La palabra “aborto” suscita profundas emociones en casi todo el mundo
y existe una feroz confrontación retórica entre dos posturas extremas, que
incluso en muchos casos llega hasta el homicidio y la violencia física contra
el personal de salud que atiende en las clínicas donde se practica el aborto
legal.En un extremo están quienes le
dan prioridad absoluta al embrión o feto sobre las decisiones y los derechos de
la mujer, representados por los grupos “pro vida”; en el otro extremo, están
quienes no le dan valor al embrión o feto, representados por los grupos “pro
elección”, que le dan prioridad al derecho a la vida de la mujer, considerando
que ésta ya es persona y el feto no.Ninguno de los dos extremos está dispuesto a prestar atención a los
argumentos del otro.
La buena noticia es que los grupos extremos son minoría y que la gran
mayoría de la gente cree que un mundo sin aborto sería un mejor lugar para
todos y ni son indiferentes ante sufrimiento de los millones de mujeres que
cada año enfrentan esta decisión, ni son indiferentes ante la suerte del
feto.Ven cualquier aborto como una
pérdida, pero aceptan que puede haber una justificación para la interrupción de
un embarazo en ciertas situaciones.
La mala noticia es que, como esta mayoría no aborda el tema con la
misma pasión de los extremistas, tienen menor repercusión en la opinión
pública.Como decía Gandhi, “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el
silencio de la gente buena.”Mientras
más radical es un grupo, más bulla hace.
Sólo las mujeres saben exactamente por qué toman la difícil decisión
de abortar, decisión que debe ser tomada únicamente por quien vive la situación
y quien sobrelleva las consecuencias de lo que decida, en vez de por la
autoridad política.La obligación de la autoridad
política es simplemente proveer un marco legal, información y servicios que
permitan planificar la familia de manera responsable, sin obligar a nadie a
tener menos hijos de los que quiere, ni más de los que pueda mantener.A pesar de que esto es lo que dicta el
sentido común y pareciera tan simple, muchos grupos de las llamadas
“democracias” insisten en su conspiración retrógrada y contraria a los Derechos
Humanos.Si realmente queremos encontrar
una solución, es necesario difundir información objetiva sobre el tema, para
comprender mejor este problema personal y social, que afecta a muchas mujeres
de manera directa o indirecta en algún momento de su vida.
La Iglesia Católica puede pedirles a sus fieles que se abstengan de
usar métodos anticonceptivos que no sean los naturales, que repudien el aborto
y que hagan campañas públicas para que sus dogmas se conviertan en leyes, pero
no tiene derecho a impedir que los ciudadanos hagan lo que la ley los autoriza
a hacer, ni a que estos hagan campañas a favor de legislación que ya tiene
validez universal.Es un debate entre la
razón y el dogma, pero lo cierto es que ni la mayoría de los fieles ni los
mismos sacerdotes hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen.
La Iglesia Católica no acepta interrumpir un embarazo para salvar la
vida de la mujer, aunque eso signifique privar de la madre a sus otros hijos.Lo más difícil de entender es que tampoco
permita los anticonceptivos ni la educación sexual (aunque digan lo contrario) como
forma de prevenir el embarazo.La
maternidad forzada es un atropello tan intolerable como el aborto forzado.Contra toda lógica, tampoco acepta la
reproducción asistida para las mujeres con problemas de fertilidad, lo que
coloca a la mujer entre la espada y la pared en todos los casos.
En Panamá el aborto está despenalizado dentro de los dos primeros
meses de embarazo, sólo cuando el embarazo es consecuencia de una violación
carnal o cuando peligra la vida de la madre o del producto y así lo determine una
Comisión multidisciplinaria, que a veces toma tanto tiempo, que cuando lo hace,
ya el bebé ha nacido).No lo autoriza
por razones económicas, aunque (según “El País”), en España una de cada tres
mujeres lo solicita por falta de recursos para criar otro niño.
Por cierto, la prohibición del aborto sólo afecta a las mujeres
pobres, ya que las otras lo tienen a su alcance cuando quieran, pagando médicos
privados o viajando al extranjero.Aun
así, para ninguna mujer se trata de una decisión ligera, sino difícil y
traumática.
La violencia de hombres agresores hacia sus parejas
es un problema muy antiguo, que no ha podido ser erradicado en ningún lugar del
mundo.La violencia es
intergeneracional; la mayor parte de los agresores y víctimas han vivido el
maltrato y la violencia en su propio hogar y lo replican en su vida de
adultos.En Panamá como en los países
anglosajones y a nivel internacional, las leyes, protocolos y políticas han
tomado medidas preventivas y curativas en un esfuerzo por cortar el hilo
conductor que transmite la violencia o la sumisión de generación en generación
como una enfermedad.
Medidas curativas: En Panamá la Ley 82 de
2013 modifica el Código Penal y establece el tratamiento terapéutico
multidisciplinario, que consiste en un programa de intervención para
evaluación, intervención psicoeducativa, evaluación de eficacia y finalmente
seguimiento del programa, realizado por profesionales titulados, cualificados y
acreditados en ciencias del comportamiento, con la colaboración de trabajo
social y enfermería en salud mental para modificar las actitudes, creencias y
comportamientos de los agresores.Lamentablemente,
la ley no se ha cumplido a cabalidad y a la fecha el programa sólo se ha
realizado en ciertos centros de salud aislados del Ministerio de Salud, pero no
hay unificación ni un programa formal definido, así como tampoco una entidad
dentro del Ministerio ni lugares especiales para llevar a cabo el tratamiento.
Incluso en países donde se han invertido
suficientes fondos en programas formales de intervención psicoterapéutica
contra la violencia, hay poca evidencia de que el tratamiento logre erradicar
la reincidencia.El factor de mayor riesgo es la
exposición a la violencia dentro de la unidad doméstica en la niñez y
adolescencia.En conclusión, la
experiencia tanto en Panamá como en otros países nos indica que la efectividad
de las medidas curativas aplicadas a los agresores deja mucho que desear, ya
que es muy difícil cambiar la manera de pensar, de percibir y la forma
en que se reacciona.La experiencia de
otros países nos indica que la disuasión por certeza de castigo, la
erradicación de la impunidad y la pena de prisión para los agresores ha
funcionado mejor.Por
el contrario, el tratamiento psicoterapéutico de las víctimas por estrés
postraumático y síntomas de depresión de moderados a severos ha dado mejor
resultado que la intervención con agresores.
Mientras que en Panamá no tenemos estadísticas por
falta de seguimiento sobre la efectividad del tratamiento, en Estados Unidos
algunos estudios han arrojado una cifra de 5% de reducción de la violencia en
los agresores sometidos a tratamiento.Este
bajo porcentaje de éxito merece un análisis de costo-beneficio, tomando en
cuenta el costo del tratamiento y los efectos potenciales secundarios, versus
los beneficios en cuanto a prevenir femicidios y lesiones y reducir el riesgo
psicológico a las víctimas y menores expuestos a la violencia dentro de la
unidad doméstica.Una reducción de 5%
puede parecer insignificante, pero el tratamiento en casos de violencia
doméstica en los Estados Unidos podría significar que aproximadamente 42,000
mujeres por año dejarían de ser maltratadas.
Medidas preventivas: En Panamá la Ley 82 de
2013 contra la violencia hacia las mujeres establece una medida preventiva muy
eficaz entre las medidas cautelares personales que no se ha implementado
todavía, cual es la colocación de "localizadores electrónicos", mejor
conocidos como Brazaletes Electrónicos.Desde
que entró en vigencia la ley, los diferentes gobiernos han buscado diversas excusas
para no implementarla, desde la falta de presupuesto (la más usada) hasta una
serie de irregularidades que fueron reclamadas por las empresas y nunca fueron
contestadas por el MINSEG, según “La Crítica” del 28 de septiembre de 2015.La ley contra la violencia hacia las mujeres
es casi letra muerta o ley mártir, con infinidad de disposiciones que no se
cumplen o se cumplen a medias, con una suerte muy parecida a la Ley de Igualdad
de Oportunidades de 1999.
Felizmente, pudimos ver un rayo de luz
esperanzador, cuando el candidato presidencial Laurentino Cortizo prometió, en
una reunión con 10,000 mujeres, que implementaría los brazaletes
electrónicos.El 15 de abril de 2019
Fundagénero hizo entrega formal de un proyecto de sistema de implementaciones
tecnológicas para la prevención del delito y protección de víctimas en la
República de Panamá.
Este proyecto es una esperanza para las mujeres, ya
que se regularía la aplicación de estas medidas cautelares que, con el uso de
estaciones de monitoreo, lograrían que, por la geo-localización de víctimas y
ofensores, se evite que más mujeres mueran con una boleta de protección en la
mano.
Desde
2017 se ha prohijado el Proyecto de Ley “Que establece la Humanización de los
Servicios de Salud, la Sanción de la Mala Praxis en Salud y adiciona dos
artículos al Código Penal”.Sin embargo,
como sucede con frecuencia, sigue dormido, ya sea porque los diputados
consideran que hay otros temas más importantes, porque temen el costo político,
o porque ni ellos mismos se toman la molestia de leer los proyectos.Si los detractores (especialmente los más
afectados, como son las personas que prestan servicios de salud) lo leyeran con
detenimiento, con toda seguridad llegarían a la conclusión de que la ley es
conveniente y no hay peligro de que sean acusados injustamente.Lo cierto es que el derecho a la salud es un
derecho fundamental del ser humano, protegido por nuestra Constitución; y su
goce y ejercicio debe ser garantizado por el Estado.
Según
la exposición de motivos del proyecto de ley, el 40% del total de las personas
que se enferman en el país no recibe los servicios requeridos; y sólo el 20% de
la población tiene algún seguro de salud.Esto evidencia que se necesitan políticas públicas con nuevas medidas
para dar respuestas a los y las usuarias del sistema de salud; mayor asignación
presupuestaria; más personal en muchas áreas; modernización de las estructuras;
y eliminación de los obstáculos burocráticos.Por supuesto, esto ayudaría al personal de salud a trabajar con más
eficiencia y beneficiaría la calidad y el nivel de vida de los pacientes.
La
ley establece derechos y obligaciones, no sólo para los prestadores de
servicios de salud, sino también para los usuarios y usuarias.Se establece la figura penal con su
respectiva sanción para los casos graves y evidentes de mala praxis, pero de igual
forma se aborda el tema de la excepción de culpa y responsabilidad, así como
mecanismos alternos para la solución de conflictos, cuando las partes así lo
consideren.
Es
importante resaltar que en todos los casos la mala praxis debe ser demostrada mediante
dictámenes de auditoría externa en salud, pericias u otros medios
probatorios.La responsabilidad
administrativa se determina mediante un proceso administrativo interno, según
lo establecido en el reglamento interno de cada institución.En los casos de falta grave en los altos
niveles institucionales, la queja es examinada por un Consejo Técnico de Salud,
la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo.Esto y la capacitación de fiscales y jueces
en materia de responsabilidad civil y penal sobre mala praxis en los servicios
de salud, debe fortalecer la buena práctica médica y la profilaxis del daño a
terceros en el ejercicio de esta noble profesión.
Se
establece un Cuerpo Técnico Especializado en materia de servicios de salud adscrito
al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un cuerpo de expertos de
reconocida idoneidad técnica e integridad ética, a fin de participar como
peritos en los juicios disciplinarios, civiles y penales.La ley también contempla un Programa de Acompañamiento
Humano y Espiritual adscrito al Ministerio de Salud, para el acompañamiento
humanizado y espiritual de los enfermos y enfermas cuando así lo soliciten.
Muchas
víctimas de la mala praxis son personas humildes que ni siquiera tienen
conocimiento de sus derechos ni tienen voz.Se necesitan disposiciones especiales sobre el tema de la mala praxis y
una juiciosa elaboración doctrinaria y jurisprudencial sobre el tema; de lo
contrario, es inevitable que nuestros jueces, en la práctica, tomen decisiones
casuísticas y aleatorias, basándose en su sano juicio y en el casi inexistente
testimonio de otros médicos, quienes tienden casi siempre a testificar a favor
del acusado.Es imprescindible
concienciar a la comunidad sobre sus derechos, contenidos en la Ley 68 de 2003
y en este proyecto de ley, que regulan derechos y obligaciones de pacientes y
prestadores. Además, establecen la
autonomía de decisión respecto a los procedimientos de pronóstico, diagnóstico
y terapia y sobre la confidencialidad de la información relacionada con su
proceso, así como la libre elección de opciones de tratamientos
presentados.Un público bien informado
es un público que puede defenderse y exigir que se cumpla con la aplicación
correcta de los protocolos médicos.
En
definitiva, es necesario humanizar la salud para disminuir y finalmente
erradicar las carencias por motivos estructurales, lo que necesariamente exige
reformas al sistema de salud, para cambiar su carácter burocrático,
centralizado, excluyente, deficiente, sin suficiente asignación presupuestaria
y carente de calidez humana.Esperemos
que la nueva asamblea que toma posesión el 1° de julio asuma esta
responsabilidad.
“Mujeres y
Constitución” es un grupo que hemos formado mujeres interesadas en que las
reformas a la Constitución no dejen por fuera a la mitad de la población.Vimos con desánimo la noticia en Telemetro donde
se informaba que en el borrador del texto constitucional se había incluido la
Paridad, pero no el Estado Laico.
Las excusas
que se dieron para excluirlo son inválidas: Que era un tema sensitivo y
complejo: FALSO.Siempre se ha creído que
Panamá es un Estado laico, pero la Constitución es ambigua y contradictoria, porque
no lo dice explícitamente y por otro lado privilegia a la religión católica. Desde el preámbulo invoca “la protección de
Dios”; a pesar de decir que es libre la profesión de todas las religiones,
obliga a enseñar la religión católica en las escuelas públicas.Es un ripio decir que la religión católica es
la de la mayoría de los panameños---esto no debe aparecer en un texto
constitucional.Otra excusa es que el
tema había sido presentado por los jóvenes y que no se trajo
originalmente:FALSO.No sé si también lo presentaron los jóvenes,
pero las mujeres lo trajimos a colación desde un principio.
Lo cierto es
que el tiempo en que la Iglesia era todopoderosa ya pasó.El texto constitucional quedó congelado en el
tiempo, se aleja de la evolución mundial y del avance de la ciencia y la
tecnología, es ambiguo y contradictorio y no señala taxativamente que la
República de Panamá es un Estado laico. Hay
que aprovechar la coyuntura de reformar la Constitución para modernizarla,
porque sin Estado laico no hay respeto por los Derechos Humanos ni puede haber una
real paridad, porque existe una antipatía histórica por las mujeres en las
enseñanzas, la teología y las actitudes de la mayoría de las religiones del
mundo.
El término
“moral cristiana”, que aparece por doquier en el texto, excluye a las demás
culturas.¿Y qué pasó con la moral de
los agnósticos, los no-creyentes, budistas, musulmanes, judíos, taoístas,
mormones y los que creen en pajaritos que le hablan al oído y en el pecado de
las imágenes de caballos apocalípticos?Puede haber moral sin religión, pero no religión sin moral.Y es inmoral que una religión irrespete los
Derechos Humanos.Como dice una colega,
y la cito porque no se puede decir mejor:
“La frase "moral
cristiana" en textos legislativos es tan inexacta, que queda siendo
aplicada caprichosamente a quienes no nos adecuamos a la idea del "deber
ser", a quienes nos atrevemos a desafiar el mandato heteronormativo y
patriarcal, o a las personas literalmente marginalizadas de la sociedad: a las
feministas, a las trabajadoras sexuales, a las personas LGBTI, a las personas
que viven con VIH, a extranjeros y extranjeras, a personas con problemas de
salud mental y drogodependencia y un largo etcétera de "lxs otrxs".
Bajo su paraguas, se sanciona a
quienes el juzgador o juzgadora no le puede "cuadrar" ninguna otra
"falta" y por tanto, recurre a este comodín legislativo que sobrepasa
cualquier lógica de análisis de caudal probatorio y que tanto espacio para la
violencia y la arbitrariedad tipo "por mis pistolas" otorga.
Por otro lado, incluir en un
texto constitucional que el comportamiento colectivo debe ser cónsono con un
tipo particular de moral (la cristiana) es otorgar mayor reconocimiento (en
términos axiológicos) a ésta, en detrimento de otras.Y no hay manera jurídica de que eso se haga,
sin discriminar (o crear espacios para la discriminación) a quienes profesan
otras religiones o quienes no son creyentes o a quienes simplemente no se
pliegan al mandato del deber ser hegemónico.
Además, para tener moral, no se
necesita tener religión. A lo que se debería/deberíamos aspirar es a que las
personas nos comportemos dentro de ciertos parámetros mínimos: los derechos
humanos.
Estoy realmente anonadada que en pleno siglo XXI todavía
tengamos que explicar por qué los Estados Laicos son necesarios para las
democracias.Como si toda la historia no
nos ha demostrado ello ya con creces.”
Las constituciones no deben reflejar principios de ninguna religión,
porque esto es lo que garantiza y da validez para toda la ciudadanía de
cualquier fe o de ninguna, una verdadera posición laica, que respete de manera
efectiva los derechos humanos de toda la población. Y de manera particular, que
los intereses y las necesidades de las mujeres sean
tomados en cuenta por el Derecho desde una visión más integradora, equitativa,
laica y democrática en su significado, aplicación e interpretación.
La movilización, impulsada por una
nueva generación feminista, recorre el planeta, desde el MeToo hasta el
“Hermana, yo sí te creo” de España o el “Ni una menos” en Argentina
En el contexto privado y en el
público las mujeres han sido plenamente conscientes del peaje que acarrea
mostrarse airadas. A la pregunta “¿estás enfadada?”, la respuesta habitual
“no”, o “¿yo?, no”. Pero este arquetípico intercambio ha empezado a hacer agua
en los últimos años. Sin esperar a ser preguntadas, sin tratar de disimular su
cólera para ganar tiempo y lograr calmarse, muchas mujeres expresan hoy
abiertamente su enfado en distintos ámbitos. Lo personal vuelve a ser político,
como proclamaba el lema feminista, y además furiosamente. La broma irónica para
calmar los ánimos o las lágrimas como forma líquida y poco amenazante para
expresar frustración y enfado han dejado paso a un grito alto y poco
apaciguador.
En sintonía con esta era de emociones en política, la ira que ellas sienten
(¿explosiva?, ¿liberadora?, ¿irreverente?, ¿ciega?) ocupa calles, redes
sociales, tribunas y cuartos de estar, también salas de exposiciones, pantallas
cinematográficas, escenarios teatrales y, de forma apabullante, las mesas de
novedades en las librerías. “No hay una sola mujer que no comprenda que su
enojo es abiertamente denigrado. No necesitamos libros, estudios, teorías o
especialistas que nos lo cuenten”, escribe, a pesar de ello, Soraya Chemaly en
su oportuno y esclarecedor ensayo Enfurecidas. Reivindicar el
poder de la ira femenina (Paidós). “Las mujeres experimentan la
discriminación de formas distintas, pero comparten la experiencia de que al
mostrar su enfado se les diga que están locas, son irracionales o están
poseídas”.
Cierto que más allá del género, la ira genera rechazo, no
resulta atractiva ni agradable; es uno de los siete pecados capitales,
descendiente directa de las furias diosas de la venganza. Mitologías y
tradiciones aparte, una cuestión central en torno a la cólera radica en la
forma en que es entendida y etiquetada en función de quién la exprese.
Valentía, capacidad de liderazgo, decisión o simplemente fuerza y convicción,
son algunas de las connotaciones que pueden ir asociadas a la ira masculina y
que distan mucho del pegajoso estereotipo que atrapa al enojo de una mujer. A
un hombre no se le juzga de la misma manera por estar furioso; ella, si pierde
los estribos, será tildada de histérica o amargada. Por eso, apunta Chemaly, a
las mujeres por lo general “no nos enseñan a reconocer o manejar nuestra cólera
tanto como a temerla, ignorarla, esconderla o transformarla”. El contexto
cultural influye: hay lugares y culturas más relajados frente a los exabruptos
tanto femeninos como masculinos, y otros en los que el autocontrol se valora
por encima de todo. La tolerancia acústica de las sociedades varía: el mismo
grito, capaz de hacer estallar una cristalería pongamos en Copenague, no
incordia ni a una mosca en Nápoles. Y sin embargo, la ira femenina que hoy se
agita clama desde muchas latitudes contra la desigualdad, el abuso, y la
discriminación sistémica, con reivindicaciones concretas en cada lugar. Se
calienta con la etiqueta estadounidense Metoo,
el grito “Hermana, yo sí te creo” ante la sentencia de la Manada en España, o el lema argentino #NiunaMenos. Ya no vale decir que las mujeres que
protestan no saben de Derecho, o no entienden un coqueteo en la oficina.
“La primera marcha fue después de que apareciera el cuerpo de
una joven que llevaba un tiempo desaparecida. No era la primera, se sumaba al
de tantas otras, pero se produjo la eclosión. Explotamos y no había más
posibilidad de no salir, ganar la calle y hacernos escuchar”, recuerda al
teléfono la escritora Claudia Piñeiro, una de las voces más
preclaras y valientes del movimiento en Argentina cuyos discursos ante
congresistas y senadores a favor de la legalización del aborto, finalmente
tumbada en la votación, marcaron un hito. De paso por España para presentar su
novela Ella lo sabe
(Alfaguara) Piñeiro defiende la movilización y visibilización que ha generado
la ira, logrando implicar políticamente a los
jóvenes. “Si los hombres quedaran embarazados el aborto en la
Argentina estaría legalizado, y no tengo duda de muchas cosas parecidas. ¿Cómo
no tener ira? Te hacen algo tremendo y luego te dicen ‘pero no te enojes,
decilo bien’. ¿Y por qué? Cuando además de enojarme tengo que controlarme, me
pides una exageración, no tengo por qué estar tranquila”, explica Piñeiro.
“Estamos llenos en la Argentina de políticos y políticas que con un tono muy
suave te hablan de cómo las mujeres no deben interrumpir su embarazo, aunque
los abortos se practiquen ilegalmente con agujas de tejer. Ese tono lastima más
que si fuera iracundo”.
Ingrid
V. Wells, ingridvwells.com
EE UU, epicentro del MeToo, y escenario de la derrota de Hillary Clinton en las elecciones
presidenciales de 2016 frente a Donald Trump, el magnate que presumía de
agarrar los genitales de mujeres, es el foco de Rebecca Traister. Cronista
especializada en cuestiones feministas para la revista New
York, su libro Buenas y enfadadas, el poder revolucionario de la ira de las mujeres
(Capitán Swing) elabora un pormenorizado relato del despertar y apogeo de la
cólera femenina y entona una apasionada defensa del capital político que
encierra. “La ira es un catalizador para clamar contra la injusticia y la
desigualdad, y esto es algo histórico en lo que coinciden todos los movimientos
sociales”, explica al teléfono. “Luego se transmite una versión distorsionada
de la historia en la que la ira que impulsó el cambio queda tapada, como en el
caso de Martin Luther King. Tampoco se enseña que muchas mujeres desobedientes,
insistentes y furiosas han moldeado nuestras sociedades”.
Lo cierto es que si hubiera que
señalar a alguien que ha logrado colocar el enfado en la pista central de la
política, ese parece haber sido Trump. La furiosa respuesta de las mujeres en
EE UU parece haber seguido el tono que él y sus bases marcaron, más que abrir
un camino nuevo. Así lo señala la ensayista y crítica cultural, Laura Kipnis,
por correo electrónico: “La campaña y las elecciones cambiaron el clima y
después vinieron las impactantes revelaciones del MeToo que han provocado ira
en muchas mujeres, sobre el ruin comportamiento sexual masculino y sus
prerrogativas. Lo que es una novedad es que las instituciones sociales en EE UU
han empezado a usar nuevos códigos de conducta que hacen que los hombres sean
responsables de cosas que hasta ahora eran tácita o explícitamente permitidas”.
Traister rechaza que se trate de una caza de brujas —“los
delitos no son inventados”—, ni “estar glorificando el odio”. En Buenas y enfadadas repasa el legado del feminismo de la
Segunda Ola de los años setenta, y no obvia los peligros que entraña
la ira. “Puede fragmentar y destruir, pero también inflama, sirve de motor y
hace visible y audible lo que está infra reconocido”, sostiene. ¿Y las
divisiones que se han generado entre distintos sectores con discusiones sobre
la raza, o el apoyo que muchas han dado al sistema contra el que cargan? “Es
algo valioso también porque han aflorado conversaciones complicadas y
necesarias”.
La furiosa respuesta de las mujeres en EE UU parece haber seguido el tono que Trump y sus bases marcaron, más que abrir un camino nuevo
Martha C. Nussbaum, la filósofa
estadounidense premio Príncipe de Asturias, ha estudiado el papel de
los sentimientos en la política en La
ira y el perdón (Fondo de Cultura Económica) y más recientemente de
The Monarchy of Fear (la monarquía
del miedo). Citando a Aristóteles ella señala que en la cólera se encuentra una
necesidad de devolver el golpe. Pero la idea de la retribución, advierte, no
tiene sentido: enfocarse en la ofensa original y buscar recompensa, imaginar
que el sufrimiento futuro de quien ha cometido la ofensa mejorará las cosas, no
funciona.
Hay otro camino que Nussbaum
señala como el único válido. “Es el tipo de cólera que llamo transicional, que
no busca retribución, su contenido puede resumirse en ‘esto es un escándalo y
no debe suceder de nuevo’. Evidentemente, una persona que siente ese tipo de
ira que está enfocada en el futuro puede buscar un castigo legal o social,
porque el castigo es un elemento disuasorio”, aclara por correo electrónico.
¿Es esta la cólera que expresan hoy las mujeres en EE UU? “Sí, quieren exponer
ofensas para que no vuelvan a pasar, para que toda la sociedad despierte”,
apunta. “Pero a menudo se necesita una amenaza legal. El acoso sexual en el
trabajo y en las universidades se ha frenado con condenas que la gente sabe que
puede sufrir. No es algo nuevo, lleva en marcha 40 años en la legislación
estadounidense, con valiosas sentencias. Las mujeres han trabajado en el campo
legal y en la sociedad para hacer patente que el acoso sexual es una ofensa, no
simple flirteo o erótica, y en casi todos los centros de trabajos hay reglas
que lo persiguen. Lo que se necesita ahora es que la aplicación sea más
uniforme, y que se extienda a campos como el cine o el deporte donde no hay un
solo espacio de trabajo, y las estrellas han podido cometer abusos
impunemente”. La ira ayuda a proteger la dignidad, es esencial para que quien
comete la ofensa cargue con su responsabilidad y es fundamental para combatir
la injusticia, ha escrito Nussbaum, pero si se lleva demasiado lejos puede
envenenar el objetivo común.
Un frente de mujeres cuyos votos traten de impedir el retroceso de sus derechos y empujar en el avance de la igualdad no es algo que los partidos puedan obviar
Manuel Arias Maldonado,
profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y autor del ensayo (Fe)Male Gaze. El contrato sexual en
el siglo XXI (Anagrama), advierte sobre cómo la
“hipersensibilización de las relaciones puede desembocar en una enemistad
recelosa”. La ironía, apunta, es que no te hacen caso hasta que no elevas la
voz, pero la movilización puede causar víctimas y contrarreacciones: “En España
Vox puede ser el enfado de los hombres que contesta a la ira de las mujeres”.
Las emociones conviene examinarlas con cuidado. “Hay que preguntarse si la ira
es la mejor forma de conseguir unos objetivos y examinar si está bien fundada,
porque, tanto en hombres como en mujeres, puede no estarlo. Indignarse no da la
razón automáticamente, ni tampoco la quita”. La crítica Kipnis reclama, también
desde EE UU, un riguroso análisis que más allá de los daños causados permita
centrase en reclamar más recursos para avanzar la causa y ayudar a las mujeres.
De lo que no hay duda, a uno y
otro lado del Atlántico es de que la cólera femenina es una fuerza política en
potencia, algo que habrá que tener en cuenta en la campaña electoral que se
avecina en España. Un frente de mujeres cuyos votos traten de impedir el
retroceso de sus derechos y empujar en el avance de la igualdad no es algo que
los partidos puedan obviar.
Escribe Soraya Chemaly, la autora de Enfurecidas,
que “es más fácil criticar a una mujer enfadada que preguntar ‘¿qué te pone
furiosa? ¿qué podemos hacer?”. Quizá llegó la hora en el ámbito público y en el
privado, de hablar del porqué de ese ceño fruncido y ese grito. Porque sí,
ellas están enfadadas.
