EL POLÉMICO TEMA DEL ABORTO

 

Nadie quiere el aborto, como lo hacen ver los grupos antiabortistas – ni siquiera las propias mujeres que se lo practican en situaciones límite, siendo una de las principales el abandono del hombre responsable del embarazo.  Aquí caben las palabras de una de las primeras feministas de la Iglesia Católica: “Hombres necios, que culpáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.  Porque es en el aborto donde se expresa con más violencia el aparato de control institucional sobre los cuerpos de las mujeres.  Estoy segura de que si los hombres pudieran abortar biológicamente, con toda seguridad el aborto no sería un delito ni sería perseguido por la Iglesia – sería algo así como sacarse una muela.

 

En un Estado laico de Derecho, el aborto debe reconocerse como lo que realmente es: un problema de salud pública, que no se resuelve, sino que se agrava, con una mayor penalización.  Las leyes penales que castigan el aborto no han tenido éxito, ya que las mujeres de todas las denominaciones religiosas no han dejado de abortar en todo el mundo.  Según estimaciones de la OMS, se realizan 4 millones de abortos cada año en América Latina y el Caribe y la legislación punitiva incide más fuertemente sobre el número de muertes maternas que sobre el número de abortos.  El aborto séptico es de tal magnitud, que constituye la tercera causa de muerte materna.  Esto ha sido reconocido por Francia e Italia, dos de los países más católicos de Europa, que ya despenalizaron el aborto.  En Latinoamérica, Argentina lleva la delantera en la despenalización del aborto, después de una encarnizada lucha de las mujeres. 

 

Nuestra Constitución proclama la libertad de culto; sin embargo, todavía en Panamá, en pleno siglo veintiuno, hay quienes piensan que el Estado no debe intervenir en los casos de violencia doméstica, pero sí debe hacerlo en el derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.  Las mujeres pobres de nuestra región son las que sufren las consecuencias de los abortos practicados en condiciones no adecuadas, y pagan con su salud o con su vida.

 

La legislación de un país debe estar a tono con la realidad: según estimaciones de la OMS, al año se dan 200,000 muertes derivadas de la maternidad por falta de servicios anticonceptivos o su fracaso; 75 millones de embarazos no deseados, 45 millones de los cuales terminan en aborto y 30 millones de niños no queridos nacidos vivos, con las consecuencias conductuales que esto trae y que generan la violencia social que está sufriendo el mundo.  Al año mueren 70,000 mujeres por abortos inseguros y se realizan 4 millones de abortos en América Latina y el Caribe, lo que demuestra que las leyes punitivas son inoperantes e inciden fuertemente sobre el número de muertes maternas.

 

En Panamá se mantiene el aborto legal en caso de que peligre la vida de la madre y en casos de violación, pero se han aumentado las penas para la mujer y para los profesionales de la salud por practicar el aborto (lo cual demuestra que no se pensó en la salud ni en la vida de las mujeres).  Por lo visto, los grupos “pro-vida” tampoco consideran que la salud psíquica de la mujer es importante.  ¿Será que todavía viven en la edad media y no se han enterado de que cuando no hay salud integral, no hay salud?

 

La Iglesia Católica, como institución, no está libre de pecado, por lo que no debe tirar la primera piedra.  Arrastra muchos pecados, como la Inquisición y su actual permisividad frente a la pedofilia de algunos curas.  No tiene derecho a imponer sus creencias religiosas y dogmas a todos los habitantes del país, convirtiéndolos en ley para todos.

 

¿Desde qué moral o ética podemos impulsar el debate sobre el aborto?  Esta ética, esta moral, debe estar basada en aquella que rescata valores como la solidaridad, el respeto, el reconocimiento a la diferencia, la igualdad, el derecho a tomar decisiones de manera libre y responsablemente, respetando las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos específicos de las mujeres, para que la norma no tenga por resultado la discriminación de la mujer.

 

Una solución al problema del aborto debe basarse no sólo en su legalización, sino en una política pública que establezca medidas preventivas como la planificación familiar, distribución gratuita de anticonceptivos a mujeres de bajos recursos, provisión gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, triple terapia contra el SIDA en todos los casos de violación y la esterilización voluntaria gratuita para personas de bajos recursos.

Haydée Méndez Illueca, PhD

ANTICONCEPTIVOS PARA SALVAR VIDAS

En los últimos cincuenta años, ningún país donde las mujeres no tengan acceso a los anticonceptivos ha salido de la pobreza.  Esta innovación es la que más salva vidas, acaba con la pobreza y empodera a las mujeres; por ello, la planificación familiar debe ocupar la más alta prioridad en cualquier país.

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994 reunió más de 10,000 participantes de todo el mundo.  Fue la mayor conferencia de su clase que jamás se haya celebrado y una histórica declaración temprana sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que estableció que la planificación familiar es un derecho humano básico.  No obstante, el financiamiento dedicado a la planificación familiar ha sido reducido significativamente por los gobiernos desde esta Conferencia.

 

Un embarazo no deseado puede resultar devastador para las mujeres que no tienen cómo alimentar a los hijos que ya tienen, o tienen muchos años o están demasiado jóvenes o enfermas para parir.  Hay mujeres que no conocen los anticonceptivos, o los conocen y los quieren, pero no los pueden conseguir.  Lo cierto es que resultan ser de primera y central prioridad para las mujeres.  Cuando una mujer puede planificar y espaciar sus embarazos, la mortalidad materna de los recién nacidos y de los niños y niñas se reduce; la madre y su hijo son más saludables; la madre y el padre tienen más tiempo y energía para cuidar de cada hijo o hija; y las familias tienen más recursos su nutrición y educación.

 

The Lancet (revista médica británica) publicó un estudio financiado por el gobierno británico y la Fundación Gates, que mostraba que el acceso a la anticoncepción reduce el número de mortalidad materna por un tercio.  El embarazo es la primera causa de muerte de adolescentes.  La Organización Save the Children reportó que un millón de niñas adolescentes en el mundo mueren o se lesionan en el parto cada año.

 

A veces lo mejor que puede hacer una mujer por sus hijos es no tener otro, porque cuando no se planifican los embarazos, toda la familia sufre.  Las mujeres sólo pueden lograr un cambio social si pueden evitar embarazos no deseados.  Las mujeres que tienen los recursos y los conocimientos tienen opciones, pero las mujeres que luchan contra la pobreza necesitan tiempo, dinero y energía para cuidar a cada niño o niña a la vez que necesitan tener un ingreso mientras crían a sus hijos.  Están atrapadas.  Lo malo es que las mujeres que más sufren son las que menos pueden hacer para exigir cambios a los políticos.  En una sociedad atrasada o en retroceso, los hombres toman las decisiones por las mujeres.

 

Cuando las mujeres ganan derechos, la familia y la sociedad prosperan.  Cuando se incluye a las mujeres y las niñas, que son la mitad de la población, se beneficia a todos los miembros de la comunidad, porque la equidad de género eleva a todo el mundo.

 

Los que se oponen a la anticoncepción argumentan que los anticonceptivos han sido usados para ciertos propósitos inmorales y que por eso no deben usarse para ningún propósito, ni siquiera para permitirle a una madre esperar antes de tener otro hijo.  El aborto es otro argumento que se usa desacreditar los beneficios de los anticonceptivos.  No obstante, según datos recientes, los anticonceptivos también reducen los abortos, ya que como resultado de su uso, en solo un año hubo 26 millones menos de abortos inseguros en los países más pobres del mundo.

 

Otros piensan que la planificación familiar es una conspiración para controlar la población.  No comprenden que al espaciar y programar los embarazos, se mejora la salud de la madre y del hijo y permite que las familias tengan sólo la cantidad de hijos que pueden mantener.

 

La poderosa oposición a los anticonceptivos de la Iglesia Católica también ha afectado la planificación familiar.  Fuera de los gobiernos, la Iglesia Católica es la mayor proveedora de servicios educativos y médicos del mundo.  Esto le da una gran presencia e impacto positivo en la vida de los pobres, pero la Iglesia también es una de las voces en contra de los anticonceptivos.  Esta enseñanza entra en conflicto con la enseñanza del amor al prójimo.  Querer lo mejor para sus hijos es amar al prójimo y el amor es más fuerte que la doctrina.  No hay moral sin empatía y no hay empatía si se ahogan las voces de las mujeres que quieren una mejor vida para sus hijos.  Ultimadamente, las cuestiones morales son personales.

 

Haydée Méndez Illueca, PhD

Abogada, Escritora y Defensora de Derechos Humanos