LA JERARQUÍA QUE PERSISTE

 Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

 Las jerarquías sociales han sido construcciones imaginadas que se presentan como naturales, justas e inevitables. A lo largo de la historia, las sociedades han clasificado a las personas en categorías de ricos y pobres, castas superiores e inferiores, o razas dominantes y razas sometidas.  Muchas eran legales y luego se convirtieron en una parte inherente de la mitología, de la práctica religiosa y en hábitos sociales.  No todas las sociedades se basan en las mismas jerarquías y cambian con el tiempo, pero hay una jerarquía que ha sido de importancia suprema en todas las sociedades humanas conocidas: la jerarquía de género.

 Desde la revolución agrícola, las sociedades han favorecido a los hombres sobre las mujeres. En muchas culturas, el nacimiento de una niña era considerado una desgracia. Las mujeres eran vistas como propiedad de los hombres (padres, maridos o hermanos) y carecían de derechos básicos y de autonomía sexual.  El cacique Careta le regaló a Balboa su hija Anayansi a cambio de su libertad.  En 2006, todavía había 63 países en los que un marido no podía ser juzgado por la violación de su esposa.

 Aunque se suele argumentar que la división entre hombres y mujeres es natural y basada en la biología, es un producto de la imaginación, como el sistema de castas o el sistema racial en América.  A lo largo de la historia, las sociedades han impuesto normas de comportamiento a hombres y mujeres sin una base biológica firme.  Hoy, las mujeres todavía están insuficientemente representadas en la política y los negocios.  En Panamá sólo hay 14 mujeres de 71 diputados en la Asamblea Nacional.  Sin embargo, no existe ninguna barrera legal a su participación en política y la mayoría piensa que es normal que una mujer ejerza cargos públicos.

 Las relaciones homosexuales también son una construcción cultural.  En algunas sociedades se han considerado como antinaturales.  Sin embargo, la biología no dicta normas morales, sino que es la cultura la que impone restricciones.  En la Grecia clásica se consideraba normal que Alejandro Magno tuviera a Hefestión como amante, por ejemplo.  La única forma de distinguir lo antinatural de lo justificado mediante mitos es: si la biología lo permite y la cultura lo prohíbe.  Desde una perspectiva biológica, todo lo que es posible es natural.  Por ejemplo, la biología permite que las mujeres tengan hijos, mientras algunas culturas las obligan a tenerlos.  Lo antinatural sería que los humanos crezcan alas y vuelen, que las mujeres corran más rápido que la velocidad de la luz o que dos electrones con carga negativa se atraigan mutuamente.

 El concepto de "natural" no proviene de la biología, sino de creencias teológicas. Biológicamente, los humanos se dividen en machos y hembras, pero las categorías de "hombre" y "mujer" son sociales y han variado con el tiempo.  La masculinidad y la feminidad son construcciones culturales en constante cambio, lo que obliga a hombres y mujeres a reafirmar constantemente su identidad de género según las normas de su sociedad.

 El patriarcado ha predominado en casi todas las sociedades desde la revolución agrícola. Aunque han existido excepciones como Cleopatra o Isabel I de Inglaterra, la norma ha sido la subordinación de la mujer. ¿Existe alguna razón biológica universal por la que casi todas las culturas valoran más la masculinidad que la feminidad?

 Algunas teorías apuntan a la fuerza física masculina como fuente de poder, pero esta explicación es insuficiente, ya que el liderazgo político rara vez ha estado vinculado a la fuerza bruta.  Otras teorías sugieren que la agresión masculina ha sido clave en la guerra, pero no explican por qué el control de las sociedades también ha recaído en los hombres.

 Otra hipótesis es que, durante la evolución, hombres y mujeres desarrollaron diferentes estrategias de supervivencia: los hombres se enfocaron en la competencia y la lucha, mientras que las mujeres fortalecieron sus habilidades sociales y organizativas. Sin embargo, esto genera una paradoja: si el éxito del Homo sapiens se basa en la cooperación, ¿por qué los hombres, supuestamente menos cooperativos, han dominado sobre las mujeres?

 A pesar de siglos de dominio patriarcal, en el último siglo los roles de género han cambiado drásticamente. En muchas sociedades, hombres y mujeres gozan de igualdad de derechos legales, políticos y económicos. No obstante, persisten desigualdades, como la brecha salarial y la subrepresentación de mujeres en el poder.

 El patriarcado es un dinosaurio que no muere y ha demostrado una resistencia sorprendente a pesar de todas las lanzas con que ha sido herido: acceso a la educación, derecho al voto y autonomía sexual.  En este mes de la mujer debemos recordar que la lucha por la igualdad de género continúa y no podemos dejar que el dinosaurio vuelva a levantar su cabeza.

PROSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS: UN ENFOQUE INTEGRAL

 

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y defensora de Derechos Humanos

 A mis manos cayó un libro sumamente impactante de Kamila Ferreira, titulado España, la Tailandia Europea; Las cloacas de la prostitución.  Está escrito en primera persona por una brasileña que fue prostituida por su propia familia.  Describe el infierno que es “el sistema prostitucional”, como lo llama, desde adentro y cuenta la vergonzosa, dura, cruda y cruel realidad de este sistema, que fue creado por y para los hombres y da un motivo más para la abolición de la prostitución en el mundo.

 La prostitución ha existido en diferentes culturas desde tiempos inmemorables, pero no se limita solo a aspectos económicos o morales, sino que también involucra cuestiones de derechos humanos, libertad personal, y seguridad.  En este contexto, es fundamental analizar cómo las leyes y políticas públicas afectan la vida de las personas que ejercen la prostitución, y cómo los derechos humanos pueden ser protegidos y promovidos en este ámbito.

 Cuando se examina la prostitución desde la perspectiva de los derechos humanos, se debe considerar la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  Si bien en muchos países la prostitución no está directamente prohibida, las personas que ejercen esta actividad a menudo sufren estigmatización, violencia, explotación laboral y restricciones en el acceso a servicios de salud o seguridad social, que entran en conflicto con la protección de derechos fundamentales.

 Uno de los mayores dilemas en el debate sobre la prostitución es la cuestión del consentimiento.  En algunos contextos, se argumenta que la prostitución es una forma legítima de trabajo sexual, donde las personas pueden elegir libremente participar y tener control sobre su cuerpo y sus decisiones.  Este punto de vista sostiene que la despenalización de la prostitución permite a las personas trabajadoras sexuales acceder a derechos laborales, servicios de salud y protección legal, sin ser criminalizadas.

 Sin embargo, este enfoque es cuestionado por quienes sostienen que muchas personas no entran en la prostitución por libre elección, sino como resultado de coerción, pobreza o explotación.  En este sentido, la prostitución puede ser vista como una forma de violencia de género, ya que afecta principalmente a mujeres y personas transgénero, quienes, en muchos casos, se ven atrapadas en un ciclo de violencia y explotación.  En estos casos, las personas involucradas en la prostitución a menudo se encuentran en situaciones en las que su consentimiento no es genuino, sino resultado de factores estructurales como la desigualdad social, la falta de acceso a la educación, discriminación, o violencia doméstica.

 Los tres modelos más relevantes como enfoques legales en el ámbito de la prostitución son:

 (1)  Despenalización, que se refiere a la eliminación de las leyes que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, pero no regulan de manera explícita el trabajo sexual.  La prostitución es vista como una actividad legal que debe ser protegida por los derechos laborales y la seguridad social.  Países como Nueva Zelanda han adoptado este modelo, buscando garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, al tiempo que se eliminan las sanciones penales.

 (2)  Abolicionismo: busca erradicar la prostitución a través de la penalización de los clientes y proxenetas, mientras se busca proteger a las personas que ejercen la prostitución y son explotadas sexualmente.  Se considera que, al desincentivar la demanda, la prostitución disminuirá.  Se basa en la idea de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y las personas vulnerables y debe ser eliminada.  Es el modelo de varios países como Suecia.  En Panamá se optó por este modelo, al promulgar la Ley 79 de 2011 sobre trata de personas y actividades conexas, que penaliza la compra de servicios sexuales, pero no la venta.

 (3)  Legalización: Alemania y Holanda han optado por legalizar la prostitución, regulándola como una actividad económica, con licencias para los burdeles y medidas de seguridad para las y los trabajadores sexuales.  Con esto se busca garantizar los derechos laborales y mejorar las condiciones de seguridad y salud.  Sin embargo, los críticos señalan que la legalización puede fomentar el tráfico sexual y la explotación, ya que no siempre aborda las causas subyacentes que llevan a las personas a ejercer la prostitución, como la pobreza y la desigualdad.

 La prostitución sigue siendo un tema controvertido en muchas partes del mundo, pero es imperativo que los países adopten políticas públicas de protección de los derechos humanos considerando la realidad social, para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, garantizando la seguridad y dignidad de las y los trabajadores sexuales.

LAS DECLARACIONES DESCABELLADAS DE TRUMP Y SUS SEGUIDORES

 

Haydée Méndez, Ph.D.

Abogada y Escritora

 Algunos opinaban que nuestro presidente no debía contestarle a las descabelladas declaraciones del futuro presidente Trump, donde amenaza a Panamá con quitarle el canal “en su totalidad y sin cuestionamientos” si no se respetan acuerdos y se reducen las tarifas “exorbitantes” para los buques mercantes y navales estadounidenses.  Dice que el canal no fue otorgado para beneficio de otros (refiriéndose a China), sino como “muestra de cooperación con nosotros y Panamá”.  Yo siempre opiné que el presidente sí debía contestarle, porque lo que dijo Trump, más que una amenaza (por cierto, difícil de cumplir), fue un insulto a Panamá.  Para mi gran satisfacción, nuestro presidente le contestó como mucho acierto y lo dejó como lo que es: un gran ignorante de cómo se manejan las tarifas en el Canal, de la historia, de la ampliación hecha con nuestro esfuerzo y de las luchas que hemos realizado para recuperar nuestra soberanía.  De robarse el Canal y su ampliación, tendría que hacerlo a la fuerza, porque sería una apropiación totalmente ilegal y Estados Unidos estaría violando el Tratado Torrijos-Carter, el Tratado de Neutralidad y todas las referentes normas de Derecho Internacional.

 

Panamá no cobra cifras “exorbitantes” a los barcos mercantes gringos.  Aunque el 72% de la carga que pasa por el canal va hacia los EE. UU., éste no tiene grandes empresas navieras, ya que ninguno de los diez principales clientes del Canal (que mueven la mayoría de la carga), son gringos: CMA-CGM: Malta; COSCO: China; CSVA: Chile; Evergreen: Taiwán; Hamburg SUD: Alemania; HAPAG Lloyd: Alemania; MAERSK: Dinamarca; MITSUI OSK: Japón; MSC: Grecia; NYK: Japón.

 

A los barcos de la Marina de Guerra de Estados Unidos no le cobramos tarifas “exorbitantes”, porque por tratado tienen prioridad para pasar por el canal y pagan una tarifa especial.

 

No murieron miles de gringos en la construcción del canal.  El total de muertos por accidentes laborales y enfermedades fue de 5,609 trabajadores, la gran mayoría antillanos y chinos y no se sabe exactamente cuántos gringos murieron.

 

Los chinos no controlan el canal.  Hutchison Whampoa Ltd controla 2 de los 5 puertos desde hace 28 años; Evergreen, de Taiwán, controla 1; Carrix, de Estados Unidos, controla 1; y PSA, de Singapur, controla el otro.  China no tiene absolutamente ninguna inherencia en las actividades del Canal.  China Engineering se ganó la licitación para la construcción de cuarto puente sobre el canal y compitió con empresas gringas que ofertaron un mayor precio.  La empresa VINCI (francesa) construyó el tercer puente y ningún gringo protestó.

 

Estados Unidos no invirtió miles de millones en el canal.  El canal costó $375M (la ampliación costó $8,000M), incluyendo los 10 miserables millones que le dieron a Panamá y los $40M que les pagaron a los franceses por la chatarra que dejaron.

 

A mis manos llegó un librito publicado por la Sociedad Bolivariana de Panamá en diciembre de 2018, titulado El discurso que nunca se pronunció, donde aparece el texto de un discurso que el general Omar Torrijos Herrera debía dar para la celebración del aniversario 150 del Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1976.  Este discurso nunca se pronunció, porque por segunda vez, surgieron discrepancias insalvables entre los gobiernos invitados y ningún presidente vino a Panamá.

 

El texto deja en evidencia que el pensamiento de Bolívar se adelantó 94 años al pacto que creó la Sociedad de Naciones de 1920; 119 años a la Carta de San Francisco, que creó la actual Organización de las Naciones Unidas en 1945; 122 años a la creación de la O.E.A. en 1948; y a casi 200 años a nuestra situación actual.

 

Y digo que el pensamiento de Bolívar abarca la situación actual, porque como dice el discurso, aunque tenemos la impresión, a veces, de que nuestras naciones no necesitan ya una alianza como la inspirada por Bolívar y formalizada en el Congreso de 1826 y el Congreso Anfictiónico pareciera hoy de dudoso valor práctico, resulta ser todo lo contrario.

 

Hoy, la unidad latinoamericana tiene tanta importancia y vigencia como en 1826.  Estamos viendo el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos, sin el cual no nos hubiéramos sacudido el yugo del imperio estadounidense.  La ubicación de la América Latina ante los poderes del mundo no ha variado mucho en casi dos siglos.  Como entonces, América Latina sigue siendo explotada por potencias extranjeras y la necesidad de una integración es tan apremiante ahora, como cuando Bolívar la propuso.

 

Vemos ahora el intento de revertir el resultado de nuestra histórica lucha por el Canal de Panamá, como otro asalto a nuestra soberanía.  Aunque Panamá logró ser soberana en todo su territorio con el apoyo de Latinoamérica y el mundo, todavía esperamos que el ideal sembrado por Bolívar en 1826 dé cosecha, ya que si la hubiera dado, no estarían aún Belice, Las Malvinas y Puerto Rico en manos extranjeras y nuestro país no hubiera sido un país ocupado casi por un siglo.

LA VIOLENCIA DIGITAL: UN RETO INVISIBLE EN LA ERA TECNOLÓGICA

1.  

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y defensora de Derechos Humanos

¿Qué es la violencia digital? La violencia digital se refiere al uso de plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras herramientas tecnológicas, para ejercer control, manipulación, agresión o acoso hacia otra persona.  Se puede manifestar de muchas formas, como el ciberacoso, la difusión no consentida de contenido privado, el stalking digital (término que se refiere al trastorno que padece una persona, que lo incita a espiar a otra), la manipulación psicológica en línea o el uso de tecnologías para controlar o monitorizar a alguien sin su consentimiento.

 

La violencia digital es una forma de abuso que ha emergido con fuerza en la era de la tecnología, afectando a millones de personas en todo el mundo.  Afecta principalmente a niños, adolescentes y mujeres.  Es esencial reconocer y abordar esta problemática para crear un espacio digital más seguro para todos.

 

La violencia digital obstaculiza el acceso seguro a las comunicaciones e información digital.  Limita el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y tiene consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas.  Por ejemplo, una persona toma fotos de una joven en redes sociales y las modifica con inteligencia artificial, haciendo un video de contenido sexual.  Luego publica las imágenes, etiquetando a la chica.  Sus compañeros de trabajo y “amigos” comienzan a difundir los videos, sin saber que son falsos.  Ella sufre acoso laboral y se ve aislada socialmente.  Cuando denuncia el video, las plataformas tardan semanas en actuar, pero los videos siguen circulando, dañando su reputación.

 

La violencia digital tiene serias consecuencias para las víctimas, que pueden sufrir una amplia variedad de consecuencias psicológicas, sociales y emocionales, tales como: ansiedad y depresión, baja autoestima, aislamiento social, miedo y estrés constante, daño a la reputación personal o profesional y pueden llegar hasta tener ideas suicidas.

 

En muchos países, la legislación ya contempla el delito de ciberacoso o delitos informáticos, por lo que las autoridades tienen la obligación de investigar los casos y, si es necesario, presentar cargos.  En algunos países de América Latina, como México y Argentina, se han implementado leyes específicas para sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas (conocido como "sexting sin consentimiento"), lo que ofrece un recurso legal adicional para las víctimas.

 

En Panamá la legislación panameña no posee leyes concretas y puntualizadas que cubren estas situaciones, dando paso a que la violencia digital siga dándose en diferentes plataformas sin ser sancionada.  Por ello, el ex procurador Caraballo presentó el proyecto de Ley 61 en 2024, que establece medidas para enfrentar estos delitos en el ámbito digital.  Sus objetivos incluyen la protección de los datos personales, el castigo a quienes cometan ciberacoso y suplantación de identidad, y la regulación del acceso a datos en investigaciones de ciberdelitos. 

 

Esta ley todavía no incluye a todos los otros grupos que están en situación de vulnerabilidad con respecto a sus derechos humanos, como a las personas con discapacidad, a la mujer indígena y la comunidad LGBT+.  Aunque es un paso adelante, todavía estamos atrasados en comparación con muchos otros países.  Según un estudio realizado en Centroamérica en 2021 por IPANDETEC y Centro LATAM Digital, Panamá ocupa el segundo lugar, después de El Salvador, donde se presentan más casos de violencia digital.

 

La ley fue aprobada en tercer debate el 10 de octubre de 2024 por la Asamblea Nacional, pero el presidente José Raúl Mulino, la vetó parcialmente.  Objetó los artículos 3, 7, 12 y 16 por considerarlos inconvenientes e inexequibles.  El artículo 3 (Difusión de contenido íntimo sin consentimiento), porque el Ejecutivo consideró que este tipo de delitos “no afecta la intimidad de la persona, sino su dignidad, decoro u honor, lo cual tiene implicaciones legales distintas.”  El artículo 7, (Suplantación de identidad) porque se consideró que el tipo penal ya existe por modalidad de estafa agravada.  El artículo 12 (Programas informáticos maliciosos), porque violaría el principio de presunción de inocencia y podría criminalizar actividades legítimas.  Finalmente, se consideró que el artículo 16 (Conservación y revelación de datos) vulnera el principio de debido proceso y podría ser inconstitucional.

 

Uno de los principales desafíos frente a la violencia digital es la falta de denuncia por parte de las víctimas. Ya sea por vergüenza, miedo a las represalias, o la sensación de que las plataformas no tomarán medidas efectivas, muchas personas se quedan en silencio, lo que perpetúa el ciclo de abuso.  Sin embargo, denunciar los abusos no solo es una forma de buscar justicia, sino también una manera de generar conciencia y promover un cambio en la cultura digital.

 

La violencia digital es una amenaza que no puede ser ignorada, y requiere una respuesta colectiva y multidisciplinaria.  Desde la educación hasta el fortalecimiento de la legislación y la creación de espacios seguros en línea, todos tenemos un papel en la lucha contra este fenómeno.  Es fundamental actuar de manera proactiva para proteger a quienes son vulnerables y fomentar una cultura de respeto y empatía en el mundo digital.