Haydée Méndez Illueca, Ph.D.
Abogada y defensora de Derechos Humanos
A mis manos cayó un libro sumamente
impactante de Kamila Ferreira, titulado España, la Tailandia Europea; Las
cloacas de la prostitución. Está
escrito en primera persona por una brasileña que fue prostituida por su propia
familia. Describe el infierno que es “el
sistema prostitucional”, como lo llama, desde adentro y cuenta la vergonzosa,
dura, cruda y cruel realidad de este sistema, que fue creado por y para los
hombres y da un motivo más para la abolición de la prostitución en el mundo.
La prostitución ha existido en
diferentes culturas desde tiempos inmemorables, pero no se limita solo a
aspectos económicos o morales, sino que también involucra cuestiones de
derechos humanos, libertad personal, y seguridad. En este contexto, es fundamental analizar cómo
las leyes y políticas públicas afectan la vida de las personas que ejercen la
prostitución, y cómo los derechos humanos pueden ser protegidos y promovidos en
este ámbito.
Cuando se examina la prostitución
desde la perspectiva de los derechos humanos, se debe considerar la protección
de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si bien en muchos países la prostitución no
está directamente prohibida, las personas que ejercen esta actividad a menudo
sufren estigmatización, violencia, explotación laboral y restricciones en el
acceso a servicios de salud o seguridad social, que entran en conflicto con la
protección de derechos fundamentales.
Uno de los mayores dilemas en el
debate sobre la prostitución es la cuestión del consentimiento. En algunos contextos, se argumenta que la
prostitución es una forma legítima de trabajo sexual, donde las personas pueden
elegir libremente participar y tener control sobre su cuerpo y sus decisiones. Este punto de vista sostiene que la
despenalización de la prostitución permite a las personas trabajadoras sexuales
acceder a derechos laborales, servicios de salud y protección legal, sin ser
criminalizadas.
Sin embargo, este enfoque es
cuestionado por quienes sostienen que muchas personas no entran en la
prostitución por libre elección, sino como resultado de coerción, pobreza o
explotación. En este sentido, la
prostitución puede ser vista como una forma de violencia de género, ya que
afecta principalmente a mujeres y personas transgénero, quienes, en muchos
casos, se ven atrapadas en un ciclo de violencia y explotación. En estos casos, las personas involucradas en
la prostitución a menudo se encuentran en situaciones en las que su
consentimiento no es genuino, sino resultado de factores estructurales como la
desigualdad social, la falta de acceso a la educación, discriminación, o
violencia doméstica.
Los tres modelos más relevantes
como enfoques legales en el ámbito de la prostitución son:
(1)
Despenalización, que se refiere a la eliminación de las leyes que
criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, pero no regulan de
manera explícita el trabajo sexual. La
prostitución es vista como una actividad legal que debe ser protegida por los
derechos laborales y la seguridad social. Países como Nueva Zelanda han adoptado este
modelo, buscando garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
sexuales, al tiempo que se eliminan las sanciones penales.
(2) Abolicionismo: busca erradicar la prostitución
a través de la penalización de los clientes y proxenetas, mientras se busca
proteger a las personas que ejercen la prostitución y son explotadas
sexualmente. Se considera que, al
desincentivar la demanda, la prostitución disminuirá. Se basa en la idea de que la prostitución es
una forma de violencia contra las mujeres y las personas vulnerables y debe ser
eliminada. Es el modelo de varios países
como Suecia. En Panamá se optó por este
modelo, al promulgar la Ley 79 de 2011 sobre trata de personas y actividades
conexas, que penaliza la compra de servicios sexuales, pero no la venta.
(3) Legalización: Alemania y Holanda han optado
por legalizar la prostitución, regulándola como una actividad económica, con
licencias para los burdeles y medidas de seguridad para las y los trabajadores
sexuales. Con esto se busca garantizar
los derechos laborales y mejorar las condiciones de seguridad y salud. Sin embargo, los críticos señalan que la
legalización puede fomentar el tráfico sexual y la explotación, ya que no
siempre aborda las causas subyacentes que llevan a las personas a ejercer la
prostitución, como la pobreza y la desigualdad.
La prostitución sigue siendo un
tema controvertido en muchas partes del mundo, pero es imperativo que los
países adopten políticas públicas de protección de los derechos humanos considerando
la realidad social, para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa,
garantizando la seguridad y dignidad de las y los trabajadores sexuales.
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