Contrario al discurso de los antiabortistas, la penalización del aborto no salva
vidas, sino que causa más muertes, más pobreza y más delincuencia. La
penalización no evita los abortos inseguros, más bien los aumenta; lo que hace es
evitar abortos seguros, legales y accesibles, así como el acceso a anticonceptivos
y la educación sexual, ambas condiciones indispensables para que las mujeres
puedan disfrutar del derecho a tener autonomía sexual. Los que condenan
inflexiblemente el aborto deberían más bien buscar soluciones para las mujeres
pobres y sus hijos, enfrentándose a la realidad que nos demuestran las
estadísticas.
El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el
mundo, ya que una de cada ocho muertes está asociada con el aborto inseguro.
Según el Instituto Guttmacher, la tasa es mayor donde el aborto es ilegal. El 25%
de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en
todos los supuestos o sólo lo permiten para salvar la vida de la mujer, mientras
que el 39% vive en países donde el aborto es libre. Seis de cada 10 mujeres no
pueden decidir en libertad. Sin embargo, se ha comprobado que las leyes
restrictivas influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan. La
legalización del aborto en Sudáfrica tuvo un impacto positivo inmediato en la
reducción de la frecuencia de complicaciones relacionadas con el aborto, con una
reducción de las muertes por aborto de más del 90%.
La penalización o maternidad forzada causa más pobreza, al condenar a las
adolescentes a interrumpir sus estudios, no poder trabajar, poner en riesgo su vida
o afectar su salud y por ende, condenarla a siempre ser pobre. A las mujeres
violadas las obligaría a tener los hijos de los violadores y a las multíparas las
condena a tener más hijos de los que puede mantener, con las consecuencias de
hambre, pobreza y desnutrición.
Ni hablar de los niños indeseados, que crecen sin la atención debida y terminan en
la delincuencia, ni de las adolescentes a las que se les obliga a la maternidad,
condenándolas a la pobreza y falta de educación.
Con la ley 55 de 2017 se hizo un esfuerzo por proteger a los recién nacidos
abandonados, estableciendo centros receptores para niños no deseados para que
sean ubicados en una familia acogente idónea en un periodo no mayor de 24
horas. Esto podría ser una solución para la maternidad forzada, pero no se ha
hecho un estudio sobre sus resultados. Es necesario legislar para ampliar el
derecho a la interrupción del embarazo por razones económicas, y los embarazos
causados por violencia doméstica, violación conyugal y violencia institucional La
violencia institucional es la realizada por funcionarios de cualquier institución
pública “con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres puedan
ejercer los derechos previstos en la ley. Panamá presenta enormes deficiencias
en cuanto a acceso a la información, la educación sexual integral y el
conocimiento de la ley. ¿Qué mejor ejemplo de esto que la niña de ocho años
violada por el esposo de su tía, a quien se le obligó a dar a luz?
El aborto seguro no es un asesinato, porque se limita el tiempo de embarazo para
interrumpirlo cuando el producto no es viable (entre 12 y 24 semanas). La ciencia
no ha podido determinar si el embrión de pocas semanas debe ser considerado un
ser humano, porque una semilla no es un árbol, un huevo no es un pollo y un
óvulo fecundado no es una persona, sino la posibilidad de serlo.
No es posible abordar el Derecho a la Vida desvinculado del Derecho a la Salud y
a una vida digna. Los Derechos Humanos son indivisibles y no puede prescindirse
de ninguno de ellos, así como ninguno de puede disfrutar a costa de otro. No se
trata de una mera supervivencia biológica---la Corte IDH ha manifestado que el
derecho a la vida no sólo presupone que nadie puede ser privado arbitrariamente
de su vida, sino también el derecho a que no se le impida vivir en condiciones
dignas, derecho que se les niega a niñas y adolescentes forzadas a la maternidad.
Si vemos que la penalización y la maternidad forzada no cumplen con el objetivo
que se proponen los antiabortistas, ¿Por qué insistir en la penalización? Es
obligación de nuestro Gobierno proveer a sus asociados un marco legal adecuado,
con información y servicios que les evite las enfermedades de transmisión sexual
y les permita planificar su familia de manera responsable, de acuerdo con sus
condiciones y posibilidades. Ningún Estado tiene derecho a obligar a nadie a
tener menos ni más hijos de los que quiere.
Haydée Méndez Illueca, Ph.D.
Abogada y Feminista
