LO QUE REVELÓ EL ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA DE PANAMÁ

 

Todo un éxito resultó el Encuentro Nacional Feminista que se celebró el sábado 23 de septiembre, para conmemorar el Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista de 1923.  Sus objetivos fueron conocer los aportes del Congreso Feminista de 1923 y la historia del feminismo en Panamá; compartir experiencias; analizar e intercambiar las perspectivas, retos, retrocesos y desafíos de los derechos de las mujeres en nuestro país; proponer agendas para el fortalecimiento de las alianzas feministas y promoción de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres; sistematizar y recopilar información que sustente la memoria y declaración de principios del Encuentro, así como motivar la unidad, sororidad y organización feminista para la participación e incidencia política.

 

            La inauguración fue el viernes 22 de septiembre en el auditorio del Tribunal Electoral, con la asistencia y palabras de la Ministra de la Mujer, SE Juana Herrera y la Ministra de Desarrollo Social y SE María Inés Castillo, ambas declaradas feministas, seguidas de la conferencia magistral de la historiadora Yolanda Marco Serra.  Luego se entregó una medalla y un certificado de reconocimiento a 100 mujeres que se han destacado en la defensa de los derechos humanos, incluyendo la recordación de varias que ya no están con nosotras.  La metodología que se utilizó durante el Encuentro propiamente dicho, el sábado 23 de septiembre, después de una mesa de debate sobre la evolución histórica del Feminismo en Panamá, contexto actual y análisis de los derechos de las mujeres en Panamá, constituyó en mesas temáticas de intercambio.  En las mesas temáticas se analizaron los derechos que hemos logrado y el avance legislativo desde 1923.

 

Las mesas revelaron claramente que, a pesar del avance, todavía hay un gran rezago tanto en las leyes, la capacitación de funcionarios y de toda la población y el cumplimiento de las leyes y voluntad política para resolver los múltiples problemas que todavía afligen a las mujeres, que ahora dejaron de ser minoría, ya que conforman el 50.4% de la población.  Este incumplimiento y falta de voluntad política se refleja en el aumento que vivimos de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas, la población LGBTIQ+, el sexismo, la xenofobia y la resistencia a respetar los derechos humanos por parte de grupos antiderechos y fundamentalistas religiosos, que anteponen sus creencias a los mandatos de la ley.

 

            Las mesas temáticas estuvieron conformadas por mujeres de una gran diversidad: lesbianas, indígenas, afrodescendientes, transexuales, discapacitadas, sociólogas, abogadas y trabajadoras.  Cada una reveló los acosos y el tipo de violencia y la falta de acceso a la justicia que había sufrido.  ¿Qué se reveló al correr el velo de silencio de las sin voz?

·         Las autoridades siguen incumpliendo la legislación nacional en materia de género; la Asamblea Nacional se niega a reformar la normativa vigente que dé a todas garantías de protección y tutela judicial efectivas; y el Órgano Judicial sigue emitiendo fallos vergonzosos y nefastos en contra de las mujeres.  Después de 10 años, por fin se ha cumplido con el mandato de comprar brazaletes electrónicos, pero no se han colocado a los ofensores que reiteradamente ejercen violencia física extrema contra sus víctimas de violencia doméstica, ya que son la única herramienta para prevenir el femicidio.

·         La violencia es estructural y se banaliza por completo la realidad que viven las niñas y mujeres en todo el país.  Para ejemplo, tenemos el caso de la diputada juvenil Madelene, que no fue protegida debidamente por los estamentos llamados a hacerlo.

·         Las mujeres con discapacidad siguen teniendo barreras arquitectónicas y de acceso a la información, a pesar del mandato de la ley.

·         Los grupos fundamentalistas religiosos extremistas niegan el acceso a un aborto seguro a niñas y mujeres que son violentadas sexualmente, como manda la ley.

·         La falta de conocimiento sobre salud sexual y salud reproductiva es un problema significativo y no se tienen en cuenta los derechos humanos, el ciclo de vida, ni el placer de las mujeres.

·         A las mujeres políticas se les niega el derecho al ejercicio efectivo de sus derechos políticos y a la paridad de género.

·         La minería es un factor importante de la división y conflicto social y de ruptura de tejidos comunitarios.

·         Las mujeres aún nos encontramos en desigualdad para acceder a todos los niveles de toma de decisiones y los altos mandos, a pesar del mandato de la ley.

·         Los medios de comunicación siguen ejerciendo violencia mediática contra las mujeres a través de titulares sexistas, pornografía, frivolización del femicidio, y anuncios sexuales que fomentan la prostitución.

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EL ABORTO Y EL DERECHO A LA VIDA

 

El derecho a la vida se ha querido circunscribir a un embrión inviable, mientras que no se piensa en la vida de una niña que corre peligro de muerte si se le obliga a parir; o de una madre soltera que ya tiene que mantener nueve hijos, producto de la violación por un marido borracho; o de una adolescente que queda condenada a la pobreza por no poder continuar sus estudios, o de una víctima de incesto que se le obliga a parir un hijo de su propio padre.  Vida no sólo es respirar y tener un corazón activo.

 

Las noticias de que la Corte Suprema de México y el congreso de Argentina han despenalizado el aborto ha abierto la puerta a que el resto de Latinoamérica siga su ejemplo.  Se han fortalecido las campañas en contra de la penalización.  Los derechos humanos son una invención humana que está en constante modificación y crecimiento.  En su primera fase se trataba de una protección general, basada en una noción de igualdad formal y temor a la diferencia, lo que hasta cierto punto es peligroso, ya que en el nazismo llegó hasta el exterminio del “otro”.  El nuevo referente ético aspira más bien a respetar las diferencias, sentar las bases para una convivencia pacífica y sobre todo, generar las condiciones para que cada cual decida qué es una vida buena dentro de un marco construido en condiciones de democracia y paz.

 

Cada vez más personas---hombres, mujeres, jóvenes y personas transexuales de todas las edades, razas y colores, aspiran a vivir su sexualidad y sus decisiones en cuanto a la reproducción, de la manera en que quieren.  Sus vidas están llenas de restricciones e injusticias y la mayoría es discriminada.  La violación de los derechos sexuales y reproductivos, que son Derechos Humanos, está implicando hoy la muerte evitable de muchas personas, a causa de mortalidad materna, abortos inseguros, homofobia, prácticas discriminatorias y privación de derechos básicos.

 

Se debe entender que la diferencia entre la moral religiosa basada en dogmas y la ética es que la ética es una construcción de naturaleza distinta, es histórica y de convivencia humana.  La ética no es estática, sino móvil y relacional de las personas en interacción con las otras.  Reconoce la peculiaridad y particularidad de cada sujeto de derecho y de determinadas violaciones de derechos, por lo que exige una respuesta específica y diferenciada, con respeto a la diferencia y a la diversidad.

 

En muchos aspectos Panamá todavía vive en el pasado y aún persiste la ausencia de información para las grandes mayorías.  El pensamiento mágico religioso rechaza la razón en favor de la superstición.  El fanatismo ideológico de los movimientos Pro Vida permiten la exterminación de los Derechos Humanos.  La ignorancia ha llevado a las muchedumbres a caer en la trampa de la moral única, la tiranía de un modo único de pensar y actuar.

 

Los antiderechos lograron mover una muchedumbre en contra de la educación integral en sexualidad, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a los poderes establecidos.  Y los poderes establecidos (la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Corte Suprema) cedieron ante el poder de la turba.  La oclocracia o gobierno de la muchedumbre es una de las formas de degeneración de la democracia, del mismo modo que la monarquía puede degenerar en tiranía o la aristocracia en oligarquía. 

 

Mientras que la democracia es el «gobierno del pueblo» que con la voluntad general legitima al poder estatal, la oclocracia es el «gobierno de la muchedumbre».  Es decir, la muchedumbre, masa o gentío, a la hora de abordar asuntos políticos, presenta una voluntad viciada, confundida e irracional, por lo que carece de capacidad de autogobierno y por ende, no conserva los requisitos necesarios para ser considerada como pueblo.  Ejemplo de esto son los antivacunas y la desinformación irracional que pregonaban.

 

No es posible abordar el Derecho a la Vida desvinculado del Derecho a la Salud y a una vida digna.  Los Derechos Humanos son indivisibles y no puede prescindirse de ninguno de ellos, así como ninguno se puede disfrutar a costa de otro.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el Derecho a la vida no sólo presupone que nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida, sino también el derecho a vivir en condiciones dignas, derecho que se les niega a niñas y adolescentes forzadas a la maternidad.  Esto es una forma de violencia institucional, ejercida por funcionarios de cualquier institución pública, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres puedan ejercer los derechos previstos en la ley.  Panamá presenta enormes deficiencias en cuanto a acceso a la información, educación sexual integral y conocimiento de la ley por parte de la población en general.

 

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y Defensora de Derechos Humanos

LOS ANTIDERECHOS Y LA EDUCACIÓN

 Los avances de grupos antiderechos y conservadores han ganado terreno e influencia tanto en gobiernos locales, en la Organización de las Naciones Unidas como en la OEA.  Su influencia alcanzó incluso a los Estados Unidos, que se precia de ser el paladín de los Derechos Humanos.  Tras haber logrado que el Tribunal Supremo tumbara el año pasado el derecho constitucional al aborto, los conservadores de Estados Unidos han puesto en el punto de mira los derechos de las personas LGTBI, especialmente de las trans.

 

Sus tentáculos han invadido las elecciones locales y han promovido políticas y legislación que limitan o restringen los derechos reproductivos, de género y sexuales.  Esto puede incluir medidas como la limitación del acceso al aborto, la promulgación de leyes que restringen la educación sexual integral en las escuelas y la resistencia a la implementación de políticas de igualdad de género.

 

En Panamá han ganado acceso a puestos de mando y jurisdicción, cargos judiciales y diputaciones, poniendo en peligro derechos ya adquiridos.  Sus tentáculos se han extendido hasta el Colegio de Abogados, que ha condecorado a una de las diputadas que más ha obstaculizado los derechos humanos, con la medalla “Clara González de Behringer”, la precursora del feminismo en Panamá.

 

Recientemente la sociedad se vio impactada por el brutal ataque a una mujer transexual, que quedó entre la vida y la muerte por recibir patadas en la cabeza del hombre que le había solicitado favores sexuales y luego no le quiso pagar.  ¿A qué se debe la violencia machista y el irrespeto a los derechos humanos que padecemos en Panamá?  Principalmente a la ignorancia.  Por eso, el mayor peligro de la influencia antiderechos es que se resisten a la implementación de programas de educación sexual integral en las escuelas, lo que deja a los jóvenes sin la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva y no les enseña la tolerancia necesaria para vivir en sociedad. 

 

El miedo de los padres y madres de hablarles de sexo a sus hijos radica en que piensan que, si lo hacen, van a tener sexo antes de tiempo, cuando resulta ser todo lo contrario.  Por ignorancia, los antiderechos han satanizado la Educación Integral en Sexualidad (EIS), como si fuera algo impuesto por las Naciones Unidas.  Hasta se han atrevido a decir que se enseña a los niños a masturbarse.  El marco legal de la educación sexual comprende la capacitación de padres y madres, porque no se puede enseñar lo que no se sabe.  La mejor orientación sexual que puede recibir una niña o un niño es la que le pueden dar sus padres, pero primero deben recibirla ellos.  Hay que romper el tabú del sexo, que es la causa de la discriminación contra la diversidad sexual, la violencia sexual y el aumento del VIH.

 

Al no impartir EIS en las escuelas se están incumpliendo varias leyes, que existen desde 1999.  La ley más reciente que obliga a impartir EIS es la ley 302 de 2022, que describe el programa EIS como estrictamente científico, sin dejar de lado la importancia del fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y el equilibrio afectivo-emocional.  Se sustenta en valores éticos, inspirados en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, en el amor a la familia y en la responsabilidad, el compromiso y la sensibilidad ante las necesidades educativas especiales.  Al estudiante se le enseña civismo, cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, que sepa prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual y demás delitos sexuales y sobre todo, que conozca sus derechos.  Por eso se llama integral – porque comprende toda la vida.  Debe empezar en la primera infancia, porque los prejuicios, estereotipos y las ideas y creencias erróneas acerca de la sexualidad se van forjando desde edades muy tempranas.

 

Nada de esto está incluido en el contenido de las últimas guías para docentes, elaboradas por grupos conservadores.  Es necesario revisarlas y volver a usar las guías que habían sido elaboradas por expertos, pagadas por el Estado y descartadas por presión de los antiderechos.  En esto la supervisión educativa tiene un rol importante, como instrumento eficaz para verificar, implementar, aplicar y corregir según los lineamientos y políticas establecidas en el Ministerio de Educación.  La supervisión educativa sobre la gestión de calidad de las escuelas públicas debe ser una supervisión moderna, abierta a los cambios actuales y debe abandonar los paradigmas tradicionales para que se cumplan los principios innovadores y tecnológicos en el contexto educativo. 

 

La comunidad también desempeña un rol importante en la denuncia de los delitos sexuales.  Todos tenemos el deber de denunciarlos, porque el silencio de los corderos sólo sirve a los lobos.

LA SUBORDINACIÓN DE LA MUJER EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

 

“Una de las características de la mente humana es que necesita explicaciones.  Siempre.  Para todo.  Por eso, cuando la ciencia se ve en la imposibilidad de proporcionar respuestas satisfactorias a nuestras preguntas, aludimos a explicaciones irracionales y mágicas.” (Posadas y Courgeon).  Estas explicaciones mágicas e irracionales penetran en el imaginario colectivo y sus efectos suelen ser devastadores, como vemos que pasó con la campaña antivacunas durante la pandemia.  ¿A qué nos referimos con el imaginario colectivo?

 

Imaginario se refiere a aparente, ilusorio.  El género humano es colectivo y social y se apoya en el lenguaje.  El registro de las creencias y mitos influyen en el colectivo y toca afectos y emociones, lo que hace que se les imagine como reales y se establecen como norma en lo social.  Los que detentan el poder político manipulan a través de sus agendas políticas; los medios, manipulan las emociones mediante agendas mediáticas que influyen en la opinión pública; y los que detentan el poder religioso, en el contenido de los dogmas, todos según sus prioridades y su conveniencia.

 

Los mitos narrados en los medios como relatos, películas, novelas, cómicas, televisión, actúan como una especie de demostración de cómo debe funcionar la masculinidad: el hombre es el héroe, activo, inteligente y dominador, mientras que la mujer es pasiva, torpe y dominada.  Los trastornos psicológicos, como la brujería y la histeria, siempre se les han atribuido a las mujeres.  Recordemos la quema de brujas, no de brujos.

 

Las iglesias también han sembrado creencias en las que la mujer ha salido siempre perdedora.  A Jesús se le ha hecho decir cosas que le habrían sorprendido mucho, ya que sustentaba sus enseñanzas, precisamente, en un cambio de paradigma en el imaginario colectivo, al instar al primero que estuviera libre de pecado a tirar la primera piedra en la lapidación de la mujer adúltera, enfrentándose a lo que era una injusticia, ya que al hombre adúltero no se le lapidaba.  No fue sino hasta el siglo VI que los obispos cristianos acabaron reconociendo que la mujer tenía alma.  Pero no sólo se les negó el alma a las mujeres, sino que en tiempos de la colonia se dijo que los indios no tenían alma, y por ende no eran personas; a lo que Fray Bartolomé de las Casas defendió a los indios, diciendo que “los indios sí son personas, los que no son personas son los negros”.

 

Pero la Iglesia Católica no tenía el monopolio de la misoginia.  Martín Lutero, el instigador de la Reforma protestante, explicaba a sus discípulos lo siguiente: “Los hombres tienen los hombros anchos y las caderas estrechas y, en consecuencia, poseen inteligencia.  Las mujeres tienen los hombros estrechos y las caderas anchas.  Deberían quedarse en casa, pues la forma en que han sido creadas así lo indica, ya que tienen caderas anchas y una amplia base sobre la que sentarse, mantener la casa, tener hijos y crearlos.”

 

El psiquiatra Luis Bonino opina que, gracias a esta visión androcéntrica del mundo, los hombres han eludido su responsabilidad: “Pese a la evidencia de la epidemiología, la clínica y lo cotidiano, el poder de la milenaria creencia en el varón como modelo de lo humano, y por tanto de salud y normalidad, es tal, que invisibiliza las anormalidades y psicopatologías masculinas, que quedan así innombradas e impensadas.  Así, la anormalidad sigue quedando del lado de las mujeres, su patologización/descalificación psíquica es la regla y la invisibilización de lo anormal/patológico masculino se perpetúa.”

 

La historia de las mentalidades es la historia de los movimientos sociales y las actitudes mentales de los grupos que han generado un cambio social a través de rebeliones.  Durante las últimas décadas del siglo XX, proliferaron las ideas sobre el miedo y la inseguridad que provocan en los hombres la libertad, la falta de inhibición y la independencia femenina (el feminismo), pero lo que realmente provoca miedo en los hombres es todo aquello que pone en entredicho su masculinidad.  Los hombres tienen miedo a que no se les considere suficientemente hombres y por eso, llamarles “mariquita” es uno de los peores insultos.  Históricamente, los hombres se han hecho hombres esforzándose en diferenciarse claramente de las mujeres y de todo lo que es considerado femenino.  Ésta es la base de la violencia masculina contra las mujeres.  La violencia de género sólo terminará cuando haya desaparecido esta idea de la superioridad del hombre de las mentes y los corazones de toda la sociedad.

HACER LO MISMO CON EL MISMO RESULTADO

 

En Panamá, desde 1999 con la Ley de Igualdad de Oportunidades, tenemos muchos años de estar intentando impartir educación integral en sexualidad.  Hemos pasado por la Ley 29 de 2002 de Adolescente Embarazada, la Ley 82/2013 contra la violencia hacia las mujeres, múltiples investigaciones y estudios, hemos suscrito las dos Convenciones sobre Derechos Humanos de las mujeres, otro intento fracasado en 2013 de promulgar la ley de educación integral en sexualidad y finalmente la Ley 302 de 2022, la más reciente.  Ninguna ha logrado resolver el acuciante problema de embarazos precoces y no deseados, ni los abortos inseguros que terminan en morbilidad y muerte.  Seguimos siendo el cuarto país de América Latina y el Caribe con mayor número de embarazos adolescentes, con una tasa del 67.2%.  En términos globales, nuestra región ocupa el segundo puesto de embarazos adolescentes---solo por detrás de África.

 

A pesar de que se logró pasar esta última ley en 2022 sobre educación integral en sexualidad, el propio Ministerio de Educación, en vez de buscar pedagogos expertos y expertas para elaborar las guías de los docentes, éstas fueron consultadas y elaboradas por actores religiosos, no idóneos y sin la preparación científica ni pedagógica requerida para cumplir con el objetivo deseado, que es reducir los embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Las guías de pre media y media contienen actividades altamente sexistas, que profundizan las desigualdades entre hombres y mujeres.  Tampoco se plantea la posibilidad de buscar orientación sobre la sexualidad de médicos o psicólogos.  Se plantea la abstinencia como la única conducta que previene embarazos y enfermedades de transmisión sexual, sin mencionar los otros métodos.  Es evidente que todas necesitan fortalecer sus contenidos en los principios básicos de los derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, derechos de la cuarta generación.  Como fueron elaboradas, contradicen la ley y deben ser descartadas por inservibles. 

 

          Adicionalmente, los ministerios de Educación, de la Mujer, de Salud, de Desarrollo Social y demás actores sociales deberán realizar actividades de información, educación y comunicación en este campo.  El Ministerio de Salud debe garantizar que, en los lugares de difícil acceso, en donde no existan instalaciones de salud, las organizaciones no gubernamentales que hayan suscrito convenios de provisión de servicios de salud, sean las responsables de proveer los métodos de planificación familiar a usuarios que vivan en el área de influencia de dichas organizaciones.

 

¿Por qué ha pasado esto por tanto tiempo?  Pues por hacer lo mismo, intento tras intento, y tener, por supuesto, el mismo resultado.  En días pasados me mudé de casa y entre papeles (que nunca faltan), encontré un arrugado recorte de periódico de hace muchos años y de color tan amarillento, que denota los años que han pasado.  Es un editorial, pero no pude discernir de qué periódico, ni saber si todavía el mismo está en impresión.  Lo copio a continuación porque me parece apropiado como prueba de que, si no nos sacudimos el fundamentalismo que nos oprime, pronto llegaremos a ser el primer país de América Latina y el Caribe con mayor número de embarazos adolescentes.  Vamos para atrás.

 

RESPUESTA A LA IGLESIA SOBRE LA SEXUALIDAD

 

Con la Iglesia, de todas las denominaciones, hemos sido respetuosos y lo seguiremos siendo.  Ese es nuestro norte, pero esta vez no vamos a compartir el criterio del obispo de Panamá, quien se opone a la aprobación de una ley sobre educación sexual porque asegura que es un tema exclusivo de los padres de familia. ¡Semejante ceguera!

 

La falta de educación sexual y las prácticas sexuales mal llevadas tienen a nuestros jóvenes y familias al borde de los hospitales y el cementerio.  Este es el único país que para una campaña política como la del 2004, todos los candidatos a la Presidencia acordaron que esta iniciativa que adelantaba la Asamblea Nacional se archivara porque no pudieron defender los puntos de vista científicos y humanos y porque se llenaron de miedo ante la censura religiosa.

 

La Iglesia, que es madre y maestra, tiene una alta credibilidad y nadie pone en duda su preocupación por la sociedad, pero dejar el tema de la educación sexual solo en manos de las familias y que el Estado siga curando a los enfermos de VIH, viendo que las niñas cada día salen embarazadas con menos años y no hacer nada, es querer caminar de espaldas y confundir los roles del Estado y de la Iglesia.

MUJERES QUE LE SALVARON LA VIDA A BOLÍVAR

 

En días pasados escribimos sobre la influencia que tuvieron las mujeres en la vida del Libertador, quien no hubiera podido llevar la vida que vivió, ni hacer todo lo que hizo sin ellas.  Ahora Don Eduardo Jaspe, investigador bolivariano, me ha enviado un interesante escrito donde nos cuenta sobre cuatro mujeres vinculadas a la vida amorosa del libertador que le salvaron la vida.  Hubo unos 20 atentados fraguados contra la vida de Bolívar por sus enemigos, que no lograron su cometido.  Su odio se debía a que Bolívar quería acabar con el sistema político monárquico y autoritario que mantenía a la gran mayoría de la población en la sumisión y esclavitud, para reemplazarlo con un sistema político democrático republicano, donde todas las personas deben ser iguales ante la ley.

 

Eduardo Jaspe nos habla sobre cuatro de esos atentados frustrados por mujeres que se encontraban en el lugar y momento apropiado para librarlo de ser víctima de sus enemigos:

 

La primera salvadora es a la dominicana Julia Corbier o Lluisa Crober, de 32 años, residente en Kingston, Jamaica, quien dispuso entablar amoríos con Bolívar, mujeriego empedernido.  “En la noche del 10 de diciembre de 1815, mientras rendían tributo a Afrodita, Diosa griega del sexo incontrolable, Pio, el esclavo liberado de Bolívar, sobornado con 2,000 pesos por los españoles, asestó dos puñaladas mortales a un proveedor de Bolívar, quien se había acomodado en la hamaca del Libertador.  Así Julia o Luisa, sin proponérselo, se convirtió en la salvadora de su querido Simón.”

 

La segunda salvadora es conocida como la “anónima llanerita”, pues la historia no registró su verdadero nombre.  Era el año de 1818, mientras Bolívar era perseguido por instrucciones del General Pablo Morillo, quien había recibido el santo y seña y el sitio exacto donde se encontraba Bolívar, de un soldado capturado y torturado.  Con esta información, el General Morillo ordenó acabar con el “bandido de Bolívar”, como lo llamaba.  “El Capitán español Renovales y 8 soldados abrieron fuego indiscriminado y acabaron con la vida de dos coroneles y el capellán, que acompañaban a Bolívar.  Bolívar estaba cerca, dando desalojo a su incontrolable libido en un rancho, en compañía de la joven llanerita.  Así pues, esta jovencita se convierte, sin saberlo, en otra salvadora del libertador.”

 

La tercera salvadora a que se refiere Don Eduardo es María Joaquina Costas, quien formaba parte de las doce bellas muchachas escogidas para darle la bienvenida al Libertador e imponerle la corona.  Al momento de acercarse a coronar a Bolívar, se acercó a su oído y le dijo “cuídese, General, que esta noche planean asesinarlo”.  El también, con discreción, le dijo que quería reunirse con ella.  “En la noche se ofreció un baile en su honor y Bolívar se presentó sin bigote y vestido de particular.  Bailó varias piezas con María Joaquina y acordaron encontrarse en un lugar seguro y discreto.  Ahí ella le reveló que su tío, el coronel León Gandarias, era el organizador de la conspiración.  Al llegar los conspiradores, no encontraron a su presa y fueron apresados y expulsados del País.  La pareja vivió un apasionado idilio durante 25 días.  Estando en Sucre, Bolívar recibió una carta donde ella le anunciaba que estaba embarazada.  El hijo de María Joaquina nació el 18 de julio de 1826 y fue conocido como José Antonio (Pepe) Costas.  Murió en 1905 a los 79 años y en su acta de matrimonio aparece como “hijo natural de la señora, finada, María Joaquina Costas y del finado señor Simón Bolívar.  El francés, Luis Perú Lacroix, reveló que Bolívar le dijo que de Potosí tiene tres recuerdos: ahí me quité el bigote, vestí de civil y tuve un hijo.”

 

La cuarta salvadora es Manuelita Sáenz, la más conocida de las casi 60 amantes que se le asignan a Bolívar.  En 1828 el General ya daba muestras de que su salud había comenzado a decaer.  Según el historiador Eduardo Lozano Torres, “en la noche del 25 de septiembre, afiebrado, dormitaba en su recámara y a solicitud de él, Manuelita lo acompañaba.  Se escucharon unos disparos y gritos “viva la libertad, muera el tirano”.  Cuando los conspiradores llegaron a la habitación se encontraron con Manuelita, quien los enfrentó, fue golpeada y amenazada de muerte.  Les dijo que Bolívar se encontraba en el salón de reuniones, para ganar tiempo a que su amando saltara por la ventana y se pusiera a salvo de sus agresores”.  Este incidente en la historia se conoce como la “nefanda o abominable noche de septiembre”.  La valentía de Manuelita le salvó la vida y por esto él la bautizó como “La Libertadora del Libertador”.

PARIDAD

 

La falta de paridad en la representación política es una de las formas de violencia contra la mujer.  La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece que la discriminación es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera”.  La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como la Belem do Pará), establece que “el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación”.

 

Según la Cepal, los países de América Latina cuentan con una participación política de mujeres en sus parlamentos que varía del 11.1% al 46%.  Panamá es uno de los países con menor representación de las mujeres en las instituciones políticas de América Latina, por detrás de Trinidad y Tobago, Jamaica y República Dominicana: 8% en 1994; 10% en 1999; 15% en 2004; luego bajamos a 9% en 2009; 19.31% en 2014; y en la actualidad, 22.5%.

 

Esto significa que las mujeres panameñas no contamos con la “masa crítica” necesaria para impulsar leyes y reformas.  Esto, sin tomar en cuenta que no todas las diputadas están a favor de los derechos de las mujeres, como hemos podido confirmar con las actuales diputadas, algunas de las cuales son fundamentalistas religiosas y están abiertamente en contra de la autonomía sexual de las mujeres.  Las mujeres tienen que enfrentarse a obstáculos de índole institucional, partidista y social para dedicarse a la política.

 

Los obstáculos institucionales son la falta de incentivos que favorezcan la representación política de grupos sub-representados, la falta de mandatos claros sobre dónde deben ubicarse los géneros en la lista – mandato de posición cremallera, falta de sanciones fuertes por incumplimiento y las válvulas de escape y artilugios para no cumplir con lo establecido en la ley.

 

Para vencer los obstáculos partidistas, las mujeres tienen que enfrentarse a los líderes y grupos de poder que deciden quienes acceden a las listas y quienes deciden los perfiles que representarán al partido ante la ciudadanía.

 

En el ámbito social, deben superar creencias y prejuicios sobre sus capacidades, romper el techo de cristal, el techo de dinero y el techo de poder masculino.  En el imaginario colectivo persisten los estereotipos de género, afirmaciones de que las mujeres no están capacitadas, que cuando entran a la política se masculinizan, que a las mujeres no les interesa la política y que las mujeres no votan por mujeres; todo esto, agravado por el modo en que los medios de comunicación masiva sexualizan y cosifican la figura femenina y reproducen los estereotipos.  Cuando me dicen que las mujeres no están “capacitadas” para ser diputadas, me pregunto: ¿y los hombres sí?  Porque todo parece indicar que en la actual Asamblea Nacional menos de la mitad de los diputados lo están.

 

Los estereotipos de género están presentes en la sociedad civil, en las iniciativas femeninas, en las instituciones públicas y en la sociedad en general, donde se les suele invisibilizar y se les aparta de los espacios de poder.  Muchas se ven obligadas a recurrir a estrategias de supervivencia, como desarrollar estilos de liderazgo que imitan a los de los hombres.  Los grupos de poder eligen las candidaturas en función de su resultado electoral, no por el mérito de los candidatos, ni por cumplir con la equidad de género ni con la igualdad de oportunidades.

 

Las leyes aprobadas en un esfuerzo por favorecer la representación femenina han sido débiles, sin sanciones claras y fuertes para quienes las incumplían, con válvulas de escape, lagunas jurídicas y “sin dientes”.  En 1997 la Ley 22 exigió un porcentaje, muy bajo, del 30% de candidaturas de mujeres para las elecciones internas.  En 2012 la Ley 54 subió el porcentaje al 50%, pero sólo en relación a sus procesos de selección de candidaturas, no en las candidaturas a las elecciones generales. 

 

La normativa más reciente es la Ley 56 de 2017, que aunque no se refiere a cargos por elección popular, establece en un 30% la participación de las mujeres en las juntas directivas estatales y por ende acceso a la toma de decisiones de instituciones autónomas, empresas públicas, intermediarios financieros y empresas de capital mixto. 

 

Es importante monitorear el cumplimiento de estas leyes y modificarlas para asegurar su efectividad, ya que sin mujeres es imposible el ejercicio pleno de la democracia.

ACCESO AL ABORTO LEGAL EN AMÉRICA LATINA

 

Aunque 66 países del mundo han despenalizado el aborto, todavía 5 naciones del mundo lo prohíben bajo cualquier circunstancia, todos éstos en Latinoamérica, con excepción de Ciudad del Vaticano: El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.  En estos países no se permite la interrupción del embarazo en ninguna circunstancia, incluso en casos de violación, incesto, malformaciones fetales incompatibles con la vida o cuando la vida de la mujer está en peligro.  Como resultado, muchas mujeres y niñas se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros o clandestinos, lo que pone en riesgo su vida y salud.  La criminalización del aborto ha causado el encarcelamiento de mujeres que han sufrido abortos espontáneos o complicaciones obstétricas.  También ha afectado otros derechos humanos de las mujeres, como su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía y la privacidad en decisiones relacionadas con su cuerpo y su vida.  La ONU ha expresado preocupación por esta situación y ha instado a sus gobiernos a garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y legales en ciertas circunstancias.

 

Sólo tres países de Latinoamérica lo han despenalizado.  Cuba fue el primer país de nuestra región en despenalizarlo, en 1965, seguido por Argentina en 2021.  En México se ha despenalizado en algunas entidades federativas, como en Ciudad de México y Oaxaca.  El resto de los países latinoamericanos permiten la interrupción del embarazo sólo en ciertas circunstancias.  Las causales varían mucho de un país a otro y en muchos países sólo se permite en casos extremadamente limitados.

 

Se hace necesario un uso estratégico y expansión de todas las causales, el desarrollo de la causal violencia y por razones económicas.  Esta concepción más abarcadora de las causales es una condición indispensable para lograr una vida libre de violencia para las mujeres.  La no punibilidad debe ser interpretada de forma amplia, tomando en cuenta que la falta de acceso a abortos seguros es una violación de los Derechos Humanos de mujeres y niñas. 

 

Hemos visto que en Panamá se declaró “apta para ser madre” a una niña de 8 años de edad y se le obligó a parir por cesárea, a riesgo de perder la vida.  Se aplicó la condición de no tener más de 8 semanas de embarazo y no “las graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre”, como dicta el Código Penal.  En este caso era necesario la re-conceptualización de Vida.  No es posible abordar el derecho a la vida desvinculado del derecho a la salud y a una vida digna.  Los derechos humanos son indivisibles y no puede prescindirse de ninguno de ellos, así como ninguno se puede disfrutar a costa de otro.  No se trata de una mera supervivencia biológica.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que el derecho a la vida no sólo presupone que nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida, sino también el derecho a que no se le impida vivir en condiciones dignas, derecho que se les niega a niñas y adolescentes forzadas a la maternidad.

 

Otra causal que debe ampliarse es el término del embarazo.  Muchas mujeres embarazadas por primera vez y sobre todo adolescentes, no se percatan de que están embarazadas sino después de los dos primeros meses.  El término debe ser ampliado a 6 meses o antes de que el producto sea viable.

 

Los embarazos causados por violencia representan un peligro para la vida de la mujer.  Esto incluye la violencia institucional realizada por funcionarios de cualquier institución pública, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan derechos previstos en la ley.  La violencia doméstica también debe considerarse como otra causal de no punibilidad.  Las mujeres que no consiguen romper las relaciones de sometimiento, no pueden negarse a tener relaciones sexuales con su agresor, ya que resistirse generaría mayor violencia.  También hay embarazos no deseados durante la etapa de “luna de miel” del círculo de la violencia, cuando el agresor la engaña para mantener la relación.  La violación conyugal debe ser causal de no punibilidad, porque el embarazo es el resultado de violencia.

 

Tampoco se puede dejar por fuera el aborto por razones económicas.  Una mujer que vive en extrema pobreza, ignorancia supina y ya tiene varios hijos, debe tener derecho a un aborto gratuito y seguro, dentro de un término razonable.

GUÍAS QUE NO GUÍAN

 

Las actuales guías del MEDUCA no guían, sino más bien refuerzan los roles patriarcales y los estereotipos de género-----precisamente lo que se combate con la educación integral en sexualidad.  APAEIS, APLAFA, FUNDAGÉNERO y CDNA son algunas de las asociaciones de la sociedad civil que, tras un análisis pormenorizado de cada una de las cinco guías, se han pronunciado en contra de esta nueva versión de las Guías de Educación Integral en Sexualidad.  Las mismas han sido consultadas y elaboradas por actores religiosos, no idóneos y sin la preparación científica ni pedagógica requerida para cumplir con el objetivo deseado: reducir los embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.  Se hizo evidente que todas necesitan fortalecer sus contenidos en los principios básicos de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de la cuarta generación, como son los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 

Lamentablemente, estas guías ya fueron presentadas en un taller el año pasado a 5,000 docentes, quienes ya las deben estar impartiendo en sus escuelas.  Los y las docentes son una importante fuerza educativa, que puede influir positivamente en la formación del alumnado y sus familias.  Pero deben disponer de los conocimientos y recursos pedagógicos adecuados, para contribuir eficientemente a la labor conjunta con los padres y con diversos actores sociales, instituciones, grupos de la comunidad y servicios de salud, entre otros.  Por ello es importante que la educación sexual se explique científicamente y no de manera religiosa y moralista.

 

Entre las falencias que se hicieron evidentes, tenemos que no se habla de los distintos tipos de familia y se presume que todos los estudiantes tienen familia, cuando sabemos que el 87% de las familias panameñas no son familias nucleares.  No se aborda el género, ni se define ni se diferencia entre el contacto bueno y el malo.  No se habla de todas las formas de abuso sexual, ni de acoso, ni de hostigamiento.  Tampoco se menciona que existe la atracción sexual y romántica por el mismo sexo.

 

Las guías de pre-media y media contienen actividades altamente sexistas, que profundizan las desigualdades entre hombres y mujeres.  Tampoco se plantea la posibilidad de buscar orientación sobre la sexualidad de médicos o psicólogos.  Se plantea la abstinencia como la única conducta que previene embarazos y enfermedades de transmisión sexual, sin mencionar otros métodos.  

 

Los embarazos sólo se mencionan como problemas de las niñas.  La capacitación debe incluir a los varones y enfatizar en la responsabilidad que tienen de tener sexo seguro y luego al ser padres.  Se les debe explicar cómo colocarse el condón.  Se excluye al varón y a sus padres o acudientes de la responsabilidad de aportar dinero y turnarse en el cuidado del bebé recién nacido; todo queda como responsabilidad de los padres o tutores de la niña.  Se debe informar sobre la píldora del día siguiente y el tratamiento retroviral para evitar el VIH-SIDA en caso de violación o estupro.

 

El respeto a la vida desde la concepción es una clara alusión contra el aborto, tema de los Pro Vida.  Se habla de la ilegalidad del aborto y la prisión para la mujer que lo comente, sin hablar del modo de evitarlo, ni informar que la menor de edad tiene derecho a interrumpir el embarazo, ni se menciona la responsabilidad del menor o violador que la embarazó.  No le da más alternativa a la adolescente que parir el hijo y olvidarse de sus planes para un futuro mejor, lo que la condena a la pobreza y la dependencia.  Falta información sobre procesos de la adolescencia, como cambios hormonales, la libido, etc.  La Guía Para adolescentes embarazadas, sobre los cuidados básicos de la adolescente fecundada y embarazada y del recién nacido, es tan perniciosa, que debe eliminarse o cambiar su enfoque para que sea inclusivo.

 

Podemos concluir que al poner nuestras creencias y nuestros libros sagrados por encima de la ley, se está violando la Constitución (cuyo artículo 91 manda a que la educación se base en la ciencia), los convenios internacionales que son ley de la República y todas las leyes nacionales sobre el tema, a saber, la Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley 4/1999) y el Decreto Ejecutivo 53/2002 que la reglamenta; la ley de Adolescente Embarazada (Ley 29/2002); la Ley contra la violencia hacia las mujeres (Ley 82/2013); y la Ley 302 de 2022, que establece el programa de formación en materia de educación en sexualidad y afectividad.

 

Ya es hora de que en Panamá se imparta educación integral en sexualidad como manda la ley y se implementen políticas públicas para combatir la impunidad y proteger a nuestras niñas de violadores y delincuentes sexuales.

LAS MUJERES Y EL LIBERTADOR

 

Tuve el honor de ser invitada por la Sociedad Bolivariana de Panamá el 8 de marzo, como parte del programa de su reunión mensual, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una reflexión sobre las mujeres en la vida de Simón Bolívar.  Sin restarle méritos a nuestro Libertador, no hubiera podido llevar la vida que vivió, ni hacer todo lo que hizo sin estas mujeres.  También quise resaltar las mujeres que, después de su muerte, han hecho realidad y han luchado por los principios y valores del pensamiento y el latino americanismo bolivariano, así como las mujeres de nuestra Sociedad Bolivariana, que mantienen viva la llama de su pensamiento.  Son heroínas que poco conocemos, porque la historiografía tradicional siempre les ha asignado un rol secundario o las ha condenado al anonimato, pero su valía va mucho más allá.

 

Una de las primeras mujeres que tuvo gran influencia en su vida fue la esclava Hipólita, que fue su nana y lo amamantó, y a quien él consideraba su verdadera madre.  Los niños esclavos parientes de Hipólita fueron sus compañeros de juegos.  Ser hijo adoptivo de esclavos lo convirtió en un caribeño indómito, de temperamento sensual, seductor, bailarín y sobre todo, un pensador original que no se resignaba a imitar a nadie, contrario a lo que se podía esperar de un mantuano aristocrático.  Definitivamente, un señorito afrancesado no hubiera podido convertirse en el soldado incansable, aguerrido y experto jinete que fue.

 

María Teresa Rodríguez del Toro Alayza fue su primera y única esposa, que murió de fiebre amarilla a ocho meses de casados.  Su muerte colocó a Bolívar en el camino de la política en vez de ser hacendado, como había creído que era su destino.  Si María Teresa no hubiera muerto, hubiésemos tenido un hacendado en vez de un Libertador.  Ante la pérdida de su amada esposa, el joven Simón se desespera y se embarca para España, a entregar sus pertenencias a su suegro y visitar los sitios que compartió con María Teresa, cuando fue feliz.

 

Al cabo de más de un año de sufrir su duelo, en París apareció en escena una mujer que lo cambiaría todo y le devolvería las ganas de vivir: Fanny du Villars, su prima y amor parisino de juventud.  Fanny se codeaba con los grandes intelectuales y le transmitió el ideario revolucionario de la filosofía de las luces y el republicanismo.  Con su experiencia, cumplió el rol de amante, madre y guía, lo alejó del vicio del juego y en cierta oportunidad, hasta le ayudó a pagar sus deudas.

 

            Manuelita Sáenz fue una de las mujeres que más influencia tuvo en la vida del Libertador.  Su importancia no radica en haber tenido una relación sentimental con Simón Bolívar, sino que fue una combatiente que rompió con las estrictas normas vigentes en ese entonces, vistió uniforme militar, aprendió a usar armas y desarrolló tácticas de espionaje para ayudar a los planes independentistas.  Sin ella tampoco tendríamos Libertador, ya que le salvó la vida a Bolívar en el Palacio de San Carlos en 1828 enfrentándose a doce asesinos, espada en mano, para darle tiempo al Libertador de escapar por una ventana y salvar su vida.  Por este acto el mismo Bolívar le dio el título “Libertadora del Libertador”.

 

            Muchas otras mujeres hicieron posible los logros de Bolívar, aportando a la causa con donativos, sirviendo de espías y participando en todas las actividades bélicas, como María Josefa Canelones, Juana Béjar, Simona Amaya, Juana Escobar y Matilde Anaruy, incluyendo a la panameña Rufina Alfaro de Los Santos, quien dio el primer grito de independencia el 10 de noviembre de 1821.

Haydée Méndez Illueca, PhD

 

            En Panamá muchas mujeres siguen luchando por la libertad de la patria, inspiradas en los valores y el pensamiento de Bolívar, que no pierden vigencia con el tiempo, sino que cada día se hacen más necesarios y forman parte importante del proyecto feminista.

 

            Al despuntar el siglo XXI, el rugido del feminismo estremeció las bases mismas de nuestras sociedades y las mujeres pasamos del silencio a la palabra.  A pesar de que el feminismo es una revolución sin violencia, de carácter pacífico, resulta ser un proyecto colectivo y emancipador con vocación internacional, muy similar al proyecto libertador de Bolívar.  Es una posición filosófica y una lucha contra el patriarcado, no contra el hombre.  No se trata de hacer lo mismo que los hombres, sino de reemplazar el patriarcado en el mundo por una gerencia del poder equitativa, en donde los valores de la mujer y el hombre, valores femeninos y masculinos…tengan el mismo peso en la sociedad.  Cierto es que los logros obtenidos han sido enormes para las mujeres, pero aún hay huellas que dejar en el camino.

VICTIMOLOGÍA

 

La victimología es una de las muchas ramas de la criminología que estudia, no al delincuente como es lo habitual, sino que se enfoca en la víctima, sus allegados, las diferentes fases de la victimización y los factores que pueden haber intervenido, evitando que la víctima quede en un segundo plano.  Su origen se debe al psiquiatra Fredric Wertham, quien acuñó el término en la década de 1930.

 

Quizás lo más importante de la Victimología sea que no sólo hay que evitar que algunos sujetos sean criminales, sino evitar que muchas personas lleguen a ser víctimas.  En definitiva, "es importante enseñar a la gente a no ser víctimas".  Es ver a la víctima desde la perspectiva de sus necesidades, problemas, etcétera---visibilizarla, prevenir y tratar sus consecuencias, enfocando las políticas en la restauración y dignificación de las víctimas.  Ya la víctima no es solo la “perjudicada” o la “agraviada”, sino que se convierte en una protagonista de la política criminal.

 

Hay diferentes tipos de victimización; por ejemplo, la victimización primaria, que son los efectos directos del delito; la victimización secundaria, cuando el daño sufrido por la víctima es aumentado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia; y la victimización terciaria---la victimización del delincuente.  Esta última puede ser por maltrato, tortura, hacinamiento o irrespeto a sus derechos en las cárceles.  También puede ser a causa de una conducta posterior de la víctima, para vengarse del delincuente.  De acuerdo a las Reglas de Brasilia, la re-victimización es lo mismo que victimización secundaria.  Afecta mayormente a las mujeres indígenas y campesinas de extrema pobreza, personas con discapacidad, afrodescendientes, adolescentes y niñas o personas con orientación sexual diferente a la heterosexual.

 

También hay diferentes tipos de víctimas.  Por ejemplo, la víctima independiente, cuando se es víctima del propio acto, como en los accidentes de trabajo.  La víctima inocente es aquella que no tiene ninguna intervención ni responsabilidad en el delito; aquí podríamos dar como ejemplo al infanticidio.  La víctima provocadora desempeña un papel preponderante en la génesis del crimen, mientras que la participante se sitúa generalmente en la fase de la misma ejecución.  Su participación puede consistir en una actitud pasiva, que facilita la ejecución del crimen, o en una forma activa.  Tenemos la víctima por imprudencia o por ignorancia y la víctima imaginaria.  Ésta última se refiere por lo general a individuos con serias psicopatías de carácter y conducta, que señalan a un autor imaginario ante la justicia penal, en cuyo caso debemos evitar que se cometan errores judiciales contra un inocente.  

 

¿Quiénes victimizan?  No sólo los delincuentes, sino policías, peritos forenses, fiscales y jueces, sobre todo cuando se trata de violencia contra las mujeres.  Puede ser porque la culpan del delito, le hacen contar una y otra vez el hecho violento y la obligan a recrearlo, porque se interesan más en la vida privada y la reputación de la víctima que en la sanción de los responsables, o porque (en el caso de los jueces) no la dejan hablar, o no hay traductores oficiales para las víctimas que no hablan español.  Las víctimas de violencia sexual están condenadas al silencio por vergüenza, miedo a ser estigmatizadas, o culpa.

 

En Panamá la Ley 82 de 2013 contra la violencia hacia las mujeres y tipificación del femicidio, contempla reparaciones integrales a las víctimas y señala todos los derechos de las mujeres a no ser re victimizadas, pero no se cumple a cabalidad, ya que nuestra sociedad todavía se deja llevar por la ideología patriarcal en muchos casos.  Hemos presentado propuestas de ley para eliminar los acuerdos de pena en los casos de delitos sexuales contra menores de edad y para permitir que la víctima sea oída y su opinión sea consignada en los acuerdos de pena que pretenda celebrar el Ministerio Público con el imputado, a fin de que no se le desconozcan, quebranten o menoscaben sus garantías fundamentales dentro del proceso penal (aun cuando su opinión no sea vinculante ni impida la realización del Acuerdo).  Lamentablemente, muchas propuestas se han dado contra un muro muy difícil de traspasar, incluso en la misma Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

 

Tenemos leyes que piden a gritos ser modificadas, otras nuevas, que deben promulgarse y políticas públicas que, bien llevadas, podrían solucionar muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.  Sin embargo, se encuentran con la indiferencia de nuestras autoridades, porque nuestra “democracia” es muy poco participativa.

Haydée Méndez Illueca, PhD

REGLAMENTACIÓN DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

 

De manera general, la “objeción de conciencia” se da cuando las creencias de un individuo entran en colisión con el Derecho: leyes, principios constitucionales, actos jurídicos individualizados, políticas públicas, prácticas administrativas, etcétera.  El objetor de conciencia, por convicciones de índole religiosa, ética o filosófica, se niega a acatar un deber jurídico, porque lo considera incompatible con sus convicciones.  La objeción de conciencia es heredada de la desobediencia civil, como la decisión de los pacifistas de no ir a la guerra.  No obstante, el actuar del desobediente es político—busca influir en la determinación de las leyes y políticas de su país—mientras que el proceder del objetor es privado.

 

El mejor ejemplo de objeción de conciencia es el médico que se niega a practicar un aborto legal por razones religiosas.  El límite de la objeción de conciencia debe ser la prestación de servicios públicos de salud y no debe ser ejercida en forma institucional.  Debe elaborarse un registro de objetores de conciencia, porque en caso de que peligre la vida de la mujer se debe asegurar la inmediata derivación a otro u otra profesional, ya que la negativa institucional basada en razones de conciencia no es admisible.  También resulta posible que el médico oculte su negligencia después de la muerte de una paciente, alegando objeción de conciencia posteriormente.

 

Se debe respetar el derecho del médico a objetar si el procedimiento va en contra de sus creencias, pero a nivel institucional, la objeción de conciencia por razones religioso-dogmáticas es una violación de los derechos humanos de las mujeres.  El médico está para salvar vidas, no para jugar a Dios.  El derecho a la vida es el derecho fundamental de toda persona y se debe dar prelación a la vida de la madre.

 

Desde hace un par de décadas parece existir un Big Bang de objeciones de conciencias, fomentado por grupos conservadores y antiderechos, que en Panamá lograron incluir la objeción de conciencia en el artículo 142 (ahora 144) del Código Penal que entró en vigencia en 2008 y que por primera vez incluye el derecho a la objeción de conciencia en su último párrafo:

 

“El médico o profesional de la salud que sea asignado por la comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud o por sus superiores para la realización del aborto, tiene el derecho de alegar objeción de conciencia por razones morales, religiosas o de cualquier índole, para abstenerse a la realización del aborto.”

 

No es coincidencia que la bioética como disciplina y la objeción de conciencia médica, su consecuencia directa, hayan nacido al mismo tiempo que se fortalecía el movimiento pro-vida.  Esto ocurrió a raíz del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos, que legalizó el aborto, y que ahora fue derogado durante la gestión del Presidente Trump.

 

Resulta imperativo, entonces, reglamentar la objeción de conciencia, ya sea por medio de una ley, la reglamentación de una ley, o de protocolos del Ministerio de Salud, el Ministerio Público, SENIAF, o cualquier institución que forme parte de la ruta crítica de mujeres y adolescentes que por ley cumplen con los requisitos legales para que se les interrumpa el embarazo.  El artículo 27.7 de la Ley 82/2013 ya garantiza la presencia de otro profesional en caso de objeción de conciencia.

 

Tenemos el trágico ejemplo de la niña de 8 años víctima de violación, a la que se le forzó la maternidad, porque los y las funcionarias de las diferentes instituciones no consideraron el derecho a la vida de la madre sobre el del producto.  Y es que la equidad exige que se contextualice el concepto vida.  La maternidad forzada a los 8 años no es vida, además de que el producto corre peligro por la edad de la madre.  (Se desconoce si todavía vive o si nació con algún defecto.)

 

El numeral 1 del artículo 144 exige que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo (8 semanas).  Esto exige una modificación, porque muchas veces la mujer, y sobre todo si se trata de una adolescente, a los dos meses ni siquiera es consciente de que está embarazada.  Este plazo se debe alargar a por lo menos 4 meses, cuando todavía el producto no es viable.  En el caso del numeral 2, se debe interpretar taxativamente lo que se consideran causas graves de salud y especificar que el concepto “vida” contempla otras cosas además de respirar, sobre todo en el caso de niñas pequeñas y adolescentes.