AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR

 

“Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, dijo el Maestro, cuando le preguntaron los judíos si tenían que pagarle impuestos a los romanos.  Lo que quería decir es que todos tenemos que cumplir las leyes que nos obligan, no importa qué religión profesemos.  Nuestras creencias y nuestros libros sagrados nunca están por encima de la Constitución y las leyes de nuestro país.  Los funcionarios públicos, menos que nadie, pueden expresar que su religión es la verdadera y que es buena para todo Panamá, ya que sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, de lo contrario, estarían incurriendo en un delito.  Esto es lo que ha pasado con la nueva versión de las Guías de Educación Integral en Sexualidad del MEDUCA, elaboradas y consultadas con actores religiosos, que no son idóneos y no tienen la preparación científica ni pedagógica requerida para cumplir con el objetivo deseado, que es reducir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual.

 

Cuando los grupos fundamentalistas y las iglesias conservadoras comenzaron a presionar en contra de la ley integral de salud sexual y reproductiva y organizaron la campaña “Con mis hijos no te metas”, se llegó a la conclusión de que en realidad no era necesario promulgar una ley especial, ya que estaban vigentes varias normas que obligaban al MEDUCA a la educación sexual.  El Ministerio de Educación solicitó apoyo técnico al Fondo de Población de las Naciones Unidas y desde 2015 se trabajó en la elaboración de unas Guías sobre Educación Integral para la Sexualidad con la finalidad de incluirlas en el currículo escolar.  Con estas guías se buscaba brindar las herramientas necesarias a los docentes para que desde diferentes asignaturas se tratara el tema con los niños, niñas y adolescentes. Los contenidos de estas guías fueron seleccionados, desarrollados y validados técnicamente por una Comisión Interinstitucional y Multidisciplinaria formada principalmente por MEDUCA, MINSA, INAMU y ONGs.

 

En enero de 2016 el MEDUCA, a través de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, contrató una consultoría a cargo de una consultora nacional y otra internacional, ya que la evaluación final del país que puso de relieve los desafíos (que aún prevalecen).  Panamá ocupó la posición No. 16 entre las 19 naciones evaluadas y resultó la más rezagada de la subregión centroamericana.  El avance en educación fue de un 25%, y en el caso del sector salud de un 78%, ambos por debajo de los promedios regionales (60% y 76% respectivamente).

 

El contenido de estas guías promovía los derechos humanos, el empoderamiento, la no discriminación, los roles y la igualdad de género, el comportamiento de rechazo al abuso sexual, la violencia por razón de género y las prácticas nocivas, pero estas guías científicas fueron descartadas por el gobierno del Presidente Varela debido, seguramente, a sus creencias y sobre todo al costo político que tenía que enfrentar.

 

El Ministerio de Educación de este gobierno, en vista de que la situación no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado, debió retomar las guías que ya estaban elaboradas.   No obstante, imponiendo las creencias de los funcionarios públicos encargados, ha convocado a la Alianza Nacional por la Vida y la Familia, a los colegios católicos y la Asociación Cristiana (todos grupos religiosos que desde el inicio se han opuesto a la educación sexual), para que revisen las nuevas guías.  No se han convocado a las asociaciones feministas, ni a APLAFA, ni a médicos sexólogos, ni pedagogos, que tienen el conocimiento y la experiencia en educación integral en sexualidad.

 

Del análisis de estas nuevas guías se llega a la conclusión de que no son adecuadas para prevenir embarazos precoces, proteger a adolescentes de enfermedades de transmisión sexual, ni informan a los estudiantes, acudientes y docentes sobre sus derechos y deberes.  No reconocen el derecho a recibir información ética y científica, clara, comprensible y completa sobre los métodos de planificación familiar y de prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA y a tener acceso a servicios de consejería y orientación sobre todos los métodos disponibles, incluyendo los métodos naturales, ni se abordan temas como la importancia de denunciar, ni que la víctima tiene derecho a solicitar la píldora del día siguiente y el tratamiento retroviral contra el HIV SIDA, derecho a la interrupción del embarazo, etc.  No se habla sobre la responsabilidad de los adolescentes varones, sino únicamente del deber de las niñas de criar al producto de la violación y de sus madres de ayudarlas y apoyarlas, cuando es notorio que el 85% de las familias panameñas no son familias nucleares.

 

Lo recomendable, entonces, es que se retomen las guías originales con miras a lograr el objetivo social propuesto.

 

Haydée Méndez Illueca

Abogada y Defensora de Derechos Humanos

LA RELACIÓN ENTRE EL PODER Y LA VIOLENCIA

 

La violencia contra las mujeres se basa en la falta de poder económico y político de las mujeres que viven en sociedades patriarcales.  Para entender la violencia contra las mujeres se requiere analizar la relación entre la violencia y la estructura de las principales instituciones sociales.  En este sentido, para detener la violencia contra las mujeres se las tiene que liberar de las relaciones sociales y económicas opresivas.

Hay muchos tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres.  Así tenemos, por ejemplo, la violencia doméstica, la pobreza, la discriminación laboral y salarial, la discriminación social y religiosa, la desigualdad política, la desigualdad educativa, la violencia sexual, la discriminación en cuanto a los servicios públicos de salud, el maltrato judicial---en fin, todo lo que pone en desventaja a las mujeres con respecto a la otra mitad de la población, es violencia.

Según las estadísticas, hay menos las mujeres víctimas del delito que hombres.  No obstante, esta estadística se basa únicamente en la cifra conocida y no toma en consideración la cifra oculta, que consiste en los delitos que no se denuncian a la policía y que permanecen ocultos a la vista pública, como la violencia doméstica, el incesto y la violación conyugal.  Además, se ha comprobado que en algunos grupos de mujeres y en algunos delitos (principalmente los delitos contra la libertad sexual), la tasa de victimización es mayor para las mujeres que para los hombres.

Dentro de estos grupos de mujeres y de delitos, algunas mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas que otras.  Específicamente, en los delitos contra las mujeres afrodescendientes y las mujeres entre 16 y 19 años de edad, la tasa sobrepasa la de los hombres; hay más víctimas entre las mujeres de 16 a 24 años en comparación con mujeres de cualquier otra edad; las mujeres entre 12 y 15 años son los blancos preferidos del hurto; y la tasa de victimización es inversamente proporcional a la edad de la víctima

Existe una relación directa entre los delitos que se cometen contra las mujeres y su falta de poder político y económico dentro de la sociedad.  El temor a ser víctimas del delito limita la libertad de acción de las mujeres y aumenta en ellas el sentido de vulnerabilidad personal, limitación ésta que de por sí constituye una forma de violencia.  Las tasas de victimización demuestran que el delito contra las mujeres refleja su falta de poder.  Las mujeres divorciadas y separadas tienen seis veces más probabilidades de ser violadas o de ser víctimas del robo que las mujeres casadas; cinco veces más probabilidades de ser asaltadas y 60 por ciento más probabilidades de ser víctimas de hurto.  No obstante, tampoco se puede decir que hay menos víctimas entre las mujeres casadas, ya que la violencia doméstica que no aparece en las estadísticas y su aislamiento dentro y fuera del hogar pareciera indicar lo contrario.

Las mujeres de los más bajos estratos sociales son más vulnerables al delito de violación, lo que indica una relación entre el mundo de la vida de las mujeres y la violencia como sistema de control social.  Se ha pensado que la causa de la violencia contra las mujeres está en la personalidad y los antecedentes sociales de los perpetradores, pero los datos empíricos indican que las causas de la violencia no están en las características de los delincuentes, sino en el nivel político y económico de sus víctimas.

No obstante, la violencia contra la mujer no es menor en la cultura dominante, sino que simplemente está más oculta o legitimada como comportamiento masculino adecuado.  Desde la perspectiva feminista, la violencia es el resultado de un patrón aprendido de agresión y dominación masculina y la violación no es más que una exageración de los roles sexuales tradicionales.  La violación ocurre porque los hombres han aprendido a obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.  Las mujeres históricamente han sido definidas como propiedad de los hombres, y aun cuando ya no lo son en nuestra sociedad contemporánea, su uso como objetos sexuales en publicidad reduce su sexualidad a una mercancía.  Convertirse en una cosa es convertirse en un objeto susceptible de ser poseído y este estatus deshumaniza a la mujer y la hace víctima de la violencia masculina.  El hecho de que la mayoría de los violadores no considera que haya hecho nada malo, demuestra que la violencia contra las mujeres tiene algún grado de legitimación dentro de la sociedad.  Tenemos, entonces, que las mujeres que se perciben como las menos valiosas de la sociedad son las más victimizadas, así como las que no son identificadas como pertenecientes a un hombre.

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada