Haydée Méndez Illueca, PhD
La violencia de hombres agresores hacia sus parejas
es un problema muy antiguo, que no ha podido ser erradicado en ningún lugar del
mundo. La violencia es
intergeneracional; la mayor parte de los agresores y víctimas han vivido el
maltrato y la violencia en su propio hogar y lo replican en su vida de
adultos. En Panamá como en los países
anglosajones y a nivel internacional, las leyes, protocolos y políticas han
tomado medidas preventivas y curativas en un esfuerzo por cortar el hilo
conductor que transmite la violencia o la sumisión de generación en generación
como una enfermedad.
Medidas curativas: En Panamá la Ley 82 de
2013 modifica el Código Penal y establece el tratamiento terapéutico
multidisciplinario, que consiste en un programa de intervención para
evaluación, intervención psicoeducativa, evaluación de eficacia y finalmente
seguimiento del programa, realizado por profesionales titulados, cualificados y
acreditados en ciencias del comportamiento, con la colaboración de trabajo
social y enfermería en salud mental para modificar las actitudes, creencias y
comportamientos de los agresores. Lamentablemente,
la ley no se ha cumplido a cabalidad y a la fecha el programa sólo se ha
realizado en ciertos centros de salud aislados del Ministerio de Salud, pero no
hay unificación ni un programa formal definido, así como tampoco una entidad
dentro del Ministerio ni lugares especiales para llevar a cabo el tratamiento.
Incluso en países donde se han invertido
suficientes fondos en programas formales de intervención psicoterapéutica
contra la violencia, hay poca evidencia de que el tratamiento logre erradicar
la reincidencia. El factor de mayor riesgo es la
exposición a la violencia dentro de la unidad doméstica en la niñez y
adolescencia. En conclusión, la
experiencia tanto en Panamá como en otros países nos indica que la efectividad
de las medidas curativas aplicadas a los agresores deja mucho que desear, ya
que es muy difícil cambiar la manera de pensar, de percibir y la forma
en que se reacciona. La experiencia de
otros países nos indica que la disuasión por certeza de castigo, la
erradicación de la impunidad y la pena de prisión para los agresores ha
funcionado mejor. Por
el contrario, el tratamiento psicoterapéutico de las víctimas por estrés
postraumático y síntomas de depresión de moderados a severos ha dado mejor
resultado que la intervención con agresores.
Mientras que en Panamá no tenemos estadísticas por
falta de seguimiento sobre la efectividad del tratamiento, en Estados Unidos
algunos estudios han arrojado una cifra de 5% de reducción de la violencia en
los agresores sometidos a tratamiento. Este
bajo porcentaje de éxito merece un análisis de costo-beneficio, tomando en
cuenta el costo del tratamiento y los efectos potenciales secundarios, versus
los beneficios en cuanto a prevenir femicidios y lesiones y reducir el riesgo
psicológico a las víctimas y menores expuestos a la violencia dentro de la
unidad doméstica. Una reducción de 5%
puede parecer insignificante, pero el tratamiento en casos de violencia
doméstica en los Estados Unidos podría significar que aproximadamente 42,000
mujeres por año dejarían de ser maltratadas.
Medidas preventivas: En Panamá la Ley 82 de
2013 contra la violencia hacia las mujeres establece una medida preventiva muy
eficaz entre las medidas cautelares personales que no se ha implementado
todavía, cual es la colocación de "localizadores electrónicos", mejor
conocidos como Brazaletes Electrónicos. Desde
que entró en vigencia la ley, los diferentes gobiernos han buscado diversas excusas
para no implementarla, desde la falta de presupuesto (la más usada) hasta una
serie de irregularidades que fueron reclamadas por las empresas y nunca fueron
contestadas por el MINSEG, según “La Crítica” del 28 de septiembre de 2015. La ley contra la violencia hacia las mujeres
es casi letra muerta o ley mártir, con infinidad de disposiciones que no se
cumplen o se cumplen a medias, con una suerte muy parecida a la Ley de Igualdad
de Oportunidades de 1999.
Felizmente, pudimos ver un rayo de luz
esperanzador, cuando el candidato presidencial Laurentino Cortizo prometió, en
una reunión con 10,000 mujeres, que implementaría los brazaletes
electrónicos. El 15 de abril de 2019
Fundagénero hizo entrega formal de un proyecto de sistema de implementaciones
tecnológicas para la prevención del delito y protección de víctimas en la
República de Panamá.
Este proyecto es una esperanza para las mujeres, ya
que se regularía la aplicación de estas medidas cautelares que, con el uso de
estaciones de monitoreo, lograrían que, por la geo-localización de víctimas y
ofensores, se evite que más mujeres mueran con una boleta de protección en la
mano.
(Publicado en abril en Facetas – La Estrella)
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