La prostitución es un tema que en
la actualidad ha generado controversia y debate en todo el mundo. Para algunos, es vista como una forma de
trabajo, mientras que para otros es considerada como una forma de
explotación. Este debate se ve
exacerbado por las diferentes posturas que adoptan los países en relación con
la regulación de la prostitución y la penalización de la explotación sexual.
En muchos países, la prostitución
es ilegal y se considera como una forma de explotación sexual. Estos países han optado por penalizar tanto a
los proxenetas como a los clientes que participan en transacciones sexuales,
mientras que a la persona prostituida se le considera una víctima. La lógica detrás de esta postura es que la
prostitución perpetúa la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres
y la trata de personas. Además, se
argumenta que la legalización de la prostitución podría llevar a un aumento en
la explotación de las personas más vulnerables, como las mujeres, niñas, niños
e infantes.
Panamá es uno
de los países donde se considera que la prostitución perpetúa la desigualdad de
género y es una forma de violencia contra las mujeres y los menores. La Ley 79 de 2011 sobre trata de personas y
actividades conexas crea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas
(CNTP), adscrita al Ministerio de Seguridad; y tiene como objetivo prevenir,
proteger y asistir a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas, así
como penalizar este delito y sus actividades conexas, fortaleciendo las políticas
y acciones del Estado frente a estos hechos punibles.
Esta ley innovadora establece que
la víctima sometida a prostitución no será detenida, acusada ni procesada por
haber entrado o residir de manera irregular en el país, ni por haber
participado en actividades ilícitas como víctima. Además, se contempla su atención e
indemnización por costos médicos, de transporte, o cualquier pérdida sufrida. El consentimiento dado por la víctima no
exime de la responsabilidad penal a los perpetradores.
Como “Actividades Conexas”, para
efectos de esta ley, se entiende el embarazo forzado, transportistas y
arrendatarios, poseedores y administradores de bienes muebles e inmuebles
relacionados con la trata, el tráfico, la tenencia y comercialización de
órganos, tejidos y fluidos humanos, así como los actos de pornografía y la
producción de materiales pornográficos.
La sanción por incurrir en este delito es 15 a 20 años de prisión. Si la víctima es menor de edad, es ejecutado
por medio de engaño o violencia, o cometido por pariente cercano o tutor, o por
un servidor público, la sanción es de 20 a 30 años de prisión.
El enfoque hacia la prostitución
varía según las diferencias culturales y sociales de cada país. Por ejemplo, en Alemania, Austria y los
Países Bajos la prostitución no sólo es legal, sino que está regulada y se
equipara con cualquier otro trabajo. En
vez de considerarlas víctimas de explotación o auto explotación sexual, las
personas en situación de prostitución tienen acceso a derechos laborales
básicos, como la protección laboral y la atención médica. Los defensores de esta postura argumentan que
la legalización y regulación de la prostitución pueden ayudar a proteger a estas
personas de la explotación y la violencia, así como a reducir el estigma
asociado con esta profesión.
Sin embargo, incluso en los países
donde se regula la prostitución, persisten la explotación y el abuso dentro de
la industria del sexo, ya que las leyes regulatorias no son lo suficientemente
estrictas para proteger a las/los trabajadores sexuales de los proxenetas y los
clientes abusivos y esto puede llevar a una mayor estigmatización de los y las trabajadoras
sexuales y a su exclusión social.
La globalización ha llevado a un
aumento en la migración y la trata de personas, lo que ha complicado aún más el
debate sobre la prostitución, ya que muchas más personas son víctimas de
tráfico humano y explotación. En muchos
casos, estas personas no tienen acceso a derechos laborales básicos y están
sujetas a abusos y violencia por parte de los proxenetas y los clientes.
En resumen, el debate sobre la
prostitución como trabajo versus explotación es complejo y multifacético, pero sólo
hay dos caminos: el de la abolición o el de la regulación, con un común
denominador que no podemos olvidar: la educación sexual, tan necesaria como
olvidada en nuestro país. Para abordar
estos problemas de manera efectiva, es imperante enfocarlos de manera
holística, para salvaguardar los derechos y la seguridad de las personas que se
dediquen por elección propia a esta actividad, al tiempo que se abordan las
causas subyacentes de la explotación sexual, como la desigualdad de género y la
pobreza.
Haydée Méndez Illueca, Ph.D
(Publicado en "La Estrella de Panamá" el domingo 23 de junio de 2024)
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