Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada
En días pasados presenté en la Feria del Libro la obra e
instrumento de trabajo, auspiciado por la Defensoría del Pueblo, titulado Legislación Relativa a las Mujeres. La recopilación contiene las 38 leyes
vigentes sobre mujeres. Cada una de
ellas es el resultado de una lucha en cada tema que han logrado nuestras
mujeres, en desarrollo de los compromisos del país con los instrumentos
internacionales firmados. Las leyes son
un intento de dar respuesta al aumento de la criminalidad y un esfuerzo por
lograr la igualdad de derechos y oportunidades y la equidad. Son tantas, que aquí sólo se pueden resumir en
lo que tienen de bueno, de malo y de feo.
LO BUENO: En su mayoría, tenemos buenas leyes, que son un
esfuerzo de vencer la desigualdad e inequidad que existen contra las mujeres. Las leyes orientan a la sociedad y apuntan a
cambiar los imaginarios colectivos, pero no transforman. Sólo transforma la voluntad política de
cumplirlas y la capacitación de la población y los funcionarios públicos, para
lograr el cambio del paradigma patriarcal hacia el cual apuntan las leyes. Panamá firma todos los instrumentos,
convenios y declaraciones internacionales sobre derechos humanos de las
mujeres---no se le queda uno por fuera. Nuestro
marco jurídico ya incorpora normas con el fin de dar cumplimiento a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serán evaluados en el año 2030.
LO MALO: Nuestras leyes son incumplidas, desconocidas por
muchos, ignoradas intencionalmente, mal interpretadas otras veces, demandadas y
calumniadas. Persiste una resistencia
que se traduce en incumplimiento y violación de la Constitución, modificaciones
a las leyes para restarles fuerza o quitarles derechos a las mujeres y
calumnias y mentiras que apuntan directamente a los mismos entes
internacionales de donde nacen estas leyes que buscan la evolución y el
mejoramiento de nuestra sociedad.
Existen vacíos importantes que permiten la inequidad e impunidad. Falta una ley de esterilización que equipare
los derechos entre hombres y mujeres (la existente es inconstitucional). Es necesario recobrar el espacio perdido en
cuanto a la violencia mediática con la modificación de la Ley 82 de 2013. Falta legislar para eliminar los acuerdos de
pena en los casos de femicidio por métodos de ejecución atroces y otros delitos
graves.
Es necesario exigir un marco constitucional que siente las
bases de una plena separación entre Estado e Iglesia, ya que la falta de
claridad de nuestra Constitución sobre la laicidad del Estado Panameño se
presta para la injerencia de las iglesias en detrimento de las políticas
públicas del país, como ha sido el caso de la enseñanza de educación integral
en sexualidad. Contrario a lo que se
piensa, una Ley de Educación Sexual no es necesaria---sólo se tienen que
cumplir las leyes vigentes.
Todavía persiste el tabú en contra de todo lo relacionado
con el sexo e incluso se ha llegado a una satanización de la libertad de ser
diferente y de la enseñanza de no discriminación y tolerancia en las escuelas.
LO FEO: Es muy feo que algunos diputado/as, para competir y
presumir de que trabajan mucho, presenten anteproyectos de ley sin tomar en
cuenta las leyes existentes, que resultan en iniciativas redundantes,
ineficaces o frívolas. En vez de
solucionar necesidades reales, pierden tiempo y esfuerzos. Esto deja en evidencia su desconocimiento de
la normativa vigente, su falta de capacitación y lo poco que les importan los
verdaderos problemas de la sociedad.
Pero hay otras iniciativas más siniestras, que parecen ser
parte de la Cruzada Antiderechos que azota Latinoamérica desde 2013, según la
investigadora brasileña Sonia Correa. Se
trata del Proyecto de Ley 018 sobre “identidad para bebés fallecidos en el
vientre materno”, que no sólo es absurdo, sino inconstitucional y ha provocado
el rechazo de todos los sectores de nuestra población.
¿La intención será considerar que un embrión o un feto es
una persona? Porque esto nos llevaría a juzgar
como homicidios los abortos espontáneos de embriones y fetos, tal como en El
Salvador, donde envían a las mujeres del hospital a la cárcel, con penas de
hasta 20, 30 y 40 años. Según Miguel
Huespe, Jefe de Obstetricia del Hospital Santojanni, sólo el 30% de los
embarazos llegan a término. Esto
significa que serían penados el 70% de los embarazos, porque no llegan a
término.
¡Ojo, Señores Diputados!
Que no muera por aborto espontáneo la esperanza que había nacido en la
población (¡esa sí nació el 5 de mayo!) de que cambiara para bien nuestra nueva
Asamblea.
