Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada
Los derechos humanos que se consideran básicos no nacieron
del Derecho Internacional hasta el 1o de diciembre de 1948 en
París. Siete años antes, ya en Panamá se
había promulgado la Ley 48 de 1941 (firmada por el expresidente Arnulfo Arias)
que “permitía” la esterilización de mujeres que tuviesen por lo menos cinco
hijos vivos y cuyas condiciones económicas y sociales “fuesen difíciles”. No fue sino 72 años después, en marzo de
2013, que se aprobó la Ley 7, “que establece el marco regulatorio para la
esterilización femenina”, cuyo único mérito es haber derogado la ley de 1941,
que no tomaba en cuenta los logros de las mujeres, porque todavía no existían.
Sin embargo, la Ley de 2013 tampoco toma en cuenta el
derecho de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva y el número de
embarazos y cuándo tenerlos; ni el derecho de todos los seres humanos a no ser
discriminados por razón de sexo; ni acata las normas de Derecho Internacional,
como lo manda nuestra Carta Magna. Se
contradice a sí misma: en su primer artículo dice que “la esterilización es un
derecho personalísimo y voluntario de la mujer”, para luego obligarla a tener dos
hijos y 23 años de edad para acceder a la esterilización. Esto es maternidad
forzada, que es tan indignante como la esterilización
forzada. También les exige a las
mujeres que tengan una recomendación médica, lo que las deja a merced de un
médico que objete la cirugía por sexismo, insensibilidad, u objeción de cualquier
otra índole y negarse a emitir dicha recomendación. Establece la práctica gratuita del procedimiento quirúrgico a toda persona que cumpla con
los requisitos, imponiéndole una carga insostenible al Estado, en contra del
numeral 5 del artículo 110 de la Constitución, que establece que los servicios
de salud deben ser proporcionados gratuitamente sólo a quienes carezcan de
recursos económicos.
No existe una norma que prohíba la esterilización, por lo
que aquellas mujeres con suficientes recursos económicos pueden esterilizarse
sin cumplir con ninguno de los requisitos establecidos en la ley 7. Se está discriminando, entonces, contra las
mujeres en situación de extrema pobreza, al establecer condiciones para la
esterilización, que no se establecen para las otras mujeres ni para los
hombres.
Esta situación nos ha llevado, primero, a presentar una
acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en 2015 (que a
la fecha no ha sido decidida a pesar de dos impulsos procesales); y luego, por intermedio
de Participación Ciudadana, una propuesta de ley que establece el marco
regulatorio para efectuar la esterilización en el sistema público de salud a toda persona mayor de edad no asegurada, que carezca de recursos
económicos, siempre que así lo solicite.
La Caja de Seguro Social queda obligada a realizar la esterilización de asegurados
que así lo soliciten al médico tratante.
La ley que
proponemos también toma en consideración excepciones al requisito de mayoría de
edad, circunstancias en que sería insensible, por no decir que iría en contra
de la vida y la salud humana, negar la esterilización a menores de 18
años. La propuesta de ley exige el consentimiento
de la menor y siempre actuando por medio de su tutor o de la persona legalmente
responsable y sólo por recomendación médica, cuando la menor padezca alguna
enfermedad o defecto y el embarazo y el parto pueda poner en peligro su vida o
su salud; o si la menor tiene dos o más hijos y carece de recursos económicos
para su crianza; o si la menor padece de enfermedad mental debidamente
acreditada y consta la solicitud al médico del tutor o de la persona legalmente
responsable de ella.
De acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística y Censo, un total de 517 niñas menores de 15
años tienen hijos nacidos vivos. De
éstas, 504 tienen un hijo; 12 tienen 2 hijos; y una ya tiene 3 hijos. Un total de 13,056 niñas de 15 a 19 años de
edad tienen hijos nacidos vivos. De
éstas, 9,305 tienen un hijo; 3,054 tienen 2 hijos; 616 tienen 3 hijos; 65 tienen
4 hijos; 13 tienen 5 hijos; 2 tienen 6 hijos; y 1 ya tiene 7 hijos. Mientras más hijos tengan, menos
oportunidades tendrán de rehacer su vida y salir de la pobreza y la de sus
hijos, que se ha descrito como nuestra quinta frontera. El motivo principal de estos embarazos
precoces es la falta de educación sexual, que en nuestro medio sigue siendo un
tabú.
