etapa de su embarazo).

 

La discriminación positiva es Acción Afirmativa, que la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) describe como “medidas temporales para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”.

 

La naturaleza de las políticas de acción afirmativa varía de una región a otra y existe en un espectro que va desde una cuota dura hasta el mero estímulo para aumentar la participación.  En otros, los miembros de grupos minoritarios tienen preferencia o consideración especial en los procesos de selección.  En España, por ejemplo, en el 2007 se aprobó una Ley para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, que ofrece una primera definición legal de las acciones positivas:

“Artículo 11. Acciones positivas

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.  Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.”

 

La lógica de control es que la persona no debe ser elegida simplemente por su pertenencia a un grupo, sino que las autoridades competentes pueden utilizar la condición de grupo desfavorecido como "criterio de desempate" entre dos candidatos con los mismos méritos.

EL POLÉMICO TEMA DEL ABORTO

 

Nadie quiere el aborto, como lo hacen ver los grupos antiabortistas – ni siquiera las propias mujeres que se lo practican en situaciones límite, siendo una de las principales el abandono del hombre responsable del embarazo.  Aquí caben las palabras de una de las primeras feministas de la Iglesia Católica: “Hombres necios, que culpáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.  Porque es en el aborto donde se expresa con más violencia el aparato de control institucional sobre los cuerpos de las mujeres.  Estoy segura de que si los hombres pudieran abortar biológicamente, con toda seguridad el aborto no sería un delito ni sería perseguido por la Iglesia – sería algo así como sacarse una muela.

 

En un Estado laico de Derecho, el aborto debe reconocerse como lo que realmente es: un problema de salud pública, que no se resuelve, sino que se agrava, con una mayor penalización.  Las leyes penales que castigan el aborto no han tenido éxito, ya que las mujeres de todas las denominaciones religiosas no han dejado de abortar en todo el mundo.  Según estimaciones de la OMS, se realizan 4 millones de abortos cada año en América Latina y el Caribe y la legislación punitiva incide más fuertemente sobre el número de muertes maternas que sobre el número de abortos.  El aborto séptico es de tal magnitud, que constituye la tercera causa de muerte materna.  Esto ha sido reconocido por Francia e Italia, dos de los países más católicos de Europa, que ya despenalizaron el aborto.  En Latinoamérica, Argentina lleva la delantera en la despenalización del aborto, después de una encarnizada lucha de las mujeres. 

 

Nuestra Constitución proclama la libertad de culto; sin embargo, todavía en Panamá, en pleno siglo veintiuno, hay quienes piensan que el Estado no debe intervenir en los casos de violencia doméstica, pero sí debe hacerlo en el derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.  Las mujeres pobres de nuestra región son las que sufren las consecuencias de los abortos practicados en condiciones no adecuadas, y pagan con su salud o con su vida.

 

La legislación de un país debe estar a tono con la realidad: según estimaciones de la OMS, al año se dan 200,000 muertes derivadas de la maternidad por falta de servicios anticonceptivos o su fracaso; 75 millones de embarazos no deseados, 45 millones de los cuales terminan en aborto y 30 millones de niños no queridos nacidos vivos, con las consecuencias conductuales que esto trae y que generan la violencia social que está sufriendo el mundo.  Al año mueren 70,000 mujeres por abortos inseguros y se realizan 4 millones de abortos en América Latina y el Caribe, lo que demuestra que las leyes punitivas son inoperantes e inciden fuertemente sobre el número de muertes maternas.

 

En Panamá se mantiene el aborto legal en caso de que peligre la vida de la madre y en casos de violación, pero se han aumentado las penas para la mujer y para los profesionales de la salud por practicar el aborto (lo cual demuestra que no se pensó en la salud ni en la vida de las mujeres).  Por lo visto, los grupos “pro-vida” tampoco consideran que la salud psíquica de la mujer es importante.  ¿Será que todavía viven en la edad media y no se han enterado de que cuando no hay salud integral, no hay salud?

 

La Iglesia Católica, como institución, no está libre de pecado, por lo que no debe tirar la primera piedra.  Arrastra muchos pecados, como la Inquisición y su actual permisividad frente a la pedofilia de algunos curas.  No tiene derecho a imponer sus creencias religiosas y dogmas a todos los habitantes del país, convirtiéndolos en ley para todos.

 

¿Desde qué moral o ética podemos impulsar el debate sobre el aborto?  Esta ética, esta moral, debe estar basada en aquella que rescata valores como la solidaridad, el respeto, el reconocimiento a la diferencia, la igualdad, el derecho a tomar decisiones de manera libre y responsablemente, respetando las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos específicos de las mujeres, para que la norma no tenga por resultado la discriminación de la mujer.

 

Una solución al problema del aborto debe basarse no sólo en su legalización, sino en una política pública que establezca medidas preventivas como la planificación familiar, distribución gratuita de anticonceptivos a mujeres de bajos recursos, provisión gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, triple terapia contra el SIDA en todos los casos de violación y la esterilización voluntaria gratuita para personas de bajos recursos.

Haydée Méndez Illueca, PhD

EL LENGUAJE EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

 

El lenguaje es un instrumento social que puede transformar la sociedad.  Diferentes sociedades visualizan la realidad de maneras diferentes y la expresan a través del idioma.  El lenguaje no sólo nos permite hablar sobre las cosas, sino que también hace que ellas sucedan---crea realidades, nuevos imaginarios y discursos comunes. Podemos usarlo para cambiar paradigmas existentes que perjudican a la mujer, como la superioridad del hombre y su derecho de vida o muerte sobre la mujer, que son mitos que terminan pareciéndose a una verdad, de tanto expresarlos de manera simbólica o explícita.

 

El imaginario colectivo es un concepto de las ciencias sociales acuñado en 1960 por Edgar Morin, que designa el conjunto de mitos y símbolos que funcionan como una “mente” social colectiva.  Lo importante es que se manifiesta a través del lenguaje.  Es como si una invención se convirtiera en costumbre.  Es la percepción que la sociedad tiene de un grupo, respondiendo a estereotipos.  Por ejemplo: que todos los islámicos son terroristas, o que todas las mujeres son débiles y todos los hombres son fuertes, percepciones éstas que no siempre concuerdan con la realidad. 

 

Los imaginarios colectivos utilizan estereotipos, o ideas generalizadas de la realidad.  Sin embargo, son temporales y susceptibles de ser cambiados.  Le toca al feminismo recuperar la palabra y enfrentarse al poder patriarcal que domina a través de estos estereotipos.  Es necesario de-construir el imaginario colectivo existente y establecer un vocabulario común, re-significando ciertas palabras, que han sido usurpadas por el poder patriarcal.  El lenguaje debe atender a los intereses de todos los afectados – no de los dueños de los medios, no de los poderosos, sino también de mujeres, que son víctimas del paradigma actual y sufren múltiples formas de violencia; de personas con diferente orientación sexual; de las víctimas del racismo; y en fin, de todas las personas que pertenecen a grupos vulnerables por una u otra razón.

 

En el uso de la palabra va implícita una experiencia que carece de palabras, pero que entra y se encuentra dentro del pensamiento.  Una palabra empuja de esta manera hacia una nueva forma de pensar.  El lenguaje es como un molde---no podemos imaginarnos nada fuera de la forma de pensar en la que estamos insertos---nos dejamos guiar por el lenguaje y estamos entretejidos en él.

 

El lenguaje feminista aspira a cambiar el paradigma patriarcal, porque las reglas del lenguaje son decisiones humanas.  Para cambiar un paradigma, para irse en contra de los patriarcas de la Real Academia, hay que ser irreverente – y las feministas lo somos.  Como no se puede cambiar un paradigma sin ir contra la corriente, el pensamiento feminista (las locas, amargadas y resentidas que algunos dicen que somos) proponemos un cambio de paradigma para recuperar la palabra y enfrentarnos al poder patriarcal.  Creemos que tenemos derecho a ello, ya que somos la mitad de la población y la madre de la otra mitad.

 

La Real Academia considera que con el uso genérico del masculino gramatical se obtiene la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible y que el masculino designa a todos los individuos de la especie.  Pues si de economía de lenguaje se trata, el mismo resultado podría lograrse con el uso del femenino para designar a todos los individuos de la especie.  Si se usa "el femenino genérico" los varones protestan porque se les está dejando por fuera.  Algunos comprenden la importancia de utilizar lenguaje inclusivo; otros alegan que la mujer no tiene porqué sentirse excluida, ya que no se trata de sesgos de género sino del uso correcto de la lengua tal como lo ha determinado la Real Academia Española.  Pero ignoran que la Real Academia Española fue creada en 1713 y sólo después de 265 años vino a contar con la primera mujer en propiedad, cuando las reglas básicas de la lengua ya se habían establecido.  Por ello reflejó en su normativa los usos dominantes de la sociedad patriarcal y machista de la época en que fue creada.  En otras palabras, inventaron las reglas para ellos y quieren seguir imponiéndolas porque se autodenominan “La Autoridad”.

 

El uso de lenguaje inclusivo por sí sólo no va a acabar con las terribles inequidades entre hombres y mujeres, pero contribuye a visibilizar nuestra existencia, nuestras aportaciones a todas las áreas del quehacer humano, nuestra especificidad como seres humanas y permite la formulación de políticas públicas, estadísticas, estrategias y planes de desarrollo con enfoque de género.

 

Haydée Méndez Illueca, PhD

Abogada y Escritora

EL MITO DE LA VIRGINIDAD

 La virginidad es una construcción social del sistema patriarcal.  El patriarcado considera la sexualidad y la autonomía sexual de las mujeres como un peligro del que hay que defenderse y controlar.  Lo cierto es que, a través de los siglos, la virginidad se ha utilizado como una forma de control y dominio sobre la autonomía sexual femenina.  Desde la Grecia antigua, Tucídides opinaba que la mujer “es más peligrosa que las olas del mar embravecido, más que el ardor de las llamas y que el torrente que cae de las montañas en olas impetuosas.  Si es un dios quien inventó la mujer, sepa que ha sido artífice inconsciente del mayor de los males.”  Los varones más notables de la Iglesia católica contribuyeron a esparcir la idea de que el sexo y las relaciones entre hombre y mujer son pecados.  La interpretación misógina de las enseñanzas de la Biblia llevó a Tertuliano hasta decir que “hay que adoptar el celibato, aunque perezca el género humano”.

 

En la actualidad todavía persisten muchas de estas creencias y el mandato patriarcal de la virginidad tiene graves consecuencias sobre la salud de las mujeres en todas las culturas.  Es una vulneración de derechos sexuales de las mujeres, que provoca violencias como crímenes de honor, violencia sexual a menores, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, intervenciones quirúrgicas y exámenes de virginidad.

 

Hay muchos mitos y todo un mercado en torno a la virginidad, la cual no es una realidad médica.  Se dice que hay cambios físicos que delatan a la mujer cuando no es virgen, pero ningún test basado en el estado del himen sirve para detectar de manera fehaciente si la mujer ha tenido o no relaciones sexuales con penetración. El himen es una membrana elástica y delgada que cubre parcialmente la vagina y en menos de la mitad de las mujeres sale sangre a la penetración.

 

Otro mito es que la primera vez que la mujer tiene relaciones sexuales no queda embarazada.  Por supuesto, esto es falso, ya que depende de su ovulación.  Hay un mito especialmente horroroso por el que se considera que tener relaciones sexuales con vírgenes cura el SIDA.  En diversos estudios se confirmó que entre un 18 y un 30% de los varones encuestados en cuatro países subsaharianos pensaban que este mito era una realidad.

 

La inspección o manipulación de la zona vaginal de la mujer o “test de virginidad” es un imperativo en culturas donde predomina el mito de la virginidad.  En Marruecos la exigencia de certificados de virginidad antes del matrimonio sigue siendo habitual.  La mujer es obligada a ir al médico en presencia de miembros de la familia de su futuro marido para comprobar su virginidad y la noche de bodas se convierte en una violación marital donde el esposo debe actuar violentamente para demostrar su hombría a través de la cantidad de sangrado de la mujer.  Esto es una realidad que sigue ocurriendo hoy en día y que debe denunciarse y penalizarse.

 

En Indonesia el test de virginidad es requisito previo al ingreso en las fuerzas armadas, así como a demanda del futuro marido en caso de matrimonios pactados.  En las comunidades de etnia gitana esta valoración es realizada por otras mujeres, que fiscalizan no solo el estado del himen, sino la aparición de sangre tras su manipulación.

 

Hoy en día al menos 20 países en diversas regiones del mundo siguen llevando a cabo pruebas de virginidad, que consisten en una inspección del himen para detectar rasgaduras o el tamaño de la abertura, con la falsa creencia de que el aspecto de los genitales femeninos puede revelar los antecedentes de actividad sexual de la mujer o niña.  La ONU considera que éstas son una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres por lo que han hecho un llamado a eliminarlas por sus consecuencias psicológicas.

Tener una educación sexual integral en el hogar y en las escuelas es básico y necesario para que tantos estereotipos y creencias absurdas como la virginidad salgan de nuestro vocabulario y de nuestra vida de una vez por todas.  Que las mujeres disfruten de su sexualidad sanamente es un derecho y de "pecado" no tiene nada.  

Lo más importante, sea la primera vez o no, es sentirse preparado o preparada, a gusto y que por supuesto, sea sexo seguro y consensuado.  Se supone que un himen íntegro es garantía de “pureza”, cuando la castidad debería afectar el corazón, la mente y el alma y no tiene que ver con alguna parte del cuerpo.  No se pierde la virginidad, se gana la sexualidad.

 

Haydée Méndez Illueca

Abogada, Escritora y Defensora de Derechos Humanos

LA VIOLENCIA MEDIÁTICA NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

El 3 de junio de 2021 FUNDAGENERO presentó la iniciativa ciudadana No. 198 a Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, propuesta de ley “Que previene y sanciona la violencia mediática y simbólica contra grupos y personas vulnerables en los medios de comunicación masiva.”  Esta propuesta fue declarada “no viable” por la Secretaría Técnica de Gobierno de la AN, con el argumento de que sancionar la violencia mediática equivale a una censura que atenta contra la libertad de expresión y viola:

 

(1)  El artículo 37 de la Constitución (que prohíbe la censura previa y que además establece que los medios son responsables si atentan contra a reputación, la honra (o dignidad) de las personas, la seguridad social, o el orden público); y

(2)  Contra la Convención Americana, que indica que no se puede restringir el derecho de expresión, refiriéndose al abuso de los controles sociales o circulación de ideas y opiniones.

 

Lo peor es que señala “la amplia regulación que establece la Ley 82 de 2013 contra la violencia hacia la mujer,” como quien dice, ¿y qué más quieren?  Esta ley y la Ley 42 de 1999 sobre protección de violencia mediática contra las personas con discapacidad son precisamente las dos leyes que han sufrido modificaciones que favorecen la violencia mediática, obedeciendo a la presión de las empresas mediáticas, cuyo interés es aumentar el “rating” en la televisión, la compra de periódicos, o seguidores en las redes.  La opinión pública se encuentra manipulada y formulada por grupos de poder que, a través de los medios de comunicación, imponen sus intereses en el pensamiento público y en la publicidad.

 

La ley que se propone no coarta la libertad de expresión en los medios; por el contrario, protegería a los grupos vulnerables, prohibiendo las imágenes pornográficas que salen a diario en los tabloides y que perjudican a los menores.  Se ha encontrado que los y las jóvenes que ven pornografía y no reciben educación sexual tienen mayor número de parejas sexuales e historial de enfermedades de transmisión sexual.  Sus habilidades cognitivas están inmaduras y todavía están desarrollando sus comportamientos sexuales.

 

Las imágenes sexistas y los anuncios sexuales donde se venden mujeres por $20 fomentan la prostitución y la trata de personas.  La violencia simbólica que aparece en la publicidad comercial y en las imágenes humillantes de las víctimas de femicidio y violencia doméstica atenta contra la dignidad de las personas y frivolizan el femicidio, como uno que se titulaba “La mató por un chat”.  No se trata de prohibir ni censurar la noticia, sino de presentarla como lo que es: un femicidio agravado por motivos fútiles. 

 

Muchas veces incluso “hacen fiesta” (como se dice vulgarmente) con la víctima y no con el victimario: nombre, dos apellidos, descripción completa de la víctima, mientras que sólo mencionan el delito, sin dar siquiera el nombre del victimario ni informar si está detenido o anda libre para seguir asesinando mujeres que considera de “su propiedad”.  Es importante informar si el victimario fue capturado, juzgado y condenado, para que esto sirva para disuadir a los maltratadores y brindar seguridad al público de que la policía y el sistema de justicia están funcionando.  Esto es algo positivo que vale la pena publicar.

 

La misma Ley 82 de 2013 que “regula ampliamente los temas de violencia de género contra la mujer” (como se menciona en el concepto de no viabilidad de la ley propuesta), establece en su artículo 34 que los medios tienen la obligación de impulsar mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concienciación sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; promover el respeto por los derechos humanos de las mujeres; brindar capacitación a su personal sobre el tema de violencia; promover la eliminación del sexismo en la información; hacer campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres; sensibilizar a su personal para que promuevan una imagen respetuosa de las mujeres; y resaltar la divulgación sistemática de los logros de las mujeres en las distintas esferas.

 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importantísimo en la sociedad.  Comprendemos que tienen que ser viables económicamente y es normal que tengan ciertos valores que quieran transmitir, pero esto no puede ser a cualquier precio.  Los datos que se transmiten deben transmitirse con una finalidad pedagógica y de divulgación, idealmente lo más aséptica posible, evitando el morbo que vemos en los tabloides.  La violencia mediática no es libertad de expresión.

(Publicado en La Estrella de Panamá el domingo 18 de julio de 2021) 

Haydée Méndez Illueca, PhD

Escritora, Abogada y Defensora de Derechos Humanos

UN FALLO FALLIDO

 Por:  Haydée Méndez

La esterilización no está prohibida en Panamá para nadie que pueda pagar un médico privado y no lo ha estado desde hace mucho, desde antes que nacieran los derechos humanos, en 1948.  Sin embargo, sí se ha limitado el derecho a la esterilización gratuita para las mujeres que no pueden pagar un médico privado desde la Ley 33 de 1938, que exigía que la mujer tuviera al menos 5 hijos, no tener recursos económicos, un permiso por escrito de la Junta Nacional de Higiene y que su vida se viera amenazada por un embarazo.  Tres años después, la Ley 48 de 1941 exigía que la mujer tuviera 5 hijos vivos, condiciones económicas y sociales precarias, una petición por escrito y la aprobación de la Junta de esterilización. 

 

No fue sino 72 años después, cuando ya teníamos Derechos Humanos y ya se habían transformado las relaciones entre los géneros, que se hizo un esfuerzo, en 2013, por reconocer la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres.  Pero el esfuerzo no fue suficiente.  La ley 7 de 2013 contradice su propio artículo 1, que dice “la esterilización es un derecho personalísimo y voluntario de la mujer”:

 

Exige que la mujer sea mayor de 23 años y tener al menos dos hijos: Esto es Maternidad Forzada.  Exige una recomendación médica que no se exige para los hombres: Esto es Discriminación contra las mujeres.  Sólo afecta a las mujeres que no tienen cómo pagar una esterilización: Esto es Discriminación de Clase.  Esteriliza gratuitamente a todas las personas que cumplen estos requisitos, lo que impone una carga demasiado pesada para el Estado: Esto es Inconstitucional, porque viola el numeral 5 del artículo constitucional 110, que limita la prestación de servicios de salud gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos.

 

La Ley 82 de 2013, en desarrollo de las convenciones CEDAW y Belem do Pará y nuestra Constitución, establece el derecho de la mujer a “Decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley, así como el número de embarazos y cuándo tenerlos.”  Más claro no canta un gallo.

 

En el año 2015, presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7 de 2013, el 25 de noviembre (Día de la no Violencia contra la mujer), que tuvo opinión favorable de la Procuraduría.  No fue sino cinco años después que, increíblemente, ¡un recurso de inconstitucionalidad se contestó con un fallo inconstitucional!  El fallo parece escrito por Cantinflas: “Pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley (…), la mujer por sus características físicas y biológicas dista mucho de ser semejante al hombre.  De allí que no pueden ser iguales las mujeres y los hombres --- lo cual nos lleva a concluir que las disposiciones legales denunciadas no contrarían el espíritu del artículo 19 de la Constitución.”  (El artículo que prohíbe la discriminación por sexo.)

 

Este fallo ha puesto en evidencia varias cosas: Primero, que el patriarcado sigue vivo en la mente de los cinco magistrados que votaron a favor del fallo.  Segundo, que no todo está perdido, porque hubo cuatro honrosos salvamentos de voto de las tres magistradas y un magistrado.  Tercero, que la paridad de género es necesaria en todos los puestos de decisión, porque si hubiera habido por lo menos cuatro magistradas en vez de tres, el fallo hubiera sido otro.  Cuarto, se puso en evidencia el desconocimiento de la normativa y la falta de sensibilización en el tema de derechos humanos, de cinco de nuestros más altos jueces, lo que representa un peligro muy evidente para los derechos de las mujeres, porque entonces, ¿quién podrá defendernos?  Quinto, que las leyes deben consultarse con los y las expertas en cada tema y darlas a conocer a los afectados, antes de promulgarlas.

 

La reacción no se hizo esperar: protestas del Colegio de Abogados, la Universidad de Panamá, la asociación de Científicos, varios diputados, todas las organizaciones femeninas, diferentes gremios, muchos particulares y hasta el MIDES, del Órgano Ejecutivo.

 

En vista de la demora en contestar el recurso de inconstitucionalidad, en septiembre de 2019 ya habíamos presentado una propuesta de ley en Participación Ciudadana, que deroga la Ley 7 de 2013 y corrige los errores que la hacen inconstitucional.  Fue prohijada y se convirtió en el Anteproyecto 264.  Ahora nos toca aplicar presión pacientemente, pacíficamente y permanentemente, para que la Asamblea Nacional le dé preferencia a esta ley en vez de estar debatiendo leyes como la del Toro Suelto de Pedasí, el Festival de la Carreta o la del Violín.

 

Mujeres: No bajemos la guardia --- ¡Ni un paso atrás!

ANTICONCEPTIVOS PARA SALVAR VIDAS

En los últimos cincuenta años, ningún país donde las mujeres no tengan acceso a los anticonceptivos ha salido de la pobreza.  Esta innovación es la que más salva vidas, acaba con la pobreza y empodera a las mujeres; por ello, la planificación familiar debe ocupar la más alta prioridad en cualquier país.

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994 reunió más de 10,000 participantes de todo el mundo.  Fue la mayor conferencia de su clase que jamás se haya celebrado y una histórica declaración temprana sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que estableció que la planificación familiar es un derecho humano básico.  No obstante, el financiamiento dedicado a la planificación familiar ha sido reducido significativamente por los gobiernos desde esta Conferencia.

 

Un embarazo no deseado puede resultar devastador para las mujeres que no tienen cómo alimentar a los hijos que ya tienen, o tienen muchos años o están demasiado jóvenes o enfermas para parir.  Hay mujeres que no conocen los anticonceptivos, o los conocen y los quieren, pero no los pueden conseguir.  Lo cierto es que resultan ser de primera y central prioridad para las mujeres.  Cuando una mujer puede planificar y espaciar sus embarazos, la mortalidad materna de los recién nacidos y de los niños y niñas se reduce; la madre y su hijo son más saludables; la madre y el padre tienen más tiempo y energía para cuidar de cada hijo o hija; y las familias tienen más recursos su nutrición y educación.

 

The Lancet (revista médica británica) publicó un estudio financiado por el gobierno británico y la Fundación Gates, que mostraba que el acceso a la anticoncepción reduce el número de mortalidad materna por un tercio.  El embarazo es la primera causa de muerte de adolescentes.  La Organización Save the Children reportó que un millón de niñas adolescentes en el mundo mueren o se lesionan en el parto cada año.

 

A veces lo mejor que puede hacer una mujer por sus hijos es no tener otro, porque cuando no se planifican los embarazos, toda la familia sufre.  Las mujeres sólo pueden lograr un cambio social si pueden evitar embarazos no deseados.  Las mujeres que tienen los recursos y los conocimientos tienen opciones, pero las mujeres que luchan contra la pobreza necesitan tiempo, dinero y energía para cuidar a cada niño o niña a la vez que necesitan tener un ingreso mientras crían a sus hijos.  Están atrapadas.  Lo malo es que las mujeres que más sufren son las que menos pueden hacer para exigir cambios a los políticos.  En una sociedad atrasada o en retroceso, los hombres toman las decisiones por las mujeres.

 

Cuando las mujeres ganan derechos, la familia y la sociedad prosperan.  Cuando se incluye a las mujeres y las niñas, que son la mitad de la población, se beneficia a todos los miembros de la comunidad, porque la equidad de género eleva a todo el mundo.

 

Los que se oponen a la anticoncepción argumentan que los anticonceptivos han sido usados para ciertos propósitos inmorales y que por eso no deben usarse para ningún propósito, ni siquiera para permitirle a una madre esperar antes de tener otro hijo.  El aborto es otro argumento que se usa desacreditar los beneficios de los anticonceptivos.  No obstante, según datos recientes, los anticonceptivos también reducen los abortos, ya que como resultado de su uso, en solo un año hubo 26 millones menos de abortos inseguros en los países más pobres del mundo.

 

Otros piensan que la planificación familiar es una conspiración para controlar la población.  No comprenden que al espaciar y programar los embarazos, se mejora la salud de la madre y del hijo y permite que las familias tengan sólo la cantidad de hijos que pueden mantener.

 

La poderosa oposición a los anticonceptivos de la Iglesia Católica también ha afectado la planificación familiar.  Fuera de los gobiernos, la Iglesia Católica es la mayor proveedora de servicios educativos y médicos del mundo.  Esto le da una gran presencia e impacto positivo en la vida de los pobres, pero la Iglesia también es una de las voces en contra de los anticonceptivos.  Esta enseñanza entra en conflicto con la enseñanza del amor al prójimo.  Querer lo mejor para sus hijos es amar al prójimo y el amor es más fuerte que la doctrina.  No hay moral sin empatía y no hay empatía si se ahogan las voces de las mujeres que quieren una mejor vida para sus hijos.  Ultimadamente, las cuestiones morales son personales.

 

Haydée Méndez Illueca, PhD

Abogada, Escritora y Defensora de Derechos Humanos