lunes, 30 de diciembre de 2019

¿CÓMO CONTENER LA OLA DE FEMICIDIOS?


Haydée Méndez Illueca, Ph D
Abogada

Es realmente alarmante la ola de femicidios que azota nuestro país.  Sólo en el mes de diciembre de 2019 han muerto 8 mujeres, sin contar los femicidios en grado de tentativa, las muertes violentas de mujeres que todavía no se ha determinado si son femicidios y el aumento escandaloso de la violencia doméstica y la violencia mediática (en los medios de comunicación).  Panamá ocupa el lugar 108 de 189 países en desigualdad de género y comparte esta posición con Namibia.

Debemos seriamente estudiar la situación de nuestra sociedad, porque además de que somos la mitad de la población y la madre de la otra mitad, las mujeres somos guardianas de la familia y de la sociedad.  Donde hay desigualdad, no puede prosperar la familia ni el desarrollo humano del país, el cual se pierde la productividad de la mitad de su población.

Pero hay otra ola igual o más de peligrosa, que nos ataca a nivel mundial: la ola anti-derechos, el fundamentalismo, que utiliza la retórica del miedo para atacar los derechos humanos, que son un logro invaluable de la humanidad.  En el fondo, las campañas de “Con mis hijos no te metas” y la “Ideología de Género”, las acusaciones contra las Naciones Unidas y los ataques a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, lo que buscan es continuar controlando la sexualidad y la reproducción de las mujeres, una de las estrategias del patriarcado.  Aunque el género no es una ideología, sino una categoría de análisis que estudia las relaciones entre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual para descubrir las desigualdades, sí podemos hablar de ideología patriarcal, ya que al colocar a las mujeres en una situación de inferioridad, se han construido normas, valores, costumbres e instituciones, muchas de éstas con raíces religiosas.  La ideología patriarcal afecta el imaginario colectivo, lo que lleva a que las mujeres sean concebidas como objetos, propiedad de los hombres y las personas de la diversidad sexual como “anormales”.  Esto es lo que lleva a la violencia contra estos grupos vulnerables, sobre todo las mujeres.

A partir de 1948, cuando nacieron los Derechos Humanos, se ha hecho un esfuerzo internacional por legislar en protección de los mismos.  A la fecha, en Panamá tenemos treinta y ocho leyes que de una forma u otra apuntan a la defensa de derechos.  Si todas estas leyes se cumplieran a cabalidad, por fuerza tendrían que contenerse estas olas que son el resultado de la ideología patriarcal.

Las campañas anti-derechos y los fundamentalismos no tienen derecho a llamar a la desobediencia de las leyes.  Se declaran en defensa de la familia, cuando en realidad la están atacando a través de la mujer o a través de los crímenes de odio homofóbico. 

Las leyes obligan a la educación integral en sexualidad, que no es más que una forma de inculcar valores, prevenir la violencia sexual contra niñas y niños, prevenir el embarazo adolescente, promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres y proteger a la población de las infecciones de transmisión sexual.  Si se cumplieran todas las normas, habría albergues para las mujeres maltratadas y sus hijos, capacitación a todos los servidores públicos (sobre todo policías, fiscales y jueces), padres y madres de familia, docentes y la comunidad en general para evitar la desigualdad, se establecieran juzgados y fiscalías especializadas en violencia contra la mujer (mandato que desde 2013 no se ha cumplido), habría presupuesto para brazaletes electrónicos para prevenir femicidios, se acabaría con la impunidad que a veces se logra con los acuerdos de pena, se multaría a los medios de comunicación que imparten educación sexual a través de imágenes pornográficas, titulares sensacionalistas, publicidad sexista y anuncios de prostitución, se castigaría con despido a los acosadores y se acabaría con la trata de personas. 

Para detener la ola de femicidios es necesario desarticular la ideología patriarcal, acatando las leyes que ya tenemos, que son muchas y buenas, con pocas excepciones.  En el espacio académico debe primar el conocimiento científico para que los futuros profesionales se formen sin sesgos ni preconcepciones.  Para ello es importante que se establezca expresamente el Estado Laico en el proceso de actualización de nuestra constitución.  Es imposible defender los derechos humanos sin un Estado Laico. 

La violencia en todas sus expresiones es consecuencia de la ideología patriarcal, una conducta que se basa en la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres y existen sólo para satisfacer sus deseos.

(Publicado en La Estrella el domingo 29 de diciembre de 2019)

viernes, 27 de diciembre de 2019

La importancia de la igualdad de género para el desarrollo humano


Aracelly De León, Ph D en Economía
La Estrella - 27/12/2019

El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2019, una vez más hace énfasis en la desigualdad en el mundo. La conclusión es que las brechas son cada vez mayores, no sólo de ingreso, sino de oportunidades, de calidad de vida y de futuro, sobre todo ante la impronta del cambio climático y nuestra capacidad de resiliencia.
Si bien los países en vías de desarrollo avanzan, los países desarrollados, lo hacen con mayor rapidez, sobre todo en las nuevas oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología en el siglo XXI. Es importante destacar que la desigualdad de género es una de las de mayor incidencia en el mundo. Panamá, no es la excepción.
Según el IDH 2019 (PNUD), Panamá ocupa el lugar 67 en el mundo (entre 189 países), pero cuando se calcula la desigualdad de género, el país cae al lugar 108 (posición que comparte con Namibia, suroeste de África). De tal manera que pierde 41 lugares a nivel mundial por la falta de oportunidades que tienen las mujeres panameñas en relación a los hombres.
El informe también precisa que todavía no hay comprensión en el mundo sobre la gravedad de la desigualdad de género. Solo uno de cada 7 hombres la reconoce. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desigualdad de Género recoge tres dimensiones importantes: la salud sexual y reproductiva (tasa de mortalidad materna y tasa de fecundidad adolescente); el empoderamiento (proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y proporción de educación secundaria como mínimo) y la situación económica (participación en el mercado laboral).
Más allá de estas consideraciones, según la neurociencia, la vida de las personas se define en los primeros mil días a partir de la gestación, etapa que depende casi en su totalidad del grado de bienestar de la madre.
Se hace hincapié en la primera infancia (de 0 a 5 años) como etapa decisiva para el desarrollo humano. En términos generales, el Estado empieza a intervenir cuando ya está definido el futuro.
El Estado tiene que intervenir antes y de manera integral y multisectorial. Es necesario garantizar el bienestar de todas las mujeres, independientemente de su etnia, procedencia económica, credo o nivel cultural.
Países que han logrado dar el salto cualitativo en educación, por ejemplo, han escolarizado a todas las madres (Portugal), porque de ellas depende el éxito de la familia.
Garantizar el bienestar de las mujeres significa tener acceso a la salud sexual y reproductiva y evitar los embarazos en niñas y adolescentes, por ejemplo. Significa detener la violencia de todo tipo hacia las mujeres. Significa tener acceso a la toma de decisiones al más alto nivel, tener acceso al crédito, es decir, tener autonomía personal. Una mujer solo puede darle a sus descendientes lo que ella posee, en términos de salud, dignidad, autoestima y futuro.
El informe indica: “Las desigualdades pueden comenzar antes del nacimiento, y muchas de ellas pueden acumularse a lo largo de la vida de la persona. Cuando esto ocurre, pueden aparecer desigualdades persistentes”.

jueves, 26 de diciembre de 2019

LO QUE LAS MUJERES NO SABEN


Haydée Méndez Illueca, Ph.D.
Abogada

Lo que las mujeres no saben es que hay situaciones de violencia que están tan integradas en las relaciones sociales, son tan imperceptibles y están tan naturalizadas, que pasan desapercibidas; pero es imperativo que lo sepamos.  Esta violencia encubierta se ejerce a través de los “Micromachismos”.  ¿Qué son los “micromachismos”---una palabra que está hoy en boca de todo el mundo?  Son pequeños gestos o actitudes, algunos muy sutiles, que perpetúan roles de género y machismo---violencia suavizada contra las mujeres.  Son maniobras y estrategias de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que son sutiles e imperceptibles, pero atentan en diversos grados contra la autonomía femenina.  Son hábiles artes, trucos, tretas y manipulaciones con los que los varones intentan imponer a las mujeres sus propias razones, deseos e intereses en la vida cotidiana.  Se les llama micromachismos, pero resulta que no son tan “micro”; en realidad, son actitudes totalmente machistas, que la mujer debe aprender a detectar para poder combatirlas.

Un ejemplo clásico es que el hombre no participe en el trabajo doméstico o familiar, porque “no sabe” o porque “ella lo hace mejor”.  Lo que en una relación igualitaria sería cosa de dos, se convierte en una imposición de tareas que sutilmente genera una importante sobrecarga en ella.

Otro ejemplo es su sillón preferido, donde lee el periódico y descansa al llegar de su trabajo.  La mujer no puede “descansar” cuando llega del suyo, porque tiene que hacer las tareas con los niños, arreglar la casa, fregar los trastos, etc., sin molestar al marido.  Y ¡ay de que alguien se adueñe del control de la televisión!---pertenece al Rey de la Casa.

Con o sin intención, algunos hombres eliminan los espacios de intimidad con la mujer, porque “no tienen tiempo” de hablar, eluden temas personales o familiares y la vida social, o buscan de alguna forma controlar las reglas de la relación a través de la distancia, logrando así que la mujer se acomode a sus deseos: cuándo estar disponible, cuánta tarea doméstica realizar, etc.

Y esto también pasa fuera del hogar: Cuando se pide la cuenta en un restaurante, el mesero supone que quien paga es el hombre, y presume que quien ha pedido la bebida alcohólica es él, y ella el refresco.  Lo mismo pasa en el taller o el concesionario.  En lugares estereotipadamente masculinos, el personal se dirige siempre al hombre en las conversaciones, incluso cuando la dueña del vehículo o de la cuenta es la mujer.  Cuando los bebés llegan al hogar, todos felicitan al padre porque cambia pañales, le da la mamadera o lo duerme, mientras que para la mujer es algo natural e incluso obligatorio.  También lo son dichos como: “Mujer al volante, peligro constante.”

Un hombre y una mujer no pueden ser amigos, porque las relaciones entre un hombre y una mujer siempre se sexualizan o romantizan.  Recuerdo que tenía que reunirme a menudo con un amigo en la cafetería de la institución donde trabajaba para discutir asuntos del sindicato e inmediatamente comenzaron a circular los rumores de que “algo teníamos”.

Estos “micro” machismos incluso los usan los varones “normales”, que desde el discurso social no podrían llamarse machistas, violentos, abusadores ni controladores.  Algunos comportamientos pueden ser conscientes, pero la mayoría no son intencionales ni de planificación deliberada, sino que son actitudes incorporadas y automatizadas en el proceso de “hacerse hombres”, son hábitos de reacción frente a las mujeres.  Sin embargo, todos forman parte de las habilidades masculinas desarrolladas para ubicarse en un lugar de dominio y control para mantener y reafirmar los lugares que la cultura les ha asignado, tanto a mujeres como varones.  Se alejan mucho de la violencia física, pero tienen los mismos objetivos y efectos: garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la inequidad de derechos y oportunidades en contra de las mujeres.

Como son casi invisibles, los daños se agravan con el tiempo y no se resisten por desconocer su existencia; resultan en fatiga crónica, sobreesfuerzo psicofísico, agotamiento de las reservas emocionales, sentimiento de incapacidad, baja autoestima, retroceso del desarrollo personal y utilización de los “poderes ocultos” femeninos.

Para combatirlos debemos trabajar en triple vía: que los profesionales de la salud mental conozcan y detecten los micromachismos y sus efectos en la mujer; que las mujeres desarrollen estrategias de inmunización; y que los hombres desactiven los micromachismos de sus comportamientos, los reconozcan e inicien cambios hacia una verdadera equidad.

domingo, 27 de octubre de 2019

EQUIDAD PARA HOMBRES Y MUJERES


Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

Los derechos humanos que se consideran básicos no nacieron del Derecho Internacional hasta el 1o de diciembre de 1948 en París.  Siete años antes, ya en Panamá se había promulgado la Ley 48 de 1941 (firmada por el expresidente Arnulfo Arias) que “permitía” la esterilización de mujeres que tuviesen por lo menos cinco hijos vivos y cuyas condiciones económicas y sociales “fuesen difíciles”.  No fue sino 72 años después, en marzo de 2013, que se aprobó la Ley 7, “que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina”, cuyo único mérito es haber derogado la ley de 1941, que no tomaba en cuenta los logros de las mujeres, porque todavía no existían.

Sin embargo, la Ley de 2013 tampoco toma en cuenta el derecho de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva y el número de embarazos y cuándo tenerlos; ni el derecho de todos los seres humanos a no ser discriminados por razón de sexo; ni acata las normas de Derecho Internacional, como lo manda nuestra Carta Magna.  Se contradice a sí misma: en su primer artículo dice que “la esterilización es un derecho personalísimo y voluntario de la mujer”, para luego obligarla a tener dos hijos y 23 años de edad para acceder a la esterilización.  Esto es maternidad forzada, que es tan indignante como la esterilización forzada.  También les exige a las mujeres que tengan una recomendación médica, lo que las deja a merced de un médico que objete la cirugía por sexismo, insensibilidad, u objeción de cualquier otra índole y negarse a emitir dicha recomendación.  Establece la práctica gratuita del procedimiento quirúrgico a toda persona que cumpla con los requisitos, imponiéndole una carga insostenible al Estado, en contra del numeral 5 del artículo 110 de la Constitución, que establece que los servicios de salud deben ser proporcionados gratuitamente sólo a quienes carezcan de recursos económicos.

No existe una norma que prohíba la esterilización, por lo que aquellas mujeres con suficientes recursos económicos pueden esterilizarse sin cumplir con ninguno de los requisitos establecidos en la ley 7.  Se está discriminando, entonces, contra las mujeres en situación de extrema pobreza, al establecer condiciones para la esterilización, que no se establecen para las otras mujeres ni para los hombres.

Esta situación nos ha llevado, primero, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en 2015 (que a la fecha no ha sido decidida a pesar de dos impulsos procesales); y luego, por intermedio de Participación Ciudadana, una propuesta de ley que establece el marco regulatorio para efectuar la esterilización en el sistema público de salud a toda persona mayor de edad no asegurada, que carezca de recursos económicos, siempre que así lo solicite.  La Caja de Seguro Social queda obligada a realizar la esterilización de asegurados que así lo soliciten al médico tratante.

La ley que proponemos también toma en consideración excepciones al requisito de mayoría de edad, circunstancias en que sería insensible, por no decir que iría en contra de la vida y la salud humana, negar la esterilización a menores de 18 años.  La propuesta de ley exige el consentimiento de la menor y siempre actuando por medio de su tutor o de la persona legalmente responsable y sólo por recomendación médica, cuando la menor padezca alguna enfermedad o defecto y el embarazo y el parto pueda poner en peligro su vida o su salud; o si la menor tiene dos o más hijos y carece de recursos económicos para su crianza; o si la menor padece de enfermedad mental debidamente acreditada y consta la solicitud al médico del tutor o de la persona legalmente responsable de ella.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, un total de 517 niñas menores de 15 años tienen hijos nacidos vivos.  De éstas, 504 tienen un hijo; 12 tienen 2 hijos; y una ya tiene 3 hijos.  Un total de 13,056 niñas de 15 a 19 años de edad tienen hijos nacidos vivos.  De éstas, 9,305 tienen un hijo; 3,054 tienen 2 hijos; 616 tienen 3 hijos; 65 tienen 4 hijos; 13 tienen 5 hijos; 2 tienen 6 hijos; y 1 ya tiene 7 hijos.  Mientras más hijos tengan, menos oportunidades tendrán de rehacer su vida y salir de la pobreza y la de sus hijos, que se ha descrito como nuestra quinta frontera.  El motivo principal de estos embarazos precoces es la falta de educación sexual, que en nuestro medio sigue siendo un tabú.

(Publicado el 20 de octubre de 2019 en La Estrella de Panamá)

domingo, 15 de septiembre de 2019

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO


Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

En días pasados presenté en la Feria del Libro la obra e instrumento de trabajo, auspiciado por la Defensoría del Pueblo, titulado Legislación Relativa a las Mujeres.  La recopilación contiene las 38 leyes vigentes sobre mujeres.  Cada una de ellas es el resultado de una lucha en cada tema que han logrado nuestras mujeres, en desarrollo de los compromisos del país con los instrumentos internacionales firmados.  Las leyes son un intento de dar respuesta al aumento de la criminalidad y un esfuerzo por lograr la igualdad de derechos y oportunidades y la equidad.  Son tantas, que aquí sólo se pueden resumir en lo que tienen de bueno, de malo y de feo.

LO BUENO: En su mayoría, tenemos buenas leyes, que son un esfuerzo de vencer la desigualdad e inequidad que existen contra las mujeres.  Las leyes orientan a la sociedad y apuntan a cambiar los imaginarios colectivos, pero no transforman.  Sólo transforma la voluntad política de cumplirlas y la capacitación de la población y los funcionarios públicos, para lograr el cambio del paradigma patriarcal hacia el cual apuntan las leyes.  Panamá firma todos los instrumentos, convenios y declaraciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres---no se le queda uno por fuera.  Nuestro marco jurídico ya incorpora normas con el fin de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serán evaluados en el año 2030.

LO MALO: Nuestras leyes son incumplidas, desconocidas por muchos, ignoradas intencionalmente, mal interpretadas otras veces, demandadas y calumniadas.  Persiste una resistencia que se traduce en incumplimiento y violación de la Constitución, modificaciones a las leyes para restarles fuerza o quitarles derechos a las mujeres y calumnias y mentiras que apuntan directamente a los mismos entes internacionales de donde nacen estas leyes que buscan la evolución y el mejoramiento de nuestra sociedad.

Existen vacíos importantes que permiten la inequidad e impunidad.  Falta una ley de esterilización que equipare los derechos entre hombres y mujeres (la existente es inconstitucional).  Es necesario recobrar el espacio perdido en cuanto a la violencia mediática con la modificación de la Ley 82 de 2013.  Falta legislar para eliminar los acuerdos de pena en los casos de femicidio por métodos de ejecución atroces y otros delitos graves.

Es necesario exigir un marco constitucional que siente las bases de una plena separación entre Estado e Iglesia, ya que la falta de claridad de nuestra Constitución sobre la laicidad del Estado Panameño se presta para la injerencia de las iglesias en detrimento de las políticas públicas del país, como ha sido el caso de la enseñanza de educación integral en sexualidad.  Contrario a lo que se piensa, una Ley de Educación Sexual no es necesaria---sólo se tienen que cumplir las leyes vigentes.

Todavía persiste el tabú en contra de todo lo relacionado con el sexo e incluso se ha llegado a una satanización de la libertad de ser diferente y de la enseñanza de no discriminación y tolerancia en las escuelas.

LO FEO: Es muy feo que algunos diputado/as, para competir y presumir de que trabajan mucho, presenten anteproyectos de ley sin tomar en cuenta las leyes existentes, que resultan en iniciativas redundantes, ineficaces o frívolas.  En vez de solucionar necesidades reales, pierden tiempo y esfuerzos.  Esto deja en evidencia su desconocimiento de la normativa vigente, su falta de capacitación y lo poco que les importan los verdaderos problemas de la sociedad.

Pero hay otras iniciativas más siniestras, que parecen ser parte de la Cruzada Antiderechos que azota Latinoamérica desde 2013, según la investigadora brasileña Sonia Correa.  Se trata del Proyecto de Ley 018 sobre “identidad para bebés fallecidos en el vientre materno”, que no sólo es absurdo, sino inconstitucional y ha provocado el rechazo de todos los sectores de nuestra población.

¿La intención será considerar que un embrión o un feto es una persona?  Porque esto nos llevaría a juzgar como homicidios los abortos espontáneos de embriones y fetos, tal como en El Salvador, donde envían a las mujeres del hospital a la cárcel, con penas de hasta 20, 30 y 40 años.  Según Miguel Huespe, Jefe de Obstetricia del Hospital Santojanni, sólo el 30% de los embarazos llegan a término.  Esto significa que serían penados el 70% de los embarazos, porque no llegan a término.

¡Ojo, Señores Diputados!  Que no muera por aborto espontáneo la esperanza que había nacido en la población (¡esa sí nació el 5 de mayo!) de que cambiara para bien nuestra nueva Asamblea.

domingo, 25 de agosto de 2019

El Hostigamiento Laboral

Por: Haydée Méndez Illueca


Según la Ley 7 de 2018 contra actos discriminatorios, el hostigamiento o acoso moral o psicológico en el trabajo (‘mobbing', en inglés), consiste en ‘la explotación, la negativa a darle a la víctima las mismas oportunidades de empleo, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo o descalificación del trabajo realizado'. La doctrina lo define como ‘hostigar de modo verbal o físico por parte de un superior con poder hacia otro trabajador/a con menos poder', aunque también se da entre compañeros de la misma jerarquía, que acorralan a la víctima en grupo y le hacen la vida miserable.
Se caracteriza por una serie de acciones dirigidas a hostigar continuamente a la víctima y a producirle insatisfacción e inseguridad en su lugar de trabajo, mediante comportamientos, palabras, gestos y escritos que pueden atentar contra su personalidad, dignidad o integridad física o psíquica. No tiene relación con el más conocido ‘acoso sexual', que es el asedio o acoso indeseado de otra persona con la intención de tener relaciones sexuales con la misma. Este comportamiento se da con independencia de sexo, edad o tipo de conductas específicas y puede llevar a la víctima a abandonar el lugar de trabajo y llegar hasta el suicidio. Muchas veces se produce con la colaboración y permisividad del resto del personal y en medio de un sorprendente silencio. Aunque todos son conscientes de la injusticia, prefieren no intervenir.
Aunque este tipo de acoso moral ha existido siempre en las relaciones laborales, no se le puso nombre hasta la década de los años 60 del siglo pasado. El primer investigador y pionero en la divulgación del acoso moral fue Leymann, un psiquiatra alemán que en 1984 lo definió como ‘psicoterror'. Es considerado un problema de primer orden por el elevado coste de salud, social y económico.
Se estima que a nivel mundial el 10% de los trabajadores y trabajadoras sufren de acoso moral en el trabajo. El 70% corresponde a mujeres, siendo más vulnerables las mayores de 40 años, las que pertenecen a minorías raciales, las embarazadas, las lesbianas, las obesas y las discapacitadas, entre otras. Lo más importante es que más del 80% de las personas afectadas desconoce el fenómeno. Se da mayormente en instituciones altamente reglamentadas y homogéneas, como escuelas, fuerzas armadas, cárceles e instituciones conservadoras, en las que hay poca tolerancia a la diversidad.
¿Cuál es el perfil del acosador? Aunque no existe un criterio uniforme al respecto, lo más habitual es que sea un narcisista, con un profundo complejo de inferioridad, que tiende a rodearse de personas mediocres o sumisas que le hacen el coro, porque el acoso casi siempre es en grupo. Son psicópatas que no tienen capacidad para ponerse en el lugar de otros y son envidiosos.
No existe un perfil psicológico que predisponga a una persona a ser víctima de acoso moral; sólo tiene que ser percibida como una amenaza por el agresor. Suelen ser profesionales brillantes que despiertan celos en los mediocres; o jóvenes, mujeres, minorías, envidiables, con éxito social; personas ingenuas y de buena fe; personas con diferente orientación sexual, ideología política, religión o procedencia geográfica; personas discapacitadas, enfermas, víctimas de violencia doméstica; o incluso mujeres u hombres atractivos o personas amenazantes, activas, eficaces y trabajadoras, que pretenden imponer reformas o implantar una nueva cultura.
Los efectos en las víctimas del acoso moral a largo plazo pueden ser: depresión, delirio, paranoia, desorganización psicosomática, conducta adictiva y tendencias suicidas. La recuperación definitiva de la víctima suele durar años y en casos extremos, no se recupera nunca la capacidad de trabajo.
Los efectos para la empresa son: ausentismo, rotación, baja moral, disminución de la creatividad, pérdida de profesionalismo, pérdida de productividad, malas condiciones de trabajo, deterioro del clima social, accidentes de trabajo, daños a la imagen corporativa, litigios y procedimientos legales. Esto representa un costo financiero para la empresa y un costo indirecto para la sociedad, con relación a los gastos en salud.
¿Cómo enfrentar la situación? La prevención de parte de la empresa es determinante: sensibilizar a los trabajadores para que puedan identificar a tiempo los factores determinantes, elaborar una estrategia de intervención, que incluya el aspecto legal y el psicológico. ¿Cómo puede defenderse la víctima? Recordemos que las cosas que no se nombran, sólo existen a medias. Lo primero es identificar el problema; documentar y registrar las agresiones desde el inicio y hacerlas públicas; hacerle frente al acosador es la única forma de hacerlo retroceder; y hacer valer y defender sus derechos.

domingo, 28 de julio de 2019

EL TRAUMA DEL ABORTO


Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

La palabra “aborto” suscita profundas emociones en casi todo el mundo y existe una feroz confrontación retórica entre dos posturas extremas, que incluso en muchos casos llega hasta el homicidio y la violencia física contra el personal de salud que atiende en las clínicas donde se practica el aborto legal.  En un extremo están quienes le dan prioridad absoluta al embrión o feto sobre las decisiones y los derechos de la mujer, representados por los grupos “pro vida”; en el otro extremo, están quienes no le dan valor al embrión o feto, representados por los grupos “pro elección”, que le dan prioridad al derecho a la vida de la mujer, considerando que ésta ya es persona y el feto no.  Ninguno de los dos extremos está dispuesto a prestar atención a los argumentos del otro.

La buena noticia es que los grupos extremos son minoría y que la gran mayoría de la gente cree que un mundo sin aborto sería un mejor lugar para todos y ni son indiferentes ante sufrimiento de los millones de mujeres que cada año enfrentan esta decisión, ni son indiferentes ante la suerte del feto.  Ven cualquier aborto como una pérdida, pero aceptan que puede haber una justificación para la interrupción de un embarazo en ciertas situaciones.

La mala noticia es que, como esta mayoría no aborda el tema con la misma pasión de los extremistas, tienen menor repercusión en la opinión pública.  Como decía Gandhi, “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.”  Mientras más radical es un grupo, más bulla hace.

Sólo las mujeres saben exactamente por qué toman la difícil decisión de abortar, decisión que debe ser tomada únicamente por quien vive la situación y quien sobrelleva las consecuencias de lo que decida, en vez de por la autoridad política.  La obligación de la autoridad política es simplemente proveer un marco legal, información y servicios que permitan planificar la familia de manera responsable, sin obligar a nadie a tener menos hijos de los que quiere, ni más de los que pueda mantener.  A pesar de que esto es lo que dicta el sentido común y pareciera tan simple, muchos grupos de las llamadas “democracias” insisten en su conspiración retrógrada y contraria a los Derechos Humanos.  Si realmente queremos encontrar una solución, es necesario difundir información objetiva sobre el tema, para comprender mejor este problema personal y social, que afecta a muchas mujeres de manera directa o indirecta en algún momento de su vida. 

La Iglesia Católica puede pedirles a sus fieles que se abstengan de usar métodos anticonceptivos que no sean los naturales, que repudien el aborto y que hagan campañas públicas para que sus dogmas se conviertan en leyes, pero no tiene derecho a impedir que los ciudadanos hagan lo que la ley los autoriza a hacer, ni a que estos hagan campañas a favor de legislación que ya tiene validez universal.  Es un debate entre la razón y el dogma, pero lo cierto es que ni la mayoría de los fieles ni los mismos sacerdotes hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen.

La Iglesia Católica no acepta interrumpir un embarazo para salvar la vida de la mujer, aunque eso signifique privar de la madre a sus otros hijos.  Lo más difícil de entender es que tampoco permita los anticonceptivos ni la educación sexual (aunque digan lo contrario) como forma de prevenir el embarazo.  La maternidad forzada es un atropello tan intolerable como el aborto forzado.  Contra toda lógica, tampoco acepta la reproducción asistida para las mujeres con problemas de fertilidad, lo que coloca a la mujer entre la espada y la pared en todos los casos.

En Panamá el aborto está despenalizado dentro de los dos primeros meses de embarazo, sólo cuando el embarazo es consecuencia de una violación carnal o cuando peligra la vida de la madre o del producto y así lo determine una Comisión multidisciplinaria, que a veces toma tanto tiempo, que cuando lo hace, ya el bebé ha nacido).  No lo autoriza por razones económicas, aunque (según “El País”), en España una de cada tres mujeres lo solicita por falta de recursos para criar otro niño.

Por cierto, la prohibición del aborto sólo afecta a las mujeres pobres, ya que las otras lo tienen a su alcance cuando quieran, pagando médicos privados o viajando al extranjero.  Aun así, para ninguna mujer se trata de una decisión ligera, sino difícil y traumática.

sábado, 20 de julio de 2019

HOMBRES AGRESORES: ¿CURA O PREVENCIÓN?




Haydée Méndez Illueca, PhD

La violencia de hombres agresores hacia sus parejas es un problema muy antiguo, que no ha podido ser erradicado en ningún lugar del mundo.  La violencia es intergeneracional; la mayor parte de los agresores y víctimas han vivido el maltrato y la violencia en su propio hogar y lo replican en su vida de adultos.  En Panamá como en los países anglosajones y a nivel internacional, las leyes, protocolos y políticas han tomado medidas preventivas y curativas en un esfuerzo por cortar el hilo conductor que transmite la violencia o la sumisión de generación en generación como una enfermedad. 

Medidas curativas: En Panamá la Ley 82 de 2013 modifica el Código Penal y establece el tratamiento terapéutico multidisciplinario, que consiste en un programa de intervención para evaluación, intervención psicoeducativa, evaluación de eficacia y finalmente seguimiento del programa, realizado por profesionales titulados, cualificados y acreditados en ciencias del comportamiento, con la colaboración de trabajo social y enfermería en salud mental para modificar las actitudes, creencias y comportamientos de los agresores.  Lamentablemente, la ley no se ha cumplido a cabalidad y a la fecha el programa sólo se ha realizado en ciertos centros de salud aislados del Ministerio de Salud, pero no hay unificación ni un programa formal definido, así como tampoco una entidad dentro del Ministerio ni lugares especiales para llevar a cabo el tratamiento.

Incluso en países donde se han invertido suficientes fondos en programas formales de intervención psicoterapéutica contra la violencia, hay poca evidencia de que el tratamiento logre erradicar la reincidencia.  El factor de mayor riesgo es la exposición a la violencia dentro de la unidad doméstica en la niñez y adolescencia.  En conclusión, la experiencia tanto en Panamá como en otros países nos indica que la efectividad de las medidas curativas aplicadas a los agresores deja mucho que desear, ya que es muy difícil cambiar la manera de pensar, de percibir y la forma en que se reacciona.  La experiencia de otros países nos indica que la disuasión por certeza de castigo, la erradicación de la impunidad y la pena de prisión para los agresores ha funcionado mejor.  Por el contrario, el tratamiento psicoterapéutico de las víctimas por estrés postraumático y síntomas de depresión de moderados a severos ha dado mejor resultado que la intervención con agresores.

Mientras que en Panamá no tenemos estadísticas por falta de seguimiento sobre la efectividad del tratamiento, en Estados Unidos algunos estudios han arrojado una cifra de 5% de reducción de la violencia en los agresores sometidos a tratamiento.  Este bajo porcentaje de éxito merece un análisis de costo-beneficio, tomando en cuenta el costo del tratamiento y los efectos potenciales secundarios, versus los beneficios en cuanto a prevenir femicidios y lesiones y reducir el riesgo psicológico a las víctimas y menores expuestos a la violencia dentro de la unidad doméstica.  Una reducción de 5% puede parecer insignificante, pero el tratamiento en casos de violencia doméstica en los Estados Unidos podría significar que aproximadamente 42,000 mujeres por año dejarían de ser maltratadas.

Medidas preventivas: En Panamá la Ley 82 de 2013 contra la violencia hacia las mujeres establece una medida preventiva muy eficaz entre las medidas cautelares personales que no se ha implementado todavía, cual es la colocación de "localizadores electrónicos", mejor conocidos como Brazaletes Electrónicos.  Desde que entró en vigencia la ley, los diferentes gobiernos han buscado diversas excusas para no implementarla, desde la falta de presupuesto (la más usada) hasta una serie de irregularidades que fueron reclamadas por las empresas y nunca fueron contestadas por el MINSEG, según “La Crítica” del 28 de septiembre de 2015.  La ley contra la violencia hacia las mujeres es casi letra muerta o ley mártir, con infinidad de disposiciones que no se cumplen o se cumplen a medias, con una suerte muy parecida a la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999.

Felizmente, pudimos ver un rayo de luz esperanzador, cuando el candidato presidencial Laurentino Cortizo prometió, en una reunión con 10,000 mujeres, que implementaría los brazaletes electrónicos.  El 15 de abril de 2019 Fundagénero hizo entrega formal de un proyecto de sistema de implementaciones tecnológicas para la prevención del delito y protección de víctimas en la República de Panamá.

Este proyecto es una esperanza para las mujeres, ya que se regularía la aplicación de estas medidas cautelares que, con el uso de estaciones de monitoreo, lograrían que, por la geo-localización de víctimas y ofensores, se evite que más mujeres mueran con una boleta de protección en la mano.


(Publicado en abril en Facetas – La Estrella)

MALA PRAXIS


Desde 2017 se ha prohijado el Proyecto de Ley “Que establece la Humanización de los Servicios de Salud, la Sanción de la Mala Praxis en Salud y adiciona dos artículos al Código Penal”.  Sin embargo, como sucede con frecuencia, sigue dormido, ya sea porque los diputados consideran que hay otros temas más importantes, porque temen el costo político, o porque ni ellos mismos se toman la molestia de leer los proyectos.  Si los detractores (especialmente los más afectados, como son las personas que prestan servicios de salud) lo leyeran con detenimiento, con toda seguridad llegarían a la conclusión de que la ley es conveniente y no hay peligro de que sean acusados injustamente.  Lo cierto es que el derecho a la salud es un derecho fundamental del ser humano, protegido por nuestra Constitución; y su goce y ejercicio debe ser garantizado por el Estado.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el 40% del total de las personas que se enferman en el país no recibe los servicios requeridos; y sólo el 20% de la población tiene algún seguro de salud.  Esto evidencia que se necesitan políticas públicas con nuevas medidas para dar respuestas a los y las usuarias del sistema de salud; mayor asignación presupuestaria; más personal en muchas áreas; modernización de las estructuras; y eliminación de los obstáculos burocráticos.  Por supuesto, esto ayudaría al personal de salud a trabajar con más eficiencia y beneficiaría la calidad y el nivel de vida de los pacientes.

La ley establece derechos y obligaciones, no sólo para los prestadores de servicios de salud, sino también para los usuarios y usuarias.  Se establece la figura penal con su respectiva sanción para los casos graves y evidentes de mala praxis, pero de igual forma se aborda el tema de la excepción de culpa y responsabilidad, así como mecanismos alternos para la solución de conflictos, cuando las partes así lo consideren.

Es importante resaltar que en todos los casos la mala praxis debe ser demostrada mediante dictámenes de auditoría externa en salud, pericias u otros medios probatorios.  La responsabilidad administrativa se determina mediante un proceso administrativo interno, según lo establecido en el reglamento interno de cada institución.  En los casos de falta grave en los altos niveles institucionales, la queja es examinada por un Consejo Técnico de Salud, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo.  Esto y la capacitación de fiscales y jueces en materia de responsabilidad civil y penal sobre mala praxis en los servicios de salud, debe fortalecer la buena práctica médica y la profilaxis del daño a terceros en el ejercicio de esta noble profesión.

Se establece un Cuerpo Técnico Especializado en materia de servicios de salud adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un cuerpo de expertos de reconocida idoneidad técnica e integridad ética, a fin de participar como peritos en los juicios disciplinarios, civiles y penales.  La ley también contempla un Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual adscrito al Ministerio de Salud, para el acompañamiento humanizado y espiritual de los enfermos y enfermas cuando así lo soliciten.

Muchas víctimas de la mala praxis son personas humildes que ni siquiera tienen conocimiento de sus derechos ni tienen voz.  Se necesitan disposiciones especiales sobre el tema de la mala praxis y una juiciosa elaboración doctrinaria y jurisprudencial sobre el tema; de lo contrario, es inevitable que nuestros jueces, en la práctica, tomen decisiones casuísticas y aleatorias, basándose en su sano juicio y en el casi inexistente testimonio de otros médicos, quienes tienden casi siempre a testificar a favor del acusado.  Es imprescindible concienciar a la comunidad sobre sus derechos, contenidos en la Ley 68 de 2003 y en este proyecto de ley, que regulan derechos y obligaciones de pacientes y prestadores.  Además, establecen la autonomía de decisión respecto a los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapia y sobre la confidencialidad de la información relacionada con su proceso, así como la libre elección de opciones de tratamientos presentados.  Un público bien informado es un público que puede defenderse y exigir que se cumpla con la aplicación correcta de los protocolos médicos.

En definitiva, es necesario humanizar la salud para disminuir y finalmente erradicar las carencias por motivos estructurales, lo que necesariamente exige reformas al sistema de salud, para cambiar su carácter burocrático, centralizado, excluyente, deficiente, sin suficiente asignación presupuestaria y carente de calidez humana.  Esperemos que la nueva asamblea que toma posesión el 1° de julio asuma esta responsabilidad.


Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

domingo, 7 de julio de 2019

MORAL SIN RELIGIÓN


“Mujeres y Constitución” es un grupo que hemos formado mujeres interesadas en que las reformas a la Constitución no dejen por fuera a la mitad de la población.  Vimos con desánimo la noticia en Telemetro donde se informaba que en el borrador del texto constitucional se había incluido la Paridad, pero no el Estado Laico.

Las excusas que se dieron para excluirlo son inválidas: Que era un tema sensitivo y complejo: FALSO.  Siempre se ha creído que Panamá es un Estado laico, pero la Constitución es ambigua y contradictoria, porque no lo dice explícitamente y por otro lado privilegia a la religión católica.  Desde el preámbulo invoca “la protección de Dios”; a pesar de decir que es libre la profesión de todas las religiones, obliga a enseñar la religión católica en las escuelas públicas.  Es un ripio decir que la religión católica es la de la mayoría de los panameños---esto no debe aparecer en un texto constitucional.  Otra excusa es que el tema había sido presentado por los jóvenes y que no se trajo originalmente:  FALSO.  No sé si también lo presentaron los jóvenes, pero las mujeres lo trajimos a colación desde un principio.

Lo cierto es que el tiempo en que la Iglesia era todopoderosa ya pasó.  El texto constitucional quedó congelado en el tiempo, se aleja de la evolución mundial y del avance de la ciencia y la tecnología, es ambiguo y contradictorio y no señala taxativamente que la República de Panamá es un Estado laico.  Hay que aprovechar la coyuntura de reformar la Constitución para modernizarla, porque sin Estado laico no hay respeto por los Derechos Humanos ni puede haber una real paridad, porque existe una antipatía histórica por las mujeres en las enseñanzas, la teología y las actitudes de la mayoría de las religiones del mundo.

El término “moral cristiana”, que aparece por doquier en el texto, excluye a las demás culturas.  ¿Y qué pasó con la moral de los agnósticos, los no-creyentes, budistas, musulmanes, judíos, taoístas, mormones y los que creen en pajaritos que le hablan al oído y en el pecado de las imágenes de caballos apocalípticos?  Puede haber moral sin religión, pero no religión sin moral.  Y es inmoral que una religión irrespete los Derechos Humanos.  Como dice una colega, y la cito porque no se puede decir mejor:

“La frase "moral cristiana" en textos legislativos es tan inexacta, que queda siendo aplicada caprichosamente a quienes no nos adecuamos a la idea del "deber ser", a quienes nos atrevemos a desafiar el mandato heteronormativo y patriarcal, o a las personas literalmente marginalizadas de la sociedad: a las feministas, a las trabajadoras sexuales, a las personas LGBTI, a las personas que viven con VIH, a extranjeros y extranjeras, a personas con problemas de salud mental y drogodependencia y un largo etcétera de "lxs otrxs".

Bajo su paraguas, se sanciona a quienes el juzgador o juzgadora no le puede "cuadrar" ninguna otra "falta" y por tanto, recurre a este comodín legislativo que sobrepasa cualquier lógica de análisis de caudal probatorio y que tanto espacio para la violencia y la arbitrariedad tipo "por mis pistolas" otorga. 

Por otro lado, incluir en un texto constitucional que el comportamiento colectivo debe ser cónsono con un tipo particular de moral (la cristiana) es otorgar mayor reconocimiento (en términos axiológicos) a ésta, en detrimento de otras.  Y no hay manera jurídica de que eso se haga, sin discriminar (o crear espacios para la discriminación) a quienes profesan otras religiones o quienes no son creyentes o a quienes simplemente no se pliegan al mandato del deber ser hegemónico.

Además, para tener moral, no se necesita tener religión. A lo que se debería/deberíamos aspirar es a que las personas nos comportemos dentro de ciertos parámetros mínimos: los derechos humanos.

Estoy realmente anonadada que en pleno siglo XXI todavía tengamos que explicar por qué los Estados Laicos son necesarios para las democracias.  Como si toda la historia no nos ha demostrado ello ya con creces.”

Las constituciones no deben reflejar principios de ninguna religión, porque esto es lo que garantiza y da validez para toda la ciudadanía de cualquier fe o de ninguna, una verdadera posición laica, que respete de manera efectiva los derechos humanos de toda la población. Y de manera particular, que los intereses y las necesidades de las mujeres sean tomados en cuenta por el Derecho desde una visión más integradora, equitativa, laica y democrática en su significado, aplicación e interpretación.

Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

martes, 2 de julio de 2019

El poder político de la ira de las mujeres


EL PAÍS - España
La movilización, impulsada por una nueva generación feminista, recorre el planeta, desde el MeToo hasta el “Hermana, yo sí te creo” de España o el “Ni una menos” en Argentina
En el contexto privado y en el público las mujeres han sido plenamente conscientes del peaje que acarrea mostrarse airadas. A la pregunta “¿estás enfadada?”, la respuesta habitual “no”, o “¿yo?, no”. Pero este arquetípico intercambio ha empezado a hacer agua en los últimos años. Sin esperar a ser preguntadas, sin tratar de disimular su cólera para ganar tiempo y lograr calmarse, muchas mujeres expresan hoy abiertamente su enfado en distintos ámbitos. Lo personal vuelve a ser político, como proclamaba el lema feminista, y además furiosamente. La broma irónica para calmar los ánimos o las lágrimas como forma líquida y poco amenazante para expresar frustración y enfado han dejado paso a un grito alto y poco apaciguador.




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Unión y desunión feminista
En sintonía con esta era de emociones en política, la ira que ellas sienten (¿explosiva?, ¿liberadora?, ¿irreverente?, ¿ciega?) ocupa calles, redes sociales, tribunas y cuartos de estar, también salas de exposiciones, pantallas cinematográficas, escenarios teatrales y, de forma apabullante, las mesas de novedades en las librerías. “No hay una sola mujer que no comprenda que su enojo es abiertamente denigrado. No necesitamos libros, estudios, teorías o especialistas que nos lo cuenten”, escribe, a pesar de ello, Soraya Chemaly en su oportuno y esclarecedor ensayo Enfurecidas. Reivindicar el poder de la ira femenina (Paidós). “Las mujeres experimentan la discriminación de formas distintas, pero comparten la experiencia de que al mostrar su enfado se les diga que están locas, son irracionales o están poseídas”.
Cierto que más allá del género, la ira genera rechazo, no resulta atractiva ni agradable; es uno de los siete pecados capitales, descendiente directa de las furias diosas de la venganza. Mitologías y tradiciones aparte, una cuestión central en torno a la cólera radica en la forma en que es entendida y etiquetada en función de quién la exprese. Valentía, capacidad de liderazgo, decisión o simplemente fuerza y convicción, son algunas de las connotaciones que pueden ir asociadas a la ira masculina y que distan mucho del pegajoso estereotipo que atrapa al enojo de una mujer. A un hombre no se le juzga de la misma manera por estar furioso; ella, si pierde los estribos, será tildada de histérica o amargada. Por eso, apunta Chemaly, a las mujeres por lo general “no nos enseñan a reconocer o manejar nuestra cólera tanto como a temerla, ignorarla, esconderla o transformarla”. El contexto cultural influye: hay lugares y culturas más relajados frente a los exabruptos tanto femeninos como masculinos, y otros en los que el autocontrol se valora por encima de todo. La tolerancia acústica de las sociedades varía: el mismo grito, capaz de hacer estallar una cristalería pongamos en Copenague, no incordia ni a una mosca en Nápoles. Y sin embargo, la ira femenina que hoy se agita clama desde muchas latitudes contra la desigualdad, el abuso, y la discriminación sistémica, con reivindicaciones concretas en cada lugar. Se calienta con la etiqueta estadounidense Metoo, el grito “Hermana, yo sí te creo” ante la sentencia de la Manada en España, o el lema argentino #NiunaMenos. Ya no vale decir que las mujeres que protestan no saben de Derecho, o no entienden un coqueteo en la oficina.
“La primera marcha fue después de que apareciera el cuerpo de una joven que llevaba un tiempo desaparecida. No era la primera, se sumaba al de tantas otras, pero se produjo la eclosión. Explotamos y no había más posibilidad de no salir, ganar la calle y hacernos escuchar”, recuerda al teléfono la escritora Claudia Piñeiro, una de las voces más preclaras y valientes del movimiento en Argentina cuyos discursos ante congresistas y senadores a favor de la legalización del aborto, finalmente tumbada en la votación, marcaron un hito. De paso por España para presentar su novela Ella lo sabe (Alfaguara) Piñeiro defiende la movilización y visibilización que ha generado la ira, logrando implicar políticamente a los jóvenes. “Si los hombres quedaran embarazados el aborto en la Argentina estaría legalizado, y no tengo duda de muchas cosas parecidas. ¿Cómo no tener ira? Te hacen algo tremendo y luego te dicen ‘pero no te enojes, decilo bien’. ¿Y por qué? Cuando además de enojarme tengo que controlarme, me pides una exageración, no tengo por qué estar tranquila”, explica Piñeiro. “Estamos llenos en la Argentina de políticos y políticas que con un tono muy suave te hablan de cómo las mujeres no deben interrumpir su embarazo, aunque los abortos se practiquen ilegalmente con agujas de tejer. Ese tono lastima más que si fuera iracundo”.
Ingrid V. Wells, ingridvwells.com
EE UU, epicentro del MeToo, y escenario de la derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 frente a Donald Trump, el magnate que presumía de agarrar los genitales de mujeres, es el foco de Rebecca Traister. Cronista especializada en cuestiones feministas para la revista New York, su libro Buenas y enfadadas, el poder revolucionario de la ira de las mujeres (Capitán Swing) elabora un pormenorizado relato del despertar y apogeo de la cólera femenina y entona una apasionada defensa del capital político que encierra. “La ira es un catalizador para clamar contra la injusticia y la desigualdad, y esto es algo histórico en lo que coinciden todos los movimientos sociales”, explica al teléfono. “Luego se transmite una versión distorsionada de la historia en la que la ira que impulsó el cambio queda tapada, como en el caso de Martin Luther King. Tampoco se enseña que muchas mujeres desobedientes, insistentes y furiosas han moldeado nuestras sociedades”.
Lo cierto es que si hubiera que señalar a alguien que ha logrado colocar el enfado en la pista central de la política, ese parece haber sido Trump. La furiosa respuesta de las mujeres en EE UU parece haber seguido el tono que él y sus bases marcaron, más que abrir un camino nuevo. Así lo señala la ensayista y crítica cultural, Laura Kipnis, por correo electrónico: “La campaña y las elecciones cambiaron el clima y después vinieron las impactantes revelaciones del MeToo que han provocado ira en muchas mujeres, sobre el ruin comportamiento sexual masculino y sus prerrogativas. Lo que es una novedad es que las instituciones sociales en EE UU han empezado a usar nuevos códigos de conducta que hacen que los hombres sean responsables de cosas que hasta ahora eran tácita o explícitamente permitidas”.
Traister rechaza que se trate de una caza de brujas —“los delitos no son inventados”—, ni “estar glorificando el odio”. En Buenas y enfadadas repasa el legado del feminismo de la Segunda Ola de los años setenta, y no obvia los peligros que entraña la ira. “Puede fragmentar y destruir, pero también inflama, sirve de motor y hace visible y audible lo que está infra reconocido”, sostiene. ¿Y las divisiones que se han generado entre distintos sectores con discusiones sobre la raza, o el apoyo que muchas han dado al sistema contra el que cargan? “Es algo valioso también porque han aflorado conversaciones complicadas y necesarias”.
La furiosa respuesta de las mujeres en EE UU parece haber seguido el tono que Trump y sus bases marcaron, más que abrir un camino nuevo
Martha C. Nussbaum, la filósofa estadounidense premio Príncipe de Asturias, ha estudiado el papel de los sentimientos en la política en La ira y el perdón (Fondo de Cultura Económica) y más recientemente de The Monarchy of Fear (la monarquía del miedo). Citando a Aristóteles ella señala que en la cólera se encuentra una necesidad de devolver el golpe. Pero la idea de la retribución, advierte, no tiene sentido: enfocarse en la ofensa original y buscar recompensa, imaginar que el sufrimiento futuro de quien ha cometido la ofensa mejorará las cosas, no funciona.
Hay otro camino que Nussbaum señala como el único válido. “Es el tipo de cólera que llamo transicional, que no busca retribución, su contenido puede resumirse en ‘esto es un escándalo y no debe suceder de nuevo’. Evidentemente, una persona que siente ese tipo de ira que está enfocada en el futuro puede buscar un castigo legal o social, porque el castigo es un elemento disuasorio”, aclara por correo electrónico. ¿Es esta la cólera que expresan hoy las mujeres en EE UU? “Sí, quieren exponer ofensas para que no vuelvan a pasar, para que toda la sociedad despierte”, apunta. “Pero a menudo se necesita una amenaza legal. El acoso sexual en el trabajo y en las universidades se ha frenado con condenas que la gente sabe que puede sufrir. No es algo nuevo, lleva en marcha 40 años en la legislación estadounidense, con valiosas sentencias. Las mujeres han trabajado en el campo legal y en la sociedad para hacer patente que el acoso sexual es una ofensa, no simple flirteo o erótica, y en casi todos los centros de trabajos hay reglas que lo persiguen. Lo que se necesita ahora es que la aplicación sea más uniforme, y que se extienda a campos como el cine o el deporte donde no hay un solo espacio de trabajo, y las estrellas han podido cometer abusos impunemente”. La ira ayuda a proteger la dignidad, es esencial para que quien comete la ofensa cargue con su responsabilidad y es fundamental para combatir la injusticia, ha escrito Nussbaum, pero si se lleva demasiado lejos puede envenenar el objetivo común.
Un frente de mujeres cuyos votos traten de impedir el retroceso de sus derechos y empujar en el avance de la igualdad no es algo que los partidos puedan obviar
Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y autor del ensayo (Fe)Male Gaze. El contrato sexual en el siglo XXI (Anagrama), advierte sobre cómo la “hipersensibilización de las relaciones puede desembocar en una enemistad recelosa”. La ironía, apunta, es que no te hacen caso hasta que no elevas la voz, pero la movilización puede causar víctimas y contrarreacciones: “En España Vox puede ser el enfado de los hombres que contesta a la ira de las mujeres”. Las emociones conviene examinarlas con cuidado. “Hay que preguntarse si la ira es la mejor forma de conseguir unos objetivos y examinar si está bien fundada, porque, tanto en hombres como en mujeres, puede no estarlo. Indignarse no da la razón automáticamente, ni tampoco la quita”. La crítica Kipnis reclama, también desde EE UU, un riguroso análisis que más allá de los daños causados permita centrase en reclamar más recursos para avanzar la causa y ayudar a las mujeres.
De lo que no hay duda, a uno y otro lado del Atlántico es de que la cólera femenina es una fuerza política en potencia, algo que habrá que tener en cuenta en la campaña electoral que se avecina en España. Un frente de mujeres cuyos votos traten de impedir el retroceso de sus derechos y empujar en el avance de la igualdad no es algo que los partidos puedan obviar.
Escribe Soraya Chemaly, la autora de Enfurecidas, que “es más fácil criticar a una mujer enfadada que preguntar ‘¿qué te pone furiosa? ¿qué podemos hacer?”. Quizá llegó la hora en el ámbito público y en el privado, de hablar del porqué de ese ceño fruncido y ese grito. Porque sí, ellas están enfadadas.