REFORMA PENAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

En Latinoamérica la mayoría de los códigos penales tienen la concepción generalizada de que la mujer es una “victima” o ser indefenso que debe protegerse.  La mujer es un ser que no ha llegado a tener derechos políticos hasta fechas muy recientes y sigue siendo discriminada cuando ocupa posiciones de liderazgo en organizaciones sociales, políticas y estatales.  Este concepto está directamente relacionado con su valoración como un ser destinado a la maternidad y a su rol como hija, esposa y madre para cumplir con el mandato social y no con su dignidad como ser humano.  Muchos de estos códigos han sido redactados antes de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y en la mayoría no se tipifica la violación a los Derechos Humanos como bien jurídico tutelado. 

 

El derecho es “Un conjunto de normas, instituciones y prácticas jurídicas que tienen por objeto orientar el comportamiento social de las personas que conviven en una determinada sociedad.”  Este modelo de convivencia impone un imaginario colectivo al que deben ajustarse hombres y mujeres.  Expresa las preferencias ideológicas de los sectores dominantes, por lo que ha provocado las luchas de amplios sectores de la humanidad a lo largo de la historia.  Aunque en Panamá la convención CEDAW ha sido desarrollada en leyes nacionales, en muchos casos la legislación penal que regula exclusivamente a mujeres no cumple con las aspiraciones de las normas internacionales y a veces hasta resulta contraria a ellas.  Es por ello que el movimiento feminista actualmente está haciendo esfuerzos ingentes para modificar y modernizar la norma penal. 

 

Un análisis de la norma debe confirmar el respeto a la jerarquía de las normas.  El siglo X ha traído una “internacionalización” de las normas en materia de derechos humanos, que están basadas en un consenso internacional y deben ser el elemento orientador para las legislaciones nacionales.  En Panamá forman parte del bloque constitucional, en virtud del artículo 4 de nuestra Constitución Política.  Los principios rectores deben ser la igualdad y no discriminación. 

 

Se requiere interpretar cada disposición para analizar si existe o no discriminación contra la mujer, ya que la eliminación de la discriminación es una responsabilidad estatal y debe convertirse en un lineamiento.  Está claro que hay tensiones entre la adecuación a las normas internacionales y las pautas culturales vigentes, como podemos ver por la injerencia de las iglesias conservadoras y los fundamentalistas, que se resisten a esta adecuación, alegando violación a nuestra soberanía, falta a la moral, daño a la “familia” y protección a la vida.

 

Entre nuestras “perlas” discriminatorias tenemos, por ejemplo, la maternidad forzada establecida en la Ley 7 de 2013, que regula la esterilización; la negativa del gobierno a multar a los medios de comunicación por ejercer la violencia mediática contra las mujeres alegando que esto iría contra la “libertad de expresión” (mientras el mismo gobierno la viola cuando se trata de la oposición política); la lucha contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en defensa de la “familia”; y considerar la interrupción del embarazo como un “asesinato” y al no nacido como ‘persona’.

 

El aborto, la esterilización y la educación sexual requieren un tratamiento realista y diferenciado de sustentos morales y religiosos.  El derecho a la autonomía sexual es uno de los derechos humanos más importantes para las mujeres.  Con la penalización del aborto, el bien jurídico tutelado es la vida del feto, no la libertad de la mujer para decidir sobre su reproducción.  No está en discusión que el embrión sea vida humana.  Lo importante es que hay un conflicto de intereses producido entre la autonomía sexual de la mujer y el derecho del embrión, dependiente del organismo de la mujer.  El Estado debe tomar una posición que defienda la calidad de la vida, no sólo la vida como pulsión biológica, para que las mujeres de todos los niveles sociales puedan acceder a servicios adecuados y no expongan sus vidas, como sucede con las que no tienen ingresos suficientes para pagar abortos seguros. 

 

De acuerdo a los mandatos internacionales (que son de mayor jerarquía), la vida de las mujeres no se puede seguir poniendo en riesgo por razones de embarazo.  Esta causa de muerte en nuestros países no ha sido contemplada debidamente cuando se discute acerca de penalizar o no el aborto.  Esta es otra perla discriminatoria, porque las mujeres que poseen recursos económicos no corren ese peligro, ya que se lo pueden practicar en clínicas privadas, enmascarado como espontáneo, o viajar a un país donde sí está permitido.  Las restricciones a la autonomía sexual de las mujeres alcanzan incluso al derecho al acceso e información sobre medios anticonceptivos, lo que coloca a las mujeres entre la espada y la pared.

 

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada

IGLESIA CATÓLICA vs DERECHOS HUMANOS

 

¿Qué está pasando con los derechos de las mujeres en casi todas partes del mundo?  Pues que están bajo el fuego.  En pleno siglo XXI y a pesar de los esfuerzos desplegados y los logros obtenidos, Panamá no se salva de los retrocesos que estamos sufriendo, del incumplimiento de las leyes y de la creciente polarización en temas de aborto e iguales derechos a la esterilización, el no reconocimiento de los derechos de las personas con distinta orientación/identidad sexual, prohibición de anticonceptivos, además de los graves problemas que enfrenta la democracia y la institucionalidad.

 

Los movimientos conservadores y fundamentalistas religiosos satanizan el feminismo, tergiversan conceptos y se escudan tras la “familia” y defensa de la “vida”, inundando los medios con mentiras, verdades a medias y acusaciones falsas contra las Naciones Unidas.  El poder de estos movimientos conservadores se debe a la ignorancia, el pensamiento mágico religioso y la religiosidad supersticiosa; pero sobre todo, a la injerencia de las iglesias conservadoras, que manipulan el imaginario colectivo.  Por eso es tan importante la separación entre religión y Estado.

 

El periodista francés Frédéric Martel, en su libro “Sodoma” (2019) hace un estudio, muy bien sustentado, sobre la hipocresía del Vaticano y el clero en lo referente al celibato, pederastia, homosexualidad y ordenación de mujeres.  En la práctica, y especialmente desde la “liberación” sexual de la década de 1970, la castidad ya no es humanamente sostenible, sino más bien signo de inmadurez emocional o fuente de problemas patológicos serios.  Ahora la homosexualidad y el matrimonio igualitario son legales en la mayoría de los países democráticos, sin importar lo que piense la iglesia; en cincuenta años, hemos pasado de la penalización de la homosexualidad a la penalización de la homofobia.  Según Martel, la necesidad de verdad de su libro responde a la exigencia de verdad del Papa Francisco, que lucha contra la hipocresía.

 

La vocación religiosa fue ‘la’ solución al problema de la penalización de los homosexuales.  Al meterse a curas, encontraban un refugio donde eran respetados, nadie los cuestionaba sobre su soltería, podían usar faldas y vivían rodeados de hombres.  Entre el 60 y 70 por ciento de los seminaristas son gay.  Mientras más homofóbico es un clérigo, más probable es que sea homosexual.  La cultura del silencio ha permitido esconder la pederastia y los obispos han protegido a los agresores por miedo a que su propia homosexualidad sea revelada en caso de un escándalo.

 

La postura homofóbica de Juan Pablo II y Benedicto 16 convirtió al Vaticano en un instrumento de crueldad inimaginable para los clérigos y la iglesia perdió muchas vocaciones.  El símbolo del mayor escándalo fue el Cardenal Bernard Francis Law, cuando más de 15,000 niños entre 11 y 17 años de edad fueron víctimas de pederastia.  El actual Papa tiene una guerra en sus manos contra los cardenales homosexuales, que quieren mantener su status quo a toda costa.  Según Martel, Francisco le confesó a su séquito: “Es un libro muy bueno.  Yo lo sabía todo”.

 

El estudio "Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: La instantánea del género en 2022" presenta los últimos datos sobre la igualdad de género en los 17 Objetivos y destaca las interrelaciones entre los objetivos, el papel fundamental que desempeña la igualdad de género para impulsar el progreso de los ODS, y el papel central de las mujeres y las niñas en el camino hacia el futuro.  Sobre todo, señala el largo camino que queda por recorrer para lograr la igualdad de género.  Los últimos datos disponibles del ODS 5 muestran que el mundo no va a lograr la igualdad de género para 2030.

 

COVID-19 y la reacción contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están reduciendo aún más las perspectivas de igualdad de género.  La violencia contra las mujeres sigue siendo elevada; las crisis sanitarias, climáticas y humanitarias mundiales han aumentado aún más los riesgos de violencia, especialmente para las mujeres y niñas más vulnerables; y las mujeres se sienten más inseguras que antes de la pandemia.  La representación de las mujeres en puestos de poder y de toma de decisiones sigue estando por debajo de la paridad.  En muchos países de América los fundamentalistas han logrado posicionarse como mandatarios y se ha retrocedido casi a la edad media en cuanto a derechos de grupos vulnerables y mujeres.  Sólo se dispone del 47% de los datos necesarios para hacer un seguimiento de los avances en el ODS 5, lo que invisibiliza a mujeres y niñas. 

 

Por eso, el momento de actuar e invertir en las mujeres y las niñas es ahora, ya que estamos casi a mitad de camino de la meta de 2030 para los ODS.

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada Defensora de Derechos Humanos

LA FEMINIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

 

Los Derechos Humanos han cambiado la perspectiva de la legislación, al hacer surgir un pensamiento que por primera vez toma en cuenta la historicidad y el ser humano en todo su contexto al legislar.  Era obvio y evidente que no se le concedían iguales derechos a las mujeres: no se les permitía elegir ni ser elegidas; no podían ejercer las profesiones liberales ni disponer de su propiedad; en fin, se les consideraba infrahumanas.  Los dogmas de la Iglesia Católica también tuvieron gran influencia en la normativa de los gobiernos de occidente.  Los varones más notables de la Iglesia Católica enseñaron doctrinas mezcla de judaísmo y filosofía griega, con raíces en antiguas civilizaciones de Egipto, Babilonia y la India, ya que la posición inferior de la mujer era común a todo el resto del mundo civilizado. 

 

Los “derechos humanos” se referían única y abiertamente sólo a los hombres.  Incluso Olimpia de Gouges, militante y protagonista de la Revolución Francesa, fue guillotinada por publicar la “Declaración sobre los Derechos de la Mujer”.  Pero por lo menos era un enemigo visible.  Ahora la lucha es contra un enemigo mucho más peligroso, porque está encubierto.  Se esconde tras la máscara de la “neutralidad”, la “generalización” y el “familismo”.  Muy pocas personas escapan a la socialización patriarcal, y hasta que no se elimine el antifaz de neutralidad que le ha sido impuesto por el patriarcado, la sociedad no podrá logar la equidad de género ni en el ámbito privado, ni en el público, ni en el Derecho, que es el que rige las relaciones entre los individuos, entre estos y el Estado y entre los Estados.

 

Los movimientos feministas comenzaron con exigencias muy puntuales, como el derecho a la igualdad laboral y el derecho al voto, por ejemplo.  Poco a poco nacieron las teorías feministas que exigen que se tome en cuenta a la mujer como diferente del hombre y se exprese su identidad y sus derechos.  Estos variarán de acuerdo a cada sociedad, ya que cada sociedad tiene diferentes expectativas con respecto a lo que es aceptable o no para cada género.  Pero es necesario establecer ciertos mínimos o límites a lo que se puede tolerar.  No es posible que se tolere el femicidio, la violencia doméstica y la clitoridectomía como resultado del fundamentalismo más salvaje, que tienen que soportar millones de mujeres en el mundo.  La causa feminista no pretende neutralidad.  Su punto de partida es una actitud militante a favor del sexo femenino.  Los derechos de los hombres siempre han estado tan presentes, que pasan inadvertidos.  Por el contrario, el feminismo ha puesto sobre la mesa cuestiones como la relación entre el sujeto y el poder, entre la sexualidad y la diferencia sexual, entre la teoría y la práctica política, entre lo personal y lo político.  El feminismo resulta ser, más que una teoría, un complejo sistema de valores éticos, un campo de experiencias, que incluso difieren unos de otros.

 

Este sistema afecta sobre todo al Derecho Penal.  Es necesario que la legislación nacional cumpla con ciertos principios normativos generales, además de tomar medidas temporales para corregir los efectos de normas discriminatorias del pasado.  Un Derecho Penal pensado en clave de género debe analizar toda norma para determinar si es discriminatoria o si tiene efectos discriminatorios en contra de las mujeres.  Ya es hora de que se piense en un Derecho Penal de la Mujer como una nueva rama del derecho, como una evolución lógica y necesaria, que tome en cuenta las diferencias entre los géneros e incluya a las mujeres de todas las edades, clases, razas, etnias, capacidades, nacionalidades, estatus migratorio, preferencia u opciones sexuales, situación económica y todos los elementos que componen su mundo de vida.  Nancy Fraser ha desarrollado la idea de la equidad de género como compuesta por siete principios normativos, que deben ser respetados simultáneamente para que se pueda lograr la equidad de género, a saber: El Principio Antipobreza, el Principio Antiexplotación, el de Igualdad en el Ingreso, Igualdad de Tiempo Libre, Igualdad de Respeto, el Principio Antimarginación y el Principio del Anti-Androcentrismo.

 

Caben aquí algunas consideraciones sobre la “discriminación positiva” o “acción afirmativa”.  Estas medidas han sido muy criticadas por algunos hombres, que alegan que no se puede combatir una discriminación con otra.  Pero no son medidas discriminatorias, sino compensatorias, que surgen cuando hay una igualdad formal en apariencia, pero uno de los dos géneros no la logra efectivamente.  La igualdad requiere volverse real o práctica, no sólo teórica.  Cualquier medida de esta naturaleza que tome Panamá, no sería más que en cumplimiento de su responsabilidad como Estado parte de las Convenciones de Derechos Humanos del Sistema Interamericano.

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y Feminista

LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO

Contrario al discurso de los antiabortistas, la penalización del aborto no salva

vidas, sino que causa más muertes, más pobreza y más delincuencia. La

penalización no evita los abortos inseguros, más bien los aumenta; lo que hace es

evitar abortos seguros, legales y accesibles, así como el acceso a anticonceptivos

y la educación sexual, ambas condiciones indispensables para que las mujeres

puedan disfrutar del derecho a tener autonomía sexual. Los que condenan

inflexiblemente el aborto deberían más bien buscar soluciones para las mujeres

pobres y sus hijos, enfrentándose a la realidad que nos demuestran las

estadísticas.

El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el

mundo, ya que una de cada ocho muertes está asociada con el aborto inseguro.

Según el Instituto Guttmacher, la tasa es mayor donde el aborto es ilegal. El 25%

de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en

todos los supuestos o sólo lo permiten para salvar la vida de la mujer, mientras

que el 39% vive en países donde el aborto es libre. Seis de cada 10 mujeres no

pueden decidir en libertad. Sin embargo, se ha comprobado que las leyes

restrictivas influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan. La

legalización del aborto en Sudáfrica tuvo un impacto positivo inmediato en la

reducción de la frecuencia de complicaciones relacionadas con el aborto, con una

reducción de las muertes por aborto de más del 90%.

La penalización o maternidad forzada causa más pobreza, al condenar a las

adolescentes a interrumpir sus estudios, no poder trabajar, poner en riesgo su vida

o afectar su salud y por ende, condenarla a siempre ser pobre. A las mujeres

violadas las obligaría a tener los hijos de los violadores y a las multíparas las

condena a tener más hijos de los que puede mantener, con las consecuencias de

hambre, pobreza y desnutrición.

Ni hablar de los niños indeseados, que crecen sin la atención debida y terminan en

la delincuencia, ni de las adolescentes a las que se les obliga a la maternidad,

condenándolas a la pobreza y falta de educación.

Con la ley 55 de 2017 se hizo un esfuerzo por proteger a los recién nacidos

abandonados, estableciendo centros receptores para niños no deseados para que

sean ubicados en una familia acogente idónea en un periodo no mayor de 24

horas. Esto podría ser una solución para la maternidad forzada, pero no se ha

hecho un estudio sobre sus resultados. Es necesario legislar para ampliar el

derecho a la interrupción del embarazo por razones económicas, y los embarazos

causados por violencia doméstica, violación conyugal y violencia institucional La

violencia institucional es la realizada por funcionarios de cualquier institución

pública “con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres puedan

ejercer los derechos previstos en la ley. Panamá presenta enormes deficiencias

en cuanto a acceso a la información, la educación sexual integral y el

conocimiento de la ley. ¿Qué mejor ejemplo de esto que la niña de ocho años

violada por el esposo de su tía, a quien se le obligó a dar a luz?

El aborto seguro no es un asesinato, porque se limita el tiempo de embarazo para

interrumpirlo cuando el producto no es viable (entre 12 y 24 semanas). La ciencia

no ha podido determinar si el embrión de pocas semanas debe ser considerado un

ser humano, porque una semilla no es un árbol, un huevo no es un pollo y un

óvulo fecundado no es una persona, sino la posibilidad de serlo.

No es posible abordar el Derecho a la Vida desvinculado del Derecho a la Salud y

a una vida digna. Los Derechos Humanos son indivisibles y no puede prescindirse

de ninguno de ellos, así como ninguno de puede disfrutar a costa de otro. No se

trata de una mera supervivencia biológica---la Corte IDH ha manifestado que el

derecho a la vida no sólo presupone que nadie puede ser privado arbitrariamente

de su vida, sino también el derecho a que no se le impida vivir en condiciones

dignas, derecho que se les niega a niñas y adolescentes forzadas a la maternidad.

Si vemos que la penalización y la maternidad forzada no cumplen con el objetivo

que se proponen los antiabortistas, ¿Por qué insistir en la penalización? Es

obligación de nuestro Gobierno proveer a sus asociados un marco legal adecuado,

con información y servicios que les evite las enfermedades de transmisión sexual

y les permita planificar su familia de manera responsable, de acuerdo con sus

condiciones y posibilidades. Ningún Estado tiene derecho a obligar a nadie a

tener menos ni más hijos de los que quiere.

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y Feminista

UN PASO ATRÁS

 

El 24 de junio de 2022 la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el Fallo Roe vs. Wade de 1973, que habilitaba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense.  Esto dio un paso atrás con respecto a los derechos de millones de mujeres estadounidenses pobres, que no tienen los medios para acudir a otra jurisdicción donde el aborto no sea prohibido.  Lo escandaloso es que la diputada panameña Corina Cano, quien forma parte de la Comisión de la Mujer de la AN y tiene aspiraciones de presidirla (Y ahora, ¿quién podrá defendernos?), apoye la “Declaración de Ginebra” suscrita en su mayoría por países que tratan de imponer su cultura, creencias y religión en el plano internacional.  Ella misma ha manifestado que la Biblia debe ser el libro sagrado de todos los panameños. 

 

Lo malo es que la diputada Cano no está sola.  Detrás de ella está el movimiento Pro Vida y Pro familia, que debería llamarse “Pro Muerte y Contra familias”, ya que las discusiones sobre el aborto no incluyen aspectos de vital importancia como la vida, la salud biológica y mental de la mujer y las consecuencias inmediatas que puede sufrir durante un proceso de gestación no deseado.  Tampoco toma en cuenta las familias donde una boca más puede significar su desnutrición y hasta su destrucción.  A este movimiento se suman las iglesias protestantes conservadoras, que intentan imponer sus agendas fundamentalistas en todos los países latinoamericanos, las campañas ¨con mis hijos no te metas” y la insistencia de la diputada Cano en registrar los no nacidos, para identificar abortos.  Hay peligro de que los derechos reproductivos de la mujer panameña y su libertad, queden en manos de funcionarios y jueces que ponen sus creencias religiosas y patriarcales por encima de la justicia, como ha pasado en Estados Unidos.

 

Lo que más sorprende es que la diputada, siendo abogada, no conozca la posición política de nuestro país en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres establecidos en nuestra legislación.  Panamá está suscrita a los dos convenios principales de derechos humanos de la mujer y ha promulgado innumerables leyes que los desarrollan a favor de la mujer y su autonomía, mientras que Estados Unidos ni siquiera es signatario de la Convención Belem do Para y ha firmado, pero no ratificado, la Convención CEDAW.

 

El nuevo gobierno del Presidente Biden se opone a este documento y ha retirado la firma y patrocinio de esta declaración.  Si el mismo Estado proponente la retira, ¿Cómo puede pensar la diputada que el gobierno de Panamá debe suscribirla?

 

¿Cuáles son los antecedentes de este nefasto fallo de la Corte Suprema?  Donald Trump prometió como candidato que sólo nombraría magistrados a la Corte que revirtieran la doctrina sobre el aborto.  Con esa promesa logró los votos de una derecha religiosa que lo despreciaba, un grupo minoritario pero imprescindible para ganar la presidencia y una victoria que las urnas jamás le habrían dado.  El resultado es que ha impuesto su fanatismo a través de una institución no electa.  La nueva administración tiene muchas dificultades para revertirlo, ya que no tiene mayoría en el Congreso.  El mensaje es demoledor: se pueden imponer políticas extremistas a las que ninguna mayoría democrática daría legitimidad, manipulando las instituciones.  Según CNN el 60% de las mujeres estadounidenses quieren el aborto.

 

Es obligación de nuestro Gobierno proveer a sus asociados un marco legal adecuado, que aporte a las mujeres información y servicios para evitar enfermedades de transmisión sexual y les permita planificar su familia de manera responsable, de acuerdo con sus convicciones y posibilidades.  Ningún Estado tiene derecho a obligar a nadie a tener menos ni más hijos de los que quiere.  Es necesario agregar la interrupción del embarazo por razones económicas a nuestro Código Penal, como existe en otros países.  Desde el año 2008 hasta el 2019 se han reportado, según cifras de la Contraloría General de la República, 1,355 muertes a causa de desnutrición.  De esos, 488 son menores de cinco años.  ¿Pro Vida?

 

El fallo sobre Roe vs Wade afectará a todas las mujeres del pueblo estadounidense, pero sobre todo a las mujeres empobrecidas, negras, latinas y migrantes.  Esto ha generado una reacción en cadena con efectos en varios países.  Francia, por ejemplo, propone incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y varios grupos parlamentarios han anunciado proposiciones de ley para inscribir al aborto como un derecho fundamental en la Constitución francesa.

 

Lo importante de este nefasto fallo es que constituye una advertencia de que no podemos dar nada por conseguido en cuanto a derechos de las mujeres.  Debemos seguir alertas y en la lucha.

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR

 

“Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, dijo el Maestro, cuando le preguntaron los judíos si tenían que pagarle impuestos a los romanos.  Lo que quería decir es que todos tenemos que cumplir las leyes que nos obligan, no importa qué religión profesemos.  Nuestras creencias y nuestros libros sagrados nunca están por encima de la Constitución y las leyes de nuestro país.  Los funcionarios públicos, menos que nadie, pueden expresar que su religión es la verdadera y que es buena para todo Panamá, ya que sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, de lo contrario, estarían incurriendo en un delito.  Esto es lo que ha pasado con la nueva versión de las Guías de Educación Integral en Sexualidad del MEDUCA, elaboradas y consultadas con actores religiosos, que no son idóneos y no tienen la preparación científica ni pedagógica requerida para cumplir con el objetivo deseado, que es reducir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual.

 

Cuando los grupos fundamentalistas y las iglesias conservadoras comenzaron a presionar en contra de la ley integral de salud sexual y reproductiva y organizaron la campaña “Con mis hijos no te metas”, se llegó a la conclusión de que en realidad no era necesario promulgar una ley especial, ya que estaban vigentes varias normas que obligaban al MEDUCA a la educación sexual.  El Ministerio de Educación solicitó apoyo técnico al Fondo de Población de las Naciones Unidas y desde 2015 se trabajó en la elaboración de unas Guías sobre Educación Integral para la Sexualidad con la finalidad de incluirlas en el currículo escolar.  Con estas guías se buscaba brindar las herramientas necesarias a los docentes para que desde diferentes asignaturas se tratara el tema con los niños, niñas y adolescentes. Los contenidos de estas guías fueron seleccionados, desarrollados y validados técnicamente por una Comisión Interinstitucional y Multidisciplinaria formada principalmente por MEDUCA, MINSA, INAMU y ONGs.

 

En enero de 2016 el MEDUCA, a través de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, contrató una consultoría a cargo de una consultora nacional y otra internacional, ya que la evaluación final del país que puso de relieve los desafíos (que aún prevalecen).  Panamá ocupó la posición No. 16 entre las 19 naciones evaluadas y resultó la más rezagada de la subregión centroamericana.  El avance en educación fue de un 25%, y en el caso del sector salud de un 78%, ambos por debajo de los promedios regionales (60% y 76% respectivamente).

 

El contenido de estas guías promovía los derechos humanos, el empoderamiento, la no discriminación, los roles y la igualdad de género, el comportamiento de rechazo al abuso sexual, la violencia por razón de género y las prácticas nocivas, pero estas guías científicas fueron descartadas por el gobierno del Presidente Varela debido, seguramente, a sus creencias y sobre todo al costo político que tenía que enfrentar.

 

El Ministerio de Educación de este gobierno, en vista de que la situación no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado, debió retomar las guías que ya estaban elaboradas.   No obstante, imponiendo las creencias de los funcionarios públicos encargados, ha convocado a la Alianza Nacional por la Vida y la Familia, a los colegios católicos y la Asociación Cristiana (todos grupos religiosos que desde el inicio se han opuesto a la educación sexual), para que revisen las nuevas guías.  No se han convocado a las asociaciones feministas, ni a APLAFA, ni a médicos sexólogos, ni pedagogos, que tienen el conocimiento y la experiencia en educación integral en sexualidad.

 

Del análisis de estas nuevas guías se llega a la conclusión de que no son adecuadas para prevenir embarazos precoces, proteger a adolescentes de enfermedades de transmisión sexual, ni informan a los estudiantes, acudientes y docentes sobre sus derechos y deberes.  No reconocen el derecho a recibir información ética y científica, clara, comprensible y completa sobre los métodos de planificación familiar y de prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA y a tener acceso a servicios de consejería y orientación sobre todos los métodos disponibles, incluyendo los métodos naturales, ni se abordan temas como la importancia de denunciar, ni que la víctima tiene derecho a solicitar la píldora del día siguiente y el tratamiento retroviral contra el HIV SIDA, derecho a la interrupción del embarazo, etc.  No se habla sobre la responsabilidad de los adolescentes varones, sino únicamente del deber de las niñas de criar al producto de la violación y de sus madres de ayudarlas y apoyarlas, cuando es notorio que el 85% de las familias panameñas no son familias nucleares.

 

Lo recomendable, entonces, es que se retomen las guías originales con miras a lograr el objetivo social propuesto.

 

Haydée Méndez Illueca

Abogada y Defensora de Derechos Humanos

LA RELACIÓN ENTRE EL PODER Y LA VIOLENCIA

 

La violencia contra las mujeres se basa en la falta de poder económico y político de las mujeres que viven en sociedades patriarcales.  Para entender la violencia contra las mujeres se requiere analizar la relación entre la violencia y la estructura de las principales instituciones sociales.  En este sentido, para detener la violencia contra las mujeres se las tiene que liberar de las relaciones sociales y económicas opresivas.

Hay muchos tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres.  Así tenemos, por ejemplo, la violencia doméstica, la pobreza, la discriminación laboral y salarial, la discriminación social y religiosa, la desigualdad política, la desigualdad educativa, la violencia sexual, la discriminación en cuanto a los servicios públicos de salud, el maltrato judicial---en fin, todo lo que pone en desventaja a las mujeres con respecto a la otra mitad de la población, es violencia.

Según las estadísticas, hay menos las mujeres víctimas del delito que hombres.  No obstante, esta estadística se basa únicamente en la cifra conocida y no toma en consideración la cifra oculta, que consiste en los delitos que no se denuncian a la policía y que permanecen ocultos a la vista pública, como la violencia doméstica, el incesto y la violación conyugal.  Además, se ha comprobado que en algunos grupos de mujeres y en algunos delitos (principalmente los delitos contra la libertad sexual), la tasa de victimización es mayor para las mujeres que para los hombres.

Dentro de estos grupos de mujeres y de delitos, algunas mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas que otras.  Específicamente, en los delitos contra las mujeres afrodescendientes y las mujeres entre 16 y 19 años de edad, la tasa sobrepasa la de los hombres; hay más víctimas entre las mujeres de 16 a 24 años en comparación con mujeres de cualquier otra edad; las mujeres entre 12 y 15 años son los blancos preferidos del hurto; y la tasa de victimización es inversamente proporcional a la edad de la víctima

Existe una relación directa entre los delitos que se cometen contra las mujeres y su falta de poder político y económico dentro de la sociedad.  El temor a ser víctimas del delito limita la libertad de acción de las mujeres y aumenta en ellas el sentido de vulnerabilidad personal, limitación ésta que de por sí constituye una forma de violencia.  Las tasas de victimización demuestran que el delito contra las mujeres refleja su falta de poder.  Las mujeres divorciadas y separadas tienen seis veces más probabilidades de ser violadas o de ser víctimas del robo que las mujeres casadas; cinco veces más probabilidades de ser asaltadas y 60 por ciento más probabilidades de ser víctimas de hurto.  No obstante, tampoco se puede decir que hay menos víctimas entre las mujeres casadas, ya que la violencia doméstica que no aparece en las estadísticas y su aislamiento dentro y fuera del hogar pareciera indicar lo contrario.

Las mujeres de los más bajos estratos sociales son más vulnerables al delito de violación, lo que indica una relación entre el mundo de la vida de las mujeres y la violencia como sistema de control social.  Se ha pensado que la causa de la violencia contra las mujeres está en la personalidad y los antecedentes sociales de los perpetradores, pero los datos empíricos indican que las causas de la violencia no están en las características de los delincuentes, sino en el nivel político y económico de sus víctimas.

No obstante, la violencia contra la mujer no es menor en la cultura dominante, sino que simplemente está más oculta o legitimada como comportamiento masculino adecuado.  Desde la perspectiva feminista, la violencia es el resultado de un patrón aprendido de agresión y dominación masculina y la violación no es más que una exageración de los roles sexuales tradicionales.  La violación ocurre porque los hombres han aprendido a obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.  Las mujeres históricamente han sido definidas como propiedad de los hombres, y aun cuando ya no lo son en nuestra sociedad contemporánea, su uso como objetos sexuales en publicidad reduce su sexualidad a una mercancía.  Convertirse en una cosa es convertirse en un objeto susceptible de ser poseído y este estatus deshumaniza a la mujer y la hace víctima de la violencia masculina.  El hecho de que la mayoría de los violadores no considera que haya hecho nada malo, demuestra que la violencia contra las mujeres tiene algún grado de legitimación dentro de la sociedad.  Tenemos, entonces, que las mujeres que se perciben como las menos valiosas de la sociedad son las más victimizadas, así como las que no son identificadas como pertenecientes a un hombre.

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada