Haydée Méndez Illueca
Abogada
Un Estado laico garantiza la
libertad de creer en algo diferente a lo establecido y que exista una completa
separación entre gobierno e Iglesia; no privilegia a una iglesia determinada ni
se discrimina a ninguna religión ni a los no creyentes. Se basa en cuatro pilares: (1) la separación
de las esferas pública y religiosa; (2) la no discriminación; (3) el no
privilegio de ninguna religión; (4) libertad de creer o no creer.
Nuestra Constitución establece la
libre profesión de todas las religiones. Sin embargo, señala que toda religión debe respetar
la moral cristiana y el orden público.
Entiendo lo del orden público, pero no entiendo el propósito de decir
que se debe respetar la moral cristiana. Puede haber tantas morales como religiones; pero
moral no es lo mismo que religión. La
laicidad, entonces, está implícita, pero no es evidente de la propia lectura
del artículo ni en la realidad que vivimos, así como tampoco en su alcance ni en
el concepto de lo que es un Estado laico.
El Estado laico debe defender a
ultranza los valores constitucionales. Lo
religioso no ha desaparecido con la modernidad, ni tiene por qué hacerlo,
porque la creencia religiosa de las personas merece todo nuestro respeto, pero
el Estado tiene que garantizar con firmeza que los grupos ultra-religiosos no
sean los que definan los valores; que los funcionarios públicos no se valgan de
la religión a la hora de realizar sus tareas; ni que las personas que ocupan
cargos religiosos colonicen con sus dogmas y creencias las decisiones políticas
fundamentales de una sociedad que dice ser democrática, donde la legitimidad de
las decisiones debe venir del pueblo, nunca desde lo alto y mucho menos desde
el púlpito. En los actos de la
administración pública no debe haber una invocación religiosa y un presidente
no debe repartir rosarios cuando asume la presidencia. Tampoco se deben destinar fondos públicos para
remodelar iglesias católicas, en vez de destinarlos a obras en beneficio de
toda la comunidad.
La laicidad tiene, más que nada, efectos
sobre las políticas públicas. Por
ejemplo, tomemos la educación pública.
En las escuelas públicas no se debe enseñar religión ni debe haber símbolos
religiosos en los salones. En un Estado
laico los programas de estudio no están basados en dogmas religiosos, sino
orientados por criterios científicos y la razón crítica, además de enseñar
cívica, valores y ética. No se
adoctrina, se instruye y se forma. Si
los padres quieren inculcarles una religión determinada a sus hijos, deben hacerlo
en casa, respetando el derecho de sus hijos de aceptarla o no si así lo
deciden, cuando tengan uso de razón. Si
tienen los medios pueden matricularlos en una escuela privada que enseñe dicha
religión, pero en las escuelas privadas el Estado debe garantizar la no
discriminación contra los que no practican esa religión y la instrucción debe
orientarse por criterios científicos, no por el creacionismo u otras teorías
que podrían estar infundidas por algún dogma religioso.
Otro ejemplo de una política pública
que debe determinar el Estado laico es el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Los grupos ultra-religiosos consideran que es
pecado usar anticonceptivos. ¿Debería
esto determinar una política pública? El
delito y el pecado no deben confundirse.
Los pecados son faltas de índole religiosa o moral calificados por
determinada iglesia y valen sólo para los feligreses de esa religión, pero no son
un imperativo legal para el resto. No se
toman en cuenta prácticas sexuales no procreativas, sólo se habla de riesgo. La sexualidad no es solamente el embarazo,
sino también placer, amor, deseos, necesidades, respeto, negociación o no de
tener sexo. Si la persona es congruente
con sus creencias, debe abstenerse de hacer algo que reciba una censura moral
de su iglesia o comunidad, pero en ningún momento un castigo legal por lo que
su iglesia considera pecado. Las
prohibiciones deben ser las mínimas posibles.
Entonces ¿deberíamos confiar en que el nuestro es un Estado
laico? La laicidad nunca está asegurada
en los hechos y en la realidad. Es toda
una agenda que tiene que ver con normas, políticas públicas, convicciones de las
personas y reglas de convivencia.
Siempre estará acechada por el pensamiento mágico religioso, pulsiones,
tentaciones e intenciones por parte de actores muy poderosos, que tienen una
agenda anti-laica porque forma parte de su mandato y de su vocación colonizar
las esferas públicas con sus convicciones religiosas. Lamentablemente, tenemos que contestar que en la práctica, en Panamá no
se respeta el concepto de separación Iglesia y Estado, porque en un
Estado laico la persona decide; la sociedad respeta; el Estado garantiza; y la
iglesia no interviene.
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