LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO

Contrario al discurso de los antiabortistas, la penalización del aborto no salva

vidas, sino que causa más muertes, más pobreza y más delincuencia. La

penalización no evita los abortos inseguros, más bien los aumenta; lo que hace es

evitar abortos seguros, legales y accesibles, así como el acceso a anticonceptivos

y la educación sexual, ambas condiciones indispensables para que las mujeres

puedan disfrutar del derecho a tener autonomía sexual. Los que condenan

inflexiblemente el aborto deberían más bien buscar soluciones para las mujeres

pobres y sus hijos, enfrentándose a la realidad que nos demuestran las

estadísticas.

El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el

mundo, ya que una de cada ocho muertes está asociada con el aborto inseguro.

Según el Instituto Guttmacher, la tasa es mayor donde el aborto es ilegal. El 25%

de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en

todos los supuestos o sólo lo permiten para salvar la vida de la mujer, mientras

que el 39% vive en países donde el aborto es libre. Seis de cada 10 mujeres no

pueden decidir en libertad. Sin embargo, se ha comprobado que las leyes

restrictivas influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan. La

legalización del aborto en Sudáfrica tuvo un impacto positivo inmediato en la

reducción de la frecuencia de complicaciones relacionadas con el aborto, con una

reducción de las muertes por aborto de más del 90%.

La penalización o maternidad forzada causa más pobreza, al condenar a las

adolescentes a interrumpir sus estudios, no poder trabajar, poner en riesgo su vida

o afectar su salud y por ende, condenarla a siempre ser pobre. A las mujeres

violadas las obligaría a tener los hijos de los violadores y a las multíparas las

condena a tener más hijos de los que puede mantener, con las consecuencias de

hambre, pobreza y desnutrición.

Ni hablar de los niños indeseados, que crecen sin la atención debida y terminan en

la delincuencia, ni de las adolescentes a las que se les obliga a la maternidad,

condenándolas a la pobreza y falta de educación.

Con la ley 55 de 2017 se hizo un esfuerzo por proteger a los recién nacidos

abandonados, estableciendo centros receptores para niños no deseados para que

sean ubicados en una familia acogente idónea en un periodo no mayor de 24

horas. Esto podría ser una solución para la maternidad forzada, pero no se ha

hecho un estudio sobre sus resultados. Es necesario legislar para ampliar el

derecho a la interrupción del embarazo por razones económicas, y los embarazos

causados por violencia doméstica, violación conyugal y violencia institucional La

violencia institucional es la realizada por funcionarios de cualquier institución

pública “con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres puedan

ejercer los derechos previstos en la ley. Panamá presenta enormes deficiencias

en cuanto a acceso a la información, la educación sexual integral y el

conocimiento de la ley. ¿Qué mejor ejemplo de esto que la niña de ocho años

violada por el esposo de su tía, a quien se le obligó a dar a luz?

El aborto seguro no es un asesinato, porque se limita el tiempo de embarazo para

interrumpirlo cuando el producto no es viable (entre 12 y 24 semanas). La ciencia

no ha podido determinar si el embrión de pocas semanas debe ser considerado un

ser humano, porque una semilla no es un árbol, un huevo no es un pollo y un

óvulo fecundado no es una persona, sino la posibilidad de serlo.

No es posible abordar el Derecho a la Vida desvinculado del Derecho a la Salud y

a una vida digna. Los Derechos Humanos son indivisibles y no puede prescindirse

de ninguno de ellos, así como ninguno de puede disfrutar a costa de otro. No se

trata de una mera supervivencia biológica---la Corte IDH ha manifestado que el

derecho a la vida no sólo presupone que nadie puede ser privado arbitrariamente

de su vida, sino también el derecho a que no se le impida vivir en condiciones

dignas, derecho que se les niega a niñas y adolescentes forzadas a la maternidad.

Si vemos que la penalización y la maternidad forzada no cumplen con el objetivo

que se proponen los antiabortistas, ¿Por qué insistir en la penalización? Es

obligación de nuestro Gobierno proveer a sus asociados un marco legal adecuado,

con información y servicios que les evite las enfermedades de transmisión sexual

y les permita planificar su familia de manera responsable, de acuerdo con sus

condiciones y posibilidades. Ningún Estado tiene derecho a obligar a nadie a

tener menos ni más hijos de los que quiere.

Haydée Méndez Illueca, Ph.D.

Abogada y Feminista