Aunque 66 países del mundo han
despenalizado el aborto, todavía 5 naciones del mundo lo prohíben bajo
cualquier circunstancia, todos éstos en Latinoamérica, con excepción de Ciudad
del Vaticano: El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. En estos países no se permite la interrupción
del embarazo en ninguna circunstancia, incluso en casos de violación, incesto,
malformaciones fetales incompatibles con la vida o cuando la vida de la mujer
está en peligro. Como resultado, muchas
mujeres y niñas se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros o clandestinos,
lo que pone en riesgo su vida y salud.
La criminalización del aborto ha causado el encarcelamiento de mujeres
que han sufrido abortos espontáneos o complicaciones obstétricas. También ha afectado otros derechos humanos de
las mujeres, como su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a
la autonomía y la privacidad en decisiones relacionadas con su cuerpo y su
vida. La ONU ha expresado preocupación
por esta situación y ha instado a sus gobiernos a garantizar el acceso a
servicios de aborto seguros y legales en ciertas circunstancias.
Sólo tres países de Latinoamérica
lo han despenalizado. Cuba fue el primer
país de nuestra región en despenalizarlo, en 1965, seguido por Argentina en
2021. En México se ha despenalizado en
algunas entidades federativas, como en Ciudad de México y Oaxaca. El resto de los países latinoamericanos
permiten la interrupción del embarazo sólo en ciertas circunstancias. Las causales varían mucho de un país a otro y
en muchos países sólo se permite en casos extremadamente limitados.
Se hace necesario un uso
estratégico y expansión de todas las causales, el desarrollo de la causal
violencia y por razones económicas. Esta
concepción más abarcadora de las causales es una condición indispensable para
lograr una vida libre de violencia para las mujeres. La no punibilidad debe ser interpretada de
forma amplia, tomando en cuenta que la falta de acceso a abortos seguros es una
violación de los Derechos Humanos de mujeres y niñas.
Hemos visto que en Panamá se
declaró “apta para ser madre” a una niña de 8 años de edad y se le obligó a
parir por cesárea, a riesgo de perder la vida.
Se aplicó la condición de no tener más de 8 semanas de embarazo y no “las
graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre”, como dicta
el Código Penal. En este caso era
necesario la re-conceptualización de Vida.
No es posible abordar el derecho a la vida desvinculado del derecho a la
salud y a una vida digna. Los derechos
humanos son indivisibles y no puede prescindirse de ninguno de ellos, así como
ninguno se puede disfrutar a costa de otro.
No se trata de una mera supervivencia biológica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha manifestado que el derecho a la vida no sólo presupone que nadie
puede ser privado arbitrariamente de su vida, sino también el derecho a que no
se le impida vivir en condiciones dignas, derecho que se les niega a niñas y
adolescentes forzadas a la maternidad.
Otra causal que debe ampliarse es
el término del embarazo. Muchas mujeres
embarazadas por primera vez y sobre todo adolescentes, no se percatan de que están
embarazadas sino después de los dos primeros meses. El término debe ser ampliado a 6 meses o
antes de que el producto sea viable.
Los embarazos causados por
violencia representan un peligro para la vida de la mujer. Esto incluye la violencia institucional
realizada por funcionarios de cualquier institución pública, con el fin de
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan derechos previstos en
la ley. La violencia doméstica también
debe considerarse como otra causal de no punibilidad. Las mujeres que no consiguen romper las
relaciones de sometimiento, no pueden negarse a tener relaciones sexuales con
su agresor, ya que resistirse generaría mayor violencia. También hay embarazos no deseados durante la
etapa de “luna de miel” del círculo de la violencia, cuando el agresor la
engaña para mantener la relación. La
violación conyugal debe ser causal de no punibilidad, porque el embarazo es el
resultado de violencia.
Tampoco se puede dejar por fuera
el aborto por razones económicas. Una
mujer que vive en extrema pobreza, ignorancia supina y ya tiene varios hijos,
debe tener derecho a un aborto gratuito y seguro, dentro de un término
razonable.
