domingo, 26 de septiembre de 2021

EL POLÉMICO TEMA DEL ABORTO

 

Nadie quiere el aborto, como lo hacen ver los grupos antiabortistas – ni siquiera las propias mujeres que se lo practican en situaciones límite, siendo una de las principales el abandono del hombre responsable del embarazo.  Aquí caben las palabras de una de las primeras feministas de la Iglesia Católica: “Hombres necios, que culpáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.  Porque es en el aborto donde se expresa con más violencia el aparato de control institucional sobre los cuerpos de las mujeres.  Estoy segura de que si los hombres pudieran abortar biológicamente, con toda seguridad el aborto no sería un delito ni sería perseguido por la Iglesia – sería algo así como sacarse una muela.

 

En un Estado laico de Derecho, el aborto debe reconocerse como lo que realmente es: un problema de salud pública, que no se resuelve, sino que se agrava, con una mayor penalización.  Las leyes penales que castigan el aborto no han tenido éxito, ya que las mujeres de todas las denominaciones religiosas no han dejado de abortar en todo el mundo.  Según estimaciones de la OMS, se realizan 4 millones de abortos cada año en América Latina y el Caribe y la legislación punitiva incide más fuertemente sobre el número de muertes maternas que sobre el número de abortos.  El aborto séptico es de tal magnitud, que constituye la tercera causa de muerte materna.  Esto ha sido reconocido por Francia e Italia, dos de los países más católicos de Europa, que ya despenalizaron el aborto.  En Latinoamérica, Argentina lleva la delantera en la despenalización del aborto, después de una encarnizada lucha de las mujeres. 

 

Nuestra Constitución proclama la libertad de culto; sin embargo, todavía en Panamá, en pleno siglo veintiuno, hay quienes piensan que el Estado no debe intervenir en los casos de violencia doméstica, pero sí debe hacerlo en el derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.  Las mujeres pobres de nuestra región son las que sufren las consecuencias de los abortos practicados en condiciones no adecuadas, y pagan con su salud o con su vida.

 

La legislación de un país debe estar a tono con la realidad: según estimaciones de la OMS, al año se dan 200,000 muertes derivadas de la maternidad por falta de servicios anticonceptivos o su fracaso; 75 millones de embarazos no deseados, 45 millones de los cuales terminan en aborto y 30 millones de niños no queridos nacidos vivos, con las consecuencias conductuales que esto trae y que generan la violencia social que está sufriendo el mundo.  Al año mueren 70,000 mujeres por abortos inseguros y se realizan 4 millones de abortos en América Latina y el Caribe, lo que demuestra que las leyes punitivas son inoperantes e inciden fuertemente sobre el número de muertes maternas.

 

En Panamá se mantiene el aborto legal en caso de que peligre la vida de la madre y en casos de violación, pero se han aumentado las penas para la mujer y para los profesionales de la salud por practicar el aborto (lo cual demuestra que no se pensó en la salud ni en la vida de las mujeres).  Por lo visto, los grupos “pro-vida” tampoco consideran que la salud psíquica de la mujer es importante.  ¿Será que todavía viven en la edad media y no se han enterado de que cuando no hay salud integral, no hay salud?

 

La Iglesia Católica, como institución, no está libre de pecado, por lo que no debe tirar la primera piedra.  Arrastra muchos pecados, como la Inquisición y su actual permisividad frente a la pedofilia de algunos curas.  No tiene derecho a imponer sus creencias religiosas y dogmas a todos los habitantes del país, convirtiéndolos en ley para todos.

 

¿Desde qué moral o ética podemos impulsar el debate sobre el aborto?  Esta ética, esta moral, debe estar basada en aquella que rescata valores como la solidaridad, el respeto, el reconocimiento a la diferencia, la igualdad, el derecho a tomar decisiones de manera libre y responsablemente, respetando las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos específicos de las mujeres, para que la norma no tenga por resultado la discriminación de la mujer.

 

Una solución al problema del aborto debe basarse no sólo en su legalización, sino en una política pública que establezca medidas preventivas como la planificación familiar, distribución gratuita de anticonceptivos a mujeres de bajos recursos, provisión gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, triple terapia contra el SIDA en todos los casos de violación y la esterilización voluntaria gratuita para personas de bajos recursos.

Haydée Méndez Illueca, PhD

domingo, 12 de septiembre de 2021

EL LENGUAJE EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

 

El lenguaje es un instrumento social que puede transformar la sociedad.  Diferentes sociedades visualizan la realidad de maneras diferentes y la expresan a través del idioma.  El lenguaje no sólo nos permite hablar sobre las cosas, sino que también hace que ellas sucedan---crea realidades, nuevos imaginarios y discursos comunes. Podemos usarlo para cambiar paradigmas existentes que perjudican a la mujer, como la superioridad del hombre y su derecho de vida o muerte sobre la mujer, que son mitos que terminan pareciéndose a una verdad, de tanto expresarlos de manera simbólica o explícita.

 

El imaginario colectivo es un concepto de las ciencias sociales acuñado en 1960 por Edgar Morin, que designa el conjunto de mitos y símbolos que funcionan como una “mente” social colectiva.  Lo importante es que se manifiesta a través del lenguaje.  Es como si una invención se convirtiera en costumbre.  Es la percepción que la sociedad tiene de un grupo, respondiendo a estereotipos.  Por ejemplo: que todos los islámicos son terroristas, o que todas las mujeres son débiles y todos los hombres son fuertes, percepciones éstas que no siempre concuerdan con la realidad. 

 

Los imaginarios colectivos utilizan estereotipos, o ideas generalizadas de la realidad.  Sin embargo, son temporales y susceptibles de ser cambiados.  Le toca al feminismo recuperar la palabra y enfrentarse al poder patriarcal que domina a través de estos estereotipos.  Es necesario de-construir el imaginario colectivo existente y establecer un vocabulario común, re-significando ciertas palabras, que han sido usurpadas por el poder patriarcal.  El lenguaje debe atender a los intereses de todos los afectados – no de los dueños de los medios, no de los poderosos, sino también de mujeres, que son víctimas del paradigma actual y sufren múltiples formas de violencia; de personas con diferente orientación sexual; de las víctimas del racismo; y en fin, de todas las personas que pertenecen a grupos vulnerables por una u otra razón.

 

En el uso de la palabra va implícita una experiencia que carece de palabras, pero que entra y se encuentra dentro del pensamiento.  Una palabra empuja de esta manera hacia una nueva forma de pensar.  El lenguaje es como un molde---no podemos imaginarnos nada fuera de la forma de pensar en la que estamos insertos---nos dejamos guiar por el lenguaje y estamos entretejidos en él.

 

El lenguaje feminista aspira a cambiar el paradigma patriarcal, porque las reglas del lenguaje son decisiones humanas.  Para cambiar un paradigma, para irse en contra de los patriarcas de la Real Academia, hay que ser irreverente – y las feministas lo somos.  Como no se puede cambiar un paradigma sin ir contra la corriente, el pensamiento feminista (las locas, amargadas y resentidas que algunos dicen que somos) proponemos un cambio de paradigma para recuperar la palabra y enfrentarnos al poder patriarcal.  Creemos que tenemos derecho a ello, ya que somos la mitad de la población y la madre de la otra mitad.

 

La Real Academia considera que con el uso genérico del masculino gramatical se obtiene la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible y que el masculino designa a todos los individuos de la especie.  Pues si de economía de lenguaje se trata, el mismo resultado podría lograrse con el uso del femenino para designar a todos los individuos de la especie.  Si se usa "el femenino genérico" los varones protestan porque se les está dejando por fuera.  Algunos comprenden la importancia de utilizar lenguaje inclusivo; otros alegan que la mujer no tiene porqué sentirse excluida, ya que no se trata de sesgos de género sino del uso correcto de la lengua tal como lo ha determinado la Real Academia Española.  Pero ignoran que la Real Academia Española fue creada en 1713 y sólo después de 265 años vino a contar con la primera mujer en propiedad, cuando las reglas básicas de la lengua ya se habían establecido.  Por ello reflejó en su normativa los usos dominantes de la sociedad patriarcal y machista de la época en que fue creada.  En otras palabras, inventaron las reglas para ellos y quieren seguir imponiéndolas porque se autodenominan “La Autoridad”.

 

El uso de lenguaje inclusivo por sí sólo no va a acabar con las terribles inequidades entre hombres y mujeres, pero contribuye a visibilizar nuestra existencia, nuestras aportaciones a todas las áreas del quehacer humano, nuestra especificidad como seres humanas y permite la formulación de políticas públicas, estadísticas, estrategias y planes de desarrollo con enfoque de género.

 

Haydée Méndez Illueca, PhD

Abogada y Escritora