domingo, 28 de julio de 2019

EL TRAUMA DEL ABORTO


Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

La palabra “aborto” suscita profundas emociones en casi todo el mundo y existe una feroz confrontación retórica entre dos posturas extremas, que incluso en muchos casos llega hasta el homicidio y la violencia física contra el personal de salud que atiende en las clínicas donde se practica el aborto legal.  En un extremo están quienes le dan prioridad absoluta al embrión o feto sobre las decisiones y los derechos de la mujer, representados por los grupos “pro vida”; en el otro extremo, están quienes no le dan valor al embrión o feto, representados por los grupos “pro elección”, que le dan prioridad al derecho a la vida de la mujer, considerando que ésta ya es persona y el feto no.  Ninguno de los dos extremos está dispuesto a prestar atención a los argumentos del otro.

La buena noticia es que los grupos extremos son minoría y que la gran mayoría de la gente cree que un mundo sin aborto sería un mejor lugar para todos y ni son indiferentes ante sufrimiento de los millones de mujeres que cada año enfrentan esta decisión, ni son indiferentes ante la suerte del feto.  Ven cualquier aborto como una pérdida, pero aceptan que puede haber una justificación para la interrupción de un embarazo en ciertas situaciones.

La mala noticia es que, como esta mayoría no aborda el tema con la misma pasión de los extremistas, tienen menor repercusión en la opinión pública.  Como decía Gandhi, “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.”  Mientras más radical es un grupo, más bulla hace.

Sólo las mujeres saben exactamente por qué toman la difícil decisión de abortar, decisión que debe ser tomada únicamente por quien vive la situación y quien sobrelleva las consecuencias de lo que decida, en vez de por la autoridad política.  La obligación de la autoridad política es simplemente proveer un marco legal, información y servicios que permitan planificar la familia de manera responsable, sin obligar a nadie a tener menos hijos de los que quiere, ni más de los que pueda mantener.  A pesar de que esto es lo que dicta el sentido común y pareciera tan simple, muchos grupos de las llamadas “democracias” insisten en su conspiración retrógrada y contraria a los Derechos Humanos.  Si realmente queremos encontrar una solución, es necesario difundir información objetiva sobre el tema, para comprender mejor este problema personal y social, que afecta a muchas mujeres de manera directa o indirecta en algún momento de su vida. 

La Iglesia Católica puede pedirles a sus fieles que se abstengan de usar métodos anticonceptivos que no sean los naturales, que repudien el aborto y que hagan campañas públicas para que sus dogmas se conviertan en leyes, pero no tiene derecho a impedir que los ciudadanos hagan lo que la ley los autoriza a hacer, ni a que estos hagan campañas a favor de legislación que ya tiene validez universal.  Es un debate entre la razón y el dogma, pero lo cierto es que ni la mayoría de los fieles ni los mismos sacerdotes hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen.

La Iglesia Católica no acepta interrumpir un embarazo para salvar la vida de la mujer, aunque eso signifique privar de la madre a sus otros hijos.  Lo más difícil de entender es que tampoco permita los anticonceptivos ni la educación sexual (aunque digan lo contrario) como forma de prevenir el embarazo.  La maternidad forzada es un atropello tan intolerable como el aborto forzado.  Contra toda lógica, tampoco acepta la reproducción asistida para las mujeres con problemas de fertilidad, lo que coloca a la mujer entre la espada y la pared en todos los casos.

En Panamá el aborto está despenalizado dentro de los dos primeros meses de embarazo, sólo cuando el embarazo es consecuencia de una violación carnal o cuando peligra la vida de la madre o del producto y así lo determine una Comisión multidisciplinaria, que a veces toma tanto tiempo, que cuando lo hace, ya el bebé ha nacido).  No lo autoriza por razones económicas, aunque (según “El País”), en España una de cada tres mujeres lo solicita por falta de recursos para criar otro niño.

Por cierto, la prohibición del aborto sólo afecta a las mujeres pobres, ya que las otras lo tienen a su alcance cuando quieran, pagando médicos privados o viajando al extranjero.  Aun así, para ninguna mujer se trata de una decisión ligera, sino difícil y traumática.

sábado, 20 de julio de 2019

HOMBRES AGRESORES: ¿CURA O PREVENCIÓN?




Haydée Méndez Illueca, PhD

La violencia de hombres agresores hacia sus parejas es un problema muy antiguo, que no ha podido ser erradicado en ningún lugar del mundo.  La violencia es intergeneracional; la mayor parte de los agresores y víctimas han vivido el maltrato y la violencia en su propio hogar y lo replican en su vida de adultos.  En Panamá como en los países anglosajones y a nivel internacional, las leyes, protocolos y políticas han tomado medidas preventivas y curativas en un esfuerzo por cortar el hilo conductor que transmite la violencia o la sumisión de generación en generación como una enfermedad. 

Medidas curativas: En Panamá la Ley 82 de 2013 modifica el Código Penal y establece el tratamiento terapéutico multidisciplinario, que consiste en un programa de intervención para evaluación, intervención psicoeducativa, evaluación de eficacia y finalmente seguimiento del programa, realizado por profesionales titulados, cualificados y acreditados en ciencias del comportamiento, con la colaboración de trabajo social y enfermería en salud mental para modificar las actitudes, creencias y comportamientos de los agresores.  Lamentablemente, la ley no se ha cumplido a cabalidad y a la fecha el programa sólo se ha realizado en ciertos centros de salud aislados del Ministerio de Salud, pero no hay unificación ni un programa formal definido, así como tampoco una entidad dentro del Ministerio ni lugares especiales para llevar a cabo el tratamiento.

Incluso en países donde se han invertido suficientes fondos en programas formales de intervención psicoterapéutica contra la violencia, hay poca evidencia de que el tratamiento logre erradicar la reincidencia.  El factor de mayor riesgo es la exposición a la violencia dentro de la unidad doméstica en la niñez y adolescencia.  En conclusión, la experiencia tanto en Panamá como en otros países nos indica que la efectividad de las medidas curativas aplicadas a los agresores deja mucho que desear, ya que es muy difícil cambiar la manera de pensar, de percibir y la forma en que se reacciona.  La experiencia de otros países nos indica que la disuasión por certeza de castigo, la erradicación de la impunidad y la pena de prisión para los agresores ha funcionado mejor.  Por el contrario, el tratamiento psicoterapéutico de las víctimas por estrés postraumático y síntomas de depresión de moderados a severos ha dado mejor resultado que la intervención con agresores.

Mientras que en Panamá no tenemos estadísticas por falta de seguimiento sobre la efectividad del tratamiento, en Estados Unidos algunos estudios han arrojado una cifra de 5% de reducción de la violencia en los agresores sometidos a tratamiento.  Este bajo porcentaje de éxito merece un análisis de costo-beneficio, tomando en cuenta el costo del tratamiento y los efectos potenciales secundarios, versus los beneficios en cuanto a prevenir femicidios y lesiones y reducir el riesgo psicológico a las víctimas y menores expuestos a la violencia dentro de la unidad doméstica.  Una reducción de 5% puede parecer insignificante, pero el tratamiento en casos de violencia doméstica en los Estados Unidos podría significar que aproximadamente 42,000 mujeres por año dejarían de ser maltratadas.

Medidas preventivas: En Panamá la Ley 82 de 2013 contra la violencia hacia las mujeres establece una medida preventiva muy eficaz entre las medidas cautelares personales que no se ha implementado todavía, cual es la colocación de "localizadores electrónicos", mejor conocidos como Brazaletes Electrónicos.  Desde que entró en vigencia la ley, los diferentes gobiernos han buscado diversas excusas para no implementarla, desde la falta de presupuesto (la más usada) hasta una serie de irregularidades que fueron reclamadas por las empresas y nunca fueron contestadas por el MINSEG, según “La Crítica” del 28 de septiembre de 2015.  La ley contra la violencia hacia las mujeres es casi letra muerta o ley mártir, con infinidad de disposiciones que no se cumplen o se cumplen a medias, con una suerte muy parecida a la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999.

Felizmente, pudimos ver un rayo de luz esperanzador, cuando el candidato presidencial Laurentino Cortizo prometió, en una reunión con 10,000 mujeres, que implementaría los brazaletes electrónicos.  El 15 de abril de 2019 Fundagénero hizo entrega formal de un proyecto de sistema de implementaciones tecnológicas para la prevención del delito y protección de víctimas en la República de Panamá.

Este proyecto es una esperanza para las mujeres, ya que se regularía la aplicación de estas medidas cautelares que, con el uso de estaciones de monitoreo, lograrían que, por la geo-localización de víctimas y ofensores, se evite que más mujeres mueran con una boleta de protección en la mano.


(Publicado en abril en Facetas – La Estrella)

MALA PRAXIS


Desde 2017 se ha prohijado el Proyecto de Ley “Que establece la Humanización de los Servicios de Salud, la Sanción de la Mala Praxis en Salud y adiciona dos artículos al Código Penal”.  Sin embargo, como sucede con frecuencia, sigue dormido, ya sea porque los diputados consideran que hay otros temas más importantes, porque temen el costo político, o porque ni ellos mismos se toman la molestia de leer los proyectos.  Si los detractores (especialmente los más afectados, como son las personas que prestan servicios de salud) lo leyeran con detenimiento, con toda seguridad llegarían a la conclusión de que la ley es conveniente y no hay peligro de que sean acusados injustamente.  Lo cierto es que el derecho a la salud es un derecho fundamental del ser humano, protegido por nuestra Constitución; y su goce y ejercicio debe ser garantizado por el Estado.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el 40% del total de las personas que se enferman en el país no recibe los servicios requeridos; y sólo el 20% de la población tiene algún seguro de salud.  Esto evidencia que se necesitan políticas públicas con nuevas medidas para dar respuestas a los y las usuarias del sistema de salud; mayor asignación presupuestaria; más personal en muchas áreas; modernización de las estructuras; y eliminación de los obstáculos burocráticos.  Por supuesto, esto ayudaría al personal de salud a trabajar con más eficiencia y beneficiaría la calidad y el nivel de vida de los pacientes.

La ley establece derechos y obligaciones, no sólo para los prestadores de servicios de salud, sino también para los usuarios y usuarias.  Se establece la figura penal con su respectiva sanción para los casos graves y evidentes de mala praxis, pero de igual forma se aborda el tema de la excepción de culpa y responsabilidad, así como mecanismos alternos para la solución de conflictos, cuando las partes así lo consideren.

Es importante resaltar que en todos los casos la mala praxis debe ser demostrada mediante dictámenes de auditoría externa en salud, pericias u otros medios probatorios.  La responsabilidad administrativa se determina mediante un proceso administrativo interno, según lo establecido en el reglamento interno de cada institución.  En los casos de falta grave en los altos niveles institucionales, la queja es examinada por un Consejo Técnico de Salud, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo.  Esto y la capacitación de fiscales y jueces en materia de responsabilidad civil y penal sobre mala praxis en los servicios de salud, debe fortalecer la buena práctica médica y la profilaxis del daño a terceros en el ejercicio de esta noble profesión.

Se establece un Cuerpo Técnico Especializado en materia de servicios de salud adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un cuerpo de expertos de reconocida idoneidad técnica e integridad ética, a fin de participar como peritos en los juicios disciplinarios, civiles y penales.  La ley también contempla un Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual adscrito al Ministerio de Salud, para el acompañamiento humanizado y espiritual de los enfermos y enfermas cuando así lo soliciten.

Muchas víctimas de la mala praxis son personas humildes que ni siquiera tienen conocimiento de sus derechos ni tienen voz.  Se necesitan disposiciones especiales sobre el tema de la mala praxis y una juiciosa elaboración doctrinaria y jurisprudencial sobre el tema; de lo contrario, es inevitable que nuestros jueces, en la práctica, tomen decisiones casuísticas y aleatorias, basándose en su sano juicio y en el casi inexistente testimonio de otros médicos, quienes tienden casi siempre a testificar a favor del acusado.  Es imprescindible concienciar a la comunidad sobre sus derechos, contenidos en la Ley 68 de 2003 y en este proyecto de ley, que regulan derechos y obligaciones de pacientes y prestadores.  Además, establecen la autonomía de decisión respecto a los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapia y sobre la confidencialidad de la información relacionada con su proceso, así como la libre elección de opciones de tratamientos presentados.  Un público bien informado es un público que puede defenderse y exigir que se cumpla con la aplicación correcta de los protocolos médicos.

En definitiva, es necesario humanizar la salud para disminuir y finalmente erradicar las carencias por motivos estructurales, lo que necesariamente exige reformas al sistema de salud, para cambiar su carácter burocrático, centralizado, excluyente, deficiente, sin suficiente asignación presupuestaria y carente de calidez humana.  Esperemos que la nueva asamblea que toma posesión el 1° de julio asuma esta responsabilidad.


Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

domingo, 7 de julio de 2019

MORAL SIN RELIGIÓN


“Mujeres y Constitución” es un grupo que hemos formado mujeres interesadas en que las reformas a la Constitución no dejen por fuera a la mitad de la población.  Vimos con desánimo la noticia en Telemetro donde se informaba que en el borrador del texto constitucional se había incluido la Paridad, pero no el Estado Laico.

Las excusas que se dieron para excluirlo son inválidas: Que era un tema sensitivo y complejo: FALSO.  Siempre se ha creído que Panamá es un Estado laico, pero la Constitución es ambigua y contradictoria, porque no lo dice explícitamente y por otro lado privilegia a la religión católica.  Desde el preámbulo invoca “la protección de Dios”; a pesar de decir que es libre la profesión de todas las religiones, obliga a enseñar la religión católica en las escuelas públicas.  Es un ripio decir que la religión católica es la de la mayoría de los panameños---esto no debe aparecer en un texto constitucional.  Otra excusa es que el tema había sido presentado por los jóvenes y que no se trajo originalmente:  FALSO.  No sé si también lo presentaron los jóvenes, pero las mujeres lo trajimos a colación desde un principio.

Lo cierto es que el tiempo en que la Iglesia era todopoderosa ya pasó.  El texto constitucional quedó congelado en el tiempo, se aleja de la evolución mundial y del avance de la ciencia y la tecnología, es ambiguo y contradictorio y no señala taxativamente que la República de Panamá es un Estado laico.  Hay que aprovechar la coyuntura de reformar la Constitución para modernizarla, porque sin Estado laico no hay respeto por los Derechos Humanos ni puede haber una real paridad, porque existe una antipatía histórica por las mujeres en las enseñanzas, la teología y las actitudes de la mayoría de las religiones del mundo.

El término “moral cristiana”, que aparece por doquier en el texto, excluye a las demás culturas.  ¿Y qué pasó con la moral de los agnósticos, los no-creyentes, budistas, musulmanes, judíos, taoístas, mormones y los que creen en pajaritos que le hablan al oído y en el pecado de las imágenes de caballos apocalípticos?  Puede haber moral sin religión, pero no religión sin moral.  Y es inmoral que una religión irrespete los Derechos Humanos.  Como dice una colega, y la cito porque no se puede decir mejor:

“La frase "moral cristiana" en textos legislativos es tan inexacta, que queda siendo aplicada caprichosamente a quienes no nos adecuamos a la idea del "deber ser", a quienes nos atrevemos a desafiar el mandato heteronormativo y patriarcal, o a las personas literalmente marginalizadas de la sociedad: a las feministas, a las trabajadoras sexuales, a las personas LGBTI, a las personas que viven con VIH, a extranjeros y extranjeras, a personas con problemas de salud mental y drogodependencia y un largo etcétera de "lxs otrxs".

Bajo su paraguas, se sanciona a quienes el juzgador o juzgadora no le puede "cuadrar" ninguna otra "falta" y por tanto, recurre a este comodín legislativo que sobrepasa cualquier lógica de análisis de caudal probatorio y que tanto espacio para la violencia y la arbitrariedad tipo "por mis pistolas" otorga. 

Por otro lado, incluir en un texto constitucional que el comportamiento colectivo debe ser cónsono con un tipo particular de moral (la cristiana) es otorgar mayor reconocimiento (en términos axiológicos) a ésta, en detrimento de otras.  Y no hay manera jurídica de que eso se haga, sin discriminar (o crear espacios para la discriminación) a quienes profesan otras religiones o quienes no son creyentes o a quienes simplemente no se pliegan al mandato del deber ser hegemónico.

Además, para tener moral, no se necesita tener religión. A lo que se debería/deberíamos aspirar es a que las personas nos comportemos dentro de ciertos parámetros mínimos: los derechos humanos.

Estoy realmente anonadada que en pleno siglo XXI todavía tengamos que explicar por qué los Estados Laicos son necesarios para las democracias.  Como si toda la historia no nos ha demostrado ello ya con creces.”

Las constituciones no deben reflejar principios de ninguna religión, porque esto es lo que garantiza y da validez para toda la ciudadanía de cualquier fe o de ninguna, una verdadera posición laica, que respete de manera efectiva los derechos humanos de toda la población. Y de manera particular, que los intereses y las necesidades de las mujeres sean tomados en cuenta por el Derecho desde una visión más integradora, equitativa, laica y democrática en su significado, aplicación e interpretación.

Haydée Méndez Illueca, PhD
Abogada

martes, 2 de julio de 2019

El poder político de la ira de las mujeres


EL PAÍS - España
La movilización, impulsada por una nueva generación feminista, recorre el planeta, desde el MeToo hasta el “Hermana, yo sí te creo” de España o el “Ni una menos” en Argentina
En el contexto privado y en el público las mujeres han sido plenamente conscientes del peaje que acarrea mostrarse airadas. A la pregunta “¿estás enfadada?”, la respuesta habitual “no”, o “¿yo?, no”. Pero este arquetípico intercambio ha empezado a hacer agua en los últimos años. Sin esperar a ser preguntadas, sin tratar de disimular su cólera para ganar tiempo y lograr calmarse, muchas mujeres expresan hoy abiertamente su enfado en distintos ámbitos. Lo personal vuelve a ser político, como proclamaba el lema feminista, y además furiosamente. La broma irónica para calmar los ánimos o las lágrimas como forma líquida y poco amenazante para expresar frustración y enfado han dejado paso a un grito alto y poco apaciguador.




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Unión y desunión feminista
En sintonía con esta era de emociones en política, la ira que ellas sienten (¿explosiva?, ¿liberadora?, ¿irreverente?, ¿ciega?) ocupa calles, redes sociales, tribunas y cuartos de estar, también salas de exposiciones, pantallas cinematográficas, escenarios teatrales y, de forma apabullante, las mesas de novedades en las librerías. “No hay una sola mujer que no comprenda que su enojo es abiertamente denigrado. No necesitamos libros, estudios, teorías o especialistas que nos lo cuenten”, escribe, a pesar de ello, Soraya Chemaly en su oportuno y esclarecedor ensayo Enfurecidas. Reivindicar el poder de la ira femenina (Paidós). “Las mujeres experimentan la discriminación de formas distintas, pero comparten la experiencia de que al mostrar su enfado se les diga que están locas, son irracionales o están poseídas”.
Cierto que más allá del género, la ira genera rechazo, no resulta atractiva ni agradable; es uno de los siete pecados capitales, descendiente directa de las furias diosas de la venganza. Mitologías y tradiciones aparte, una cuestión central en torno a la cólera radica en la forma en que es entendida y etiquetada en función de quién la exprese. Valentía, capacidad de liderazgo, decisión o simplemente fuerza y convicción, son algunas de las connotaciones que pueden ir asociadas a la ira masculina y que distan mucho del pegajoso estereotipo que atrapa al enojo de una mujer. A un hombre no se le juzga de la misma manera por estar furioso; ella, si pierde los estribos, será tildada de histérica o amargada. Por eso, apunta Chemaly, a las mujeres por lo general “no nos enseñan a reconocer o manejar nuestra cólera tanto como a temerla, ignorarla, esconderla o transformarla”. El contexto cultural influye: hay lugares y culturas más relajados frente a los exabruptos tanto femeninos como masculinos, y otros en los que el autocontrol se valora por encima de todo. La tolerancia acústica de las sociedades varía: el mismo grito, capaz de hacer estallar una cristalería pongamos en Copenague, no incordia ni a una mosca en Nápoles. Y sin embargo, la ira femenina que hoy se agita clama desde muchas latitudes contra la desigualdad, el abuso, y la discriminación sistémica, con reivindicaciones concretas en cada lugar. Se calienta con la etiqueta estadounidense Metoo, el grito “Hermana, yo sí te creo” ante la sentencia de la Manada en España, o el lema argentino #NiunaMenos. Ya no vale decir que las mujeres que protestan no saben de Derecho, o no entienden un coqueteo en la oficina.
“La primera marcha fue después de que apareciera el cuerpo de una joven que llevaba un tiempo desaparecida. No era la primera, se sumaba al de tantas otras, pero se produjo la eclosión. Explotamos y no había más posibilidad de no salir, ganar la calle y hacernos escuchar”, recuerda al teléfono la escritora Claudia Piñeiro, una de las voces más preclaras y valientes del movimiento en Argentina cuyos discursos ante congresistas y senadores a favor de la legalización del aborto, finalmente tumbada en la votación, marcaron un hito. De paso por España para presentar su novela Ella lo sabe (Alfaguara) Piñeiro defiende la movilización y visibilización que ha generado la ira, logrando implicar políticamente a los jóvenes. “Si los hombres quedaran embarazados el aborto en la Argentina estaría legalizado, y no tengo duda de muchas cosas parecidas. ¿Cómo no tener ira? Te hacen algo tremendo y luego te dicen ‘pero no te enojes, decilo bien’. ¿Y por qué? Cuando además de enojarme tengo que controlarme, me pides una exageración, no tengo por qué estar tranquila”, explica Piñeiro. “Estamos llenos en la Argentina de políticos y políticas que con un tono muy suave te hablan de cómo las mujeres no deben interrumpir su embarazo, aunque los abortos se practiquen ilegalmente con agujas de tejer. Ese tono lastima más que si fuera iracundo”.
Ingrid V. Wells, ingridvwells.com
EE UU, epicentro del MeToo, y escenario de la derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 frente a Donald Trump, el magnate que presumía de agarrar los genitales de mujeres, es el foco de Rebecca Traister. Cronista especializada en cuestiones feministas para la revista New York, su libro Buenas y enfadadas, el poder revolucionario de la ira de las mujeres (Capitán Swing) elabora un pormenorizado relato del despertar y apogeo de la cólera femenina y entona una apasionada defensa del capital político que encierra. “La ira es un catalizador para clamar contra la injusticia y la desigualdad, y esto es algo histórico en lo que coinciden todos los movimientos sociales”, explica al teléfono. “Luego se transmite una versión distorsionada de la historia en la que la ira que impulsó el cambio queda tapada, como en el caso de Martin Luther King. Tampoco se enseña que muchas mujeres desobedientes, insistentes y furiosas han moldeado nuestras sociedades”.
Lo cierto es que si hubiera que señalar a alguien que ha logrado colocar el enfado en la pista central de la política, ese parece haber sido Trump. La furiosa respuesta de las mujeres en EE UU parece haber seguido el tono que él y sus bases marcaron, más que abrir un camino nuevo. Así lo señala la ensayista y crítica cultural, Laura Kipnis, por correo electrónico: “La campaña y las elecciones cambiaron el clima y después vinieron las impactantes revelaciones del MeToo que han provocado ira en muchas mujeres, sobre el ruin comportamiento sexual masculino y sus prerrogativas. Lo que es una novedad es que las instituciones sociales en EE UU han empezado a usar nuevos códigos de conducta que hacen que los hombres sean responsables de cosas que hasta ahora eran tácita o explícitamente permitidas”.
Traister rechaza que se trate de una caza de brujas —“los delitos no son inventados”—, ni “estar glorificando el odio”. En Buenas y enfadadas repasa el legado del feminismo de la Segunda Ola de los años setenta, y no obvia los peligros que entraña la ira. “Puede fragmentar y destruir, pero también inflama, sirve de motor y hace visible y audible lo que está infra reconocido”, sostiene. ¿Y las divisiones que se han generado entre distintos sectores con discusiones sobre la raza, o el apoyo que muchas han dado al sistema contra el que cargan? “Es algo valioso también porque han aflorado conversaciones complicadas y necesarias”.
La furiosa respuesta de las mujeres en EE UU parece haber seguido el tono que Trump y sus bases marcaron, más que abrir un camino nuevo
Martha C. Nussbaum, la filósofa estadounidense premio Príncipe de Asturias, ha estudiado el papel de los sentimientos en la política en La ira y el perdón (Fondo de Cultura Económica) y más recientemente de The Monarchy of Fear (la monarquía del miedo). Citando a Aristóteles ella señala que en la cólera se encuentra una necesidad de devolver el golpe. Pero la idea de la retribución, advierte, no tiene sentido: enfocarse en la ofensa original y buscar recompensa, imaginar que el sufrimiento futuro de quien ha cometido la ofensa mejorará las cosas, no funciona.
Hay otro camino que Nussbaum señala como el único válido. “Es el tipo de cólera que llamo transicional, que no busca retribución, su contenido puede resumirse en ‘esto es un escándalo y no debe suceder de nuevo’. Evidentemente, una persona que siente ese tipo de ira que está enfocada en el futuro puede buscar un castigo legal o social, porque el castigo es un elemento disuasorio”, aclara por correo electrónico. ¿Es esta la cólera que expresan hoy las mujeres en EE UU? “Sí, quieren exponer ofensas para que no vuelvan a pasar, para que toda la sociedad despierte”, apunta. “Pero a menudo se necesita una amenaza legal. El acoso sexual en el trabajo y en las universidades se ha frenado con condenas que la gente sabe que puede sufrir. No es algo nuevo, lleva en marcha 40 años en la legislación estadounidense, con valiosas sentencias. Las mujeres han trabajado en el campo legal y en la sociedad para hacer patente que el acoso sexual es una ofensa, no simple flirteo o erótica, y en casi todos los centros de trabajos hay reglas que lo persiguen. Lo que se necesita ahora es que la aplicación sea más uniforme, y que se extienda a campos como el cine o el deporte donde no hay un solo espacio de trabajo, y las estrellas han podido cometer abusos impunemente”. La ira ayuda a proteger la dignidad, es esencial para que quien comete la ofensa cargue con su responsabilidad y es fundamental para combatir la injusticia, ha escrito Nussbaum, pero si se lleva demasiado lejos puede envenenar el objetivo común.
Un frente de mujeres cuyos votos traten de impedir el retroceso de sus derechos y empujar en el avance de la igualdad no es algo que los partidos puedan obviar
Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y autor del ensayo (Fe)Male Gaze. El contrato sexual en el siglo XXI (Anagrama), advierte sobre cómo la “hipersensibilización de las relaciones puede desembocar en una enemistad recelosa”. La ironía, apunta, es que no te hacen caso hasta que no elevas la voz, pero la movilización puede causar víctimas y contrarreacciones: “En España Vox puede ser el enfado de los hombres que contesta a la ira de las mujeres”. Las emociones conviene examinarlas con cuidado. “Hay que preguntarse si la ira es la mejor forma de conseguir unos objetivos y examinar si está bien fundada, porque, tanto en hombres como en mujeres, puede no estarlo. Indignarse no da la razón automáticamente, ni tampoco la quita”. La crítica Kipnis reclama, también desde EE UU, un riguroso análisis que más allá de los daños causados permita centrase en reclamar más recursos para avanzar la causa y ayudar a las mujeres.
De lo que no hay duda, a uno y otro lado del Atlántico es de que la cólera femenina es una fuerza política en potencia, algo que habrá que tener en cuenta en la campaña electoral que se avecina en España. Un frente de mujeres cuyos votos traten de impedir el retroceso de sus derechos y empujar en el avance de la igualdad no es algo que los partidos puedan obviar.
Escribe Soraya Chemaly, la autora de Enfurecidas, que “es más fácil criticar a una mujer enfadada que preguntar ‘¿qué te pone furiosa? ¿qué podemos hacer?”. Quizá llegó la hora en el ámbito público y en el privado, de hablar del porqué de ese ceño fruncido y ese grito. Porque sí, ellas están enfadadas.


domingo, 14 de abril de 2019

EQUIDAD DE GÉNERO, UNA LUCHA QUE NO TERMINA La Estrella, Facetas del domingo 24 de marzo de 2019


Entrevista a Haydée Méndez Illueca por Esther M. Arjona:



Pregunta: ¿Por qué considera que un problema tan antiguo no ha podido ser erradicado en ningún lugar del mundo?



Contestación: Porque muchas mujeres y hombres todavía están atrapados en el paradigma del patriarcado, el fundamentalismo, la superstición y la injerencia de las iglesias.  Cada avance provoca una fuerte reacción de aquellos que creen ver amenazados sus intereses y creencias.  El patriarcado es un dinosaurio que no se termina de morir, a pesar de que se le han lanzado tantas flechas, como la escolaridad de las mujeres y leyes contra las violencias que sufre.  Algunos piensan que está herido de muerte, pero de repente levanta otra vez la cabeza.  Los que ostentan el poder son los hombres, y no están dispuestos a soltarlo.



Pregunta: ¿Cuánto de responsabilidad en esto recae en las mujeres, tomando en cuenta, por ejemplo, que un proyecto de ley contra el acoso callejero no fue apoyado por las propias diputadas, solo por la proponente?



Contestación: El machismo no lo detentan sólo los hombres.  Debemos recordar que tanto mujeres como hombres somos criados dentro de estereotipos y auto-limitaciones que se inculcan en y hacia las mujeres. Por eso la paridad en la escogencia de mujeres para cargos altos no sólo debe ser de cantidad, sino de calidad.



Pregunta: ¿Cuál es la clave para hacer cambiar los patrones culturales que luego dan paso a reglamentos y leyes?



Contestación: Educación.  Y a diputados, autoridades y personas a nivel de políticas públicas y toma de decisiones, el conocimiento y la obligación de cumplir las leyes.  Ya las leyes y reglamentos los tenemos – falta que tanto los asociados como las autoridades tengan el conocimiento de las mismas y la voluntad política para cumplirlas.



Pregunta: ¿Qué cambios son necesarios a nivel de estado y a nivel de sociedad para alcanzar la igualdad de género?



Contestación: La clave es capacitación en género y derechos humanos para la población en general y las autoridades en especial; y políticas públicas con perspectiva de género.  Sobre todo el Presupuesto para llevar a cabo los cambios, el cumplimiento de las leyes y la erradicación de la impunidad.  Últimamente estamos viendo fallos indignantes que dejan en la impunidad delitos sexuales aberrantes como la violación de una niña de 8 años.



Pregunta: Buenas para el trabajo, pero no para el reconocimiento. ¿Cómo equilibrar esta fórmula?



Contestación: Acabando con la violencia laboral: la brecha salarial, acoso sexual, hostigamiento, techo de cristal y el favoritismo.  El favoritismo también fue eliminado por los y las diputadas de la Ley contra Actos Discriminatorios.  Esto evidencia falta de conocimiento, ya que su eliminación favorece mayoritariamente a los hombres.  Me hace pensar que los diputados y diputadas ni leen las leyes que aprueban.  Se reconoce la doble y triple jornada de las mujeres proporcionándoles centros de orientación infantil para el cuido de sus hijos mientras trabajan.  Las mujeres sufrimos una gran ansiedad cuando no sabemos que nuestros hijos están seguros mientras trabajamos.



Pregunta: ¿En qué punto, en qué espacio se encuentra Panamá, en comparación con otros países de la región y en una escala global?



Contestación: La violencia contra las mujeres es una epidemia mundial.  Según la OMS, afecta a un tercio de las mujeres en el mundo.  Por regiones, la prevalencia de maltrato de mujeres se sitúa en:

África: 45,6%, Sureste Asiático: 40,2%; Mediterráneo Oriental: 36,4%; América: 36.1%; Países de altos ingresos: 32,7%.  Esto evidencia que a mayor educación, menos violencia. 

A nivel mundial, a la fecha todavía hay 49 países que carecen de leyes sobre violencia doméstica; 45 países carecen de leyes contra el acoso sexual; y 37 países eximen legalmente a los violadores si están casados con la víctima o se casan posteriormente con ella. 

De Centroamérica, Guatemala es el país que más alto nivel de femicidios presenta. 

En Panamá hubo 19 femicidios y 14 tentativas de femicidio en el 2018 (33 en total), y 22, 281 casos de delitos sexuales.  El aumento de delitos sexuales ha sido tan alarmante que nos ha obligado a promulgar la Ley 21 de 2018 que aumenta las penas por estos delitos y Panamá está entre los países con la tasa más alta de embarazos de adolescentes. 



Pregunta: ¿Por qué la necesidad de un Estado laico para que se pueda lograr esta igualdad de género?, ¿cuál debe ser el papel de la religión en esta ecuación?



Contestación: El Estado laico es imprescindible para que se respeten los derechos de las mujeres.  La creencia religiosa de las personas merece todo nuestro respeto, pero el Estado tiene que garantizar con firmeza que las iglesias no sean las que definan los valores y que los funcionarios públicos no se valgan de la religión a la hora de realizar sus tareas.  En un Estado laico la persona decide; la sociedad respeta; el Estado garantiza; y la iglesia no interviene.



Pregunta: Se ha visto un recrudecimiento contra la figura de la mujer feminista, ejemplo, el uso del término “feminazi”. ¿Cómo desestigmatizar un movimiento que aboga principalmente por la igualdad de derechos en hombres y mujeres?



Contestación: El término “feminazi” encierra un oxímoron, pues los nazis también persiguieron a las mujeres feministas.  Denota ignorancia de parte de las personas que lo usan, ya que el nazismo es una ideología que se caracterizaba por su rechazo por la democracia liberal y el sistema parlamentario, el antisemitismo, el racismo científico, la eugenesia y el machismo.  Por el contrario, el feminismo es un movimiento social favorable a la mujer, que aboga por que las mujeres tengan la capacidad y derechos que antes eran reservados a los hombres y la equidad, respetando las diferencias entre mujeres y hombres.  La mejor forma de “desestigmatizar” un movimiento es dándolo a conocer.



Pregunta: ¿Cómo funcionaría el Observatorio de la violencia mediática?



Contestación: El observatorio respondería a la necesidad de prevenir y erradicar la violencia mediática contras las mujeres en la publicidad y medios de comunicación.  Los estereotipos de género transmitidos a través de la publicidad y los medios de comunicación impiden el empoderamiento de la mujer, al convertirla en un objeto y no en un sujeto de los mensajes.  El observatorio sería una institución autónoma o semiautónoma con el objetivo de dar seguimiento o monitoreo a los contenidos mediáticos y publicitarios.  Sería una instancia con capacidad técnica y financiera para albergar un grupo de profesionales permanente para la recopilación, análisis y divulgación de los hallazgos del monitoreo a través de plataformas tecnológicas que faciliten la labor.  Recomendaría multas o sanciones administrativas a los medios publicitarios y de comunicación que incurran en violencia mediática.



Pregunta: ¿Qué nos dice la realidad de la familia panameña sobre el problema de la desigualdad?



Contestación: En Panamá, como en otros países, existen múltiples tipos de familia, pero los fundamentalistas insisten en considerar sólo la familia nuclear, que ya es una rareza.  El 85% de los niños panameños nacen fuera del matrimonio y sólo el 24.7% de las parejas están casadas.  El familismo, que es la valoración de la familia y el hogar por encima de los derechos de la mujer, se usa para perpetuar su dominación.  Pero como resulta que la familia nuclear es una institución en extinción, los derechos de la mujer se sacrifican por algo inexistente. 



Pregunta: ¿Qué tan lejos estamos de cosechar los frutos de un trabajo tan arduo?



Contestación: Según los expertos, la verdadera equidad no se alcanzará hasta dentro de 70 años (tres generaciones), cuando ya el siglo está terminando; por lo tanto hay peligro de que termine el siglo sin que el anhelo de la equidad se haya dado.  La lucha es y seguirá siendo encarnizada.

LAS CENICIENTAS


Haydée Méndez Illueca, PhD



El 18 de marzo la Defensoría del Pueblo organizó un debate para los candidatos presidenciales sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres.  El Tribunal Electoral tuvo la amabilidad de abrir sus puertas a las mujeres y prestar su auditorio para que se abriera el debate a las 6:30 p.m.  Muchas mujeres fuimos, entusiasmadas porque pensamos que por fin íbamos a escuchar de boca de los candidatos las propuestas sobre nuestros derechos.  Lamento decir que fue una gran desilusión y un gran desplante, porque sólo asistió una candidata presidencial – la única mujer de siete candidatos (y eso que es el mes de la Mujer).  



Sólo una candidata asistió; dos enviaron a sus candidatos a vice presidentes; uno mandó una nota formal excusándose por otro compromiso; otros dos cancelaron a última hora; y otro canceló la asistencia de su candidata a vice presidenta y en el último minuto de cierre se apareció una que decía ser su representante, que ni era candidata a vicepresidente ni era de su partido y que se apareció en el minuto de cierre, exigiendo que se le dieran 5 minutos para su discurso (lo que no le permitieron, porque los demás asistentes no estuvieron de acuerdo).



Los más perjudicados con esto son los mismos candidatos, porque pierden la oportunidad de pronunciarse sobre temas específicos y dar a conocer sus propuestas.  Los minutos que quedan por la ausencia de candidatos deberían repartirlos entre los que sí asisten, para que la pérdida de unos sea ganancia de otros.  En el Foro Económico de CONEP, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, no permitieron que los candidatos enviaran a nadie en su representación.  Así debió ser en el debate por los derechos humanos de las mujeres. 



Las mujeres queríamos saber qué proponían los candidatos presidenciales hombres sobre las políticas públicas a favor de la mujer.  Sin embargo, a veces se dice más con no decir nada---en este caso, indiferencia y desprecio hacia las mujeres y reafirmación del patriarcado, así como hacia la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Electoral.  Se prefirió coquetear con grupos de interés, en vez de enfrentar los problemas y luchas de la mitad de la población y las madres de la otra mitad, porque todos los grupos de interés tienen mujeres entre su membresía y la defensa de sus derechos les concierne a todas.  Se cubría más población hablando a todas las mujeres. 



Siempre insisto en que la capacitación es importante, pero de nada vale tener mujeres bien informadas de sus derechos ni crear las vías legales para ejercerlos, si no existen los medios para que estos se concreten.  Por ello, simultáneamente a la capacitación se recomienda tomar acción afirmativa, teniendo presente que estas medidas son temporales y se deben tomar previo análisis, para no llegar a la discriminación inversa.  Las asignaciones presupuestarias para tomar estas medidas debió ser un tema de las propuestas, así como destinar recursos para la dotación de casas seguras, líneas calientes, vehículos de transporte de emergencia, y otros.  Esto podría coordinarse con grupos voluntarios de la sociedad civil. 

Entre las luchas democráticas que el Estado deberá enfrentar en el siglo XXI, la más importante consiste en transformar los malestares, demandas y necesidades de las mujeres y los hombres en propuestas de naturaleza política.  Aun cuando parezca una tarea audaz y muy difícil de alcanzar, es un quehacer impostergable para orientar nuestra acción e impulsarla a cruzar la frontera que reta lo imposible para ingresarlo en el terreno de lo posible.



Para lograr el cambio de paradigma los candidatos se deben atrever a abordar temas polémicos, dejar la demagogia y el miedo a perder votos a un lado y mantenerse en sus principios.  Esto merece más respeto que actuar como una vela al viento. 



Nos despreciaron cual cenicientas, pero no llegó ningún Príncipe en su carruaje a “hacernos felices por el resto de la vida”.  Sólo llegó una mujer como nosotras.  Esto confirma mi opinión de que si las mujeres no participan de la vida pública y se convierten ellas mismas en instrumento para el cambio social, nadie lo va a hacer por ellas.  Debemos tomarlo como una lección: los príncipes azules se convierten en sapos cuando de poder se trata.  Por lo tanto, las mujeres no deben cejar en la defensa de sus derechos mediante luchas sociales, pronunciamientos, protestas y demostraciones de sororidad para con otras mujeres cuyos derechos han sido o están en peligro de ser violados.