Haydée Méndez Illueca, Ph.D.
Abogada, Escritora y Feminista
(Publicado el 19 de julio 2020 en La Estrella de Panamá)
Una de las mil caras de la violencia contra la mujer
es la trata de personas. El término
“trata de blancas”, utilizado a partir de las guerras mundiales, se refería a
las mujeres europeas de piel blanca que eran secuestradas o engañadas para ser
servidoras sexuales en redes de prostitución, para diferenciarlas de las
mujeres africanas e indígenas comercializadas como esclavas para todo uso.
El
término moderno es “trata de personas” y se refiere a un delito atroz que tiene
como finalidad la explotación de personas de cualquier raza y sexo---hombres,
mujeres, niños y niñas---en diversas actividades, una de la cuales es la
sexual. No es más que la compraventa de
seres humanos y uno de los delitos de lesa humanidad más vergonzosos que
existen.
Lastimosamente, este delito comenzó a
crecer a lo largo del tiempo como un negocio que, en la actualidad, genera
ganancias millonarias, en razón de la gran demanda. El comercio en la actualidad es no sólo de mujeres,
sino de cualquier hombre, mujer, niña, niño o adolescente, para cubrir la
demanda de los diferentes consumidores.
Los niños se venden a los pederastas, se usan para mendigar o para
extraerles órganos, que se venden en el mercado negro a precios altísimos. Los hombres, aunque en menor porcentaje, para
trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre o extracción de órganos. Pero sobre todo, la trata es la forma más
antigua de violencia en contra de mujeres y niñas, porque 80% de las víctimas
son mujeres y niñas; el 50% son menores de edad; el 75% se inició a los 13
años; y el 50% son analfabetas o de escuela primaria incompleta.
Las víctimas se
captan por engaño; abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, como edad,
pobreza o ignorancia; rapto; fuerza; o amenaza.
En el delito participan varios actores (además de la víctima, que es el
sujeto pasivo): la organización delictiva, que constituye
la oferta; el cliente, que constituye la demanda; el proxeneta, que es el lleva
a cabo el 99% de la explotación sexual; las personas que vigilan y cuidan “la
mercancía”; y en muchos casos, las
familias pobres que venden a sus hijas.
Las víctimas muchas veces desarrollan una relación de dependencia con sus
proxenetas (síndrome de Estocolmo), tienen baja autoestima y se vuelven adictas
a las drogas, porque los proxenetas muchas veces las mantienen drogadas para
controlarlas. Sin mencionar las enfermedades,
el riesgo de perder la vida a manos de un cliente, los traumas psicológicos y
la estigmatización.
Se han generado
movimientos que buscan cambiar la percepción de la mujer, creada con base en
estereotipos que han estado presentes a través del tiempo. No obstante, la lucha sigue en la actualidad,
forjando herramientas esenciales a través de la equidad para lograr igualdad
entre hombres y mujeres. En la última década, algunos organismos de las
Naciones Unidas, varios gobiernos, algunas ONG y algunas académicas han
promovido la política de que la prostitución es voluntaria y la trata sexual es
forzada. Sin embargo, la realidad es que la prostitución y la trata sexual son
habitualmente codependientes. En los
países que prohíben la trata pero despenalizan la industria del sexo, la
prostitución, la trata sexual, el sector sexual ilegal y la prostitución
infantil se expanden. Una de las ONG que
más ha luchado en contra de la despenalización de la prostitución es la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe, (CATWLAC por sus siglas en inglés).
En Panamá se
penaliza la prostitución y la trata mediante la Ley 79 de 2011, que fortalece
políticas y acciones de seguridad
y brinda protección y asistencia a las víctimas de todas las
modalidades de la trata, con especial atención a mujeres y menores. Es muy importante dar a conocer
esta ley, que penaliza a todos los actores y protege a la víctima, la cual no puede ser
detenida y su consentimiento no exime de pena a ninguno de los actores. Establece la Fiscalía Especializada contra la
Delincuencia Organizada dentro del Ministerio Público y la denuncia
obligatoria.
En estos tiempos de pandemia, aunque es cierto que se necesitan recursos
para combatir el virus, es
imperativo no bajar la guardia y destinar también recursos para la protección
de las víctimas, así como para capacitación en prevención a todos los niveles,
sobre todo de adolescentes y menores, haciendo énfasis en los factores de
riesgo que inciden en el delito, a saber, sobrevivencia, las redes del crimen organizado, abuso sexual o maltrato
en la infancia, adicciones o deudas, desconocimiento, adopciones ilegales y consumismo.
